Gaza, ya no bastan las palabras

Me permito iniciar esta reflexión con las palabras de Antonio Guterres en la sesión del Consejo de Seguridad del 24/10/2023 refiriéndose al pueblo palestino:“Han visto su tierra fuertemente devorada por asentamientos y  con una plaga de violencia”.

Exponemos, sintéticamente, datos, por supuesto provisionales, que estimamos muy expresivos de la actual situación de Gaza. 

Mil niños/as, a causa de los bombardeos israelitas, sufrieron amputación de una o ambas piernas. Y hubo médicos que los asistieron sin anestesia y hasta fuera de los hospitales.(Unicef).

Aproximadamente 41.100  palestinos han sido asesinados.

Más de 94.800 personas han sido lesionadas de mayor o menor gravedad, mayoritariamente mujeres y niños/as.

471 ciudadanos palestinos fueron asesinados en el Hospital Al Alhi Arab en octubre de 2023.

Y una continua destrucción de viviendas, hospitales, escuelas… y permanente ausencia de ayuda humanitaria.

Todo ello expresa, según el Tratado de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI,1998), “atrocidades que desafían la imaginación  y conmueven profundamente la conciencia de la Humanidad”.

Las respuestas de los Gobiernos europeos y de la UE, con muy limitadas excepciones, es conocida, silencio más que reprochable por falta de solidaridad con el pueblo palestino y de respeto a los Tratados Internacionales.

Antecedentes históricos de la invasión actual de la Franja de Gaza (ocupada desde 1967): Seis grandes ofensivas (2008 a 2023). Resultado: la muerte de 5.356 palestinos, entre ellos: 1.205 niños/as más destrucción de propiedades, ataques a ciudadanos civiles, imposición de duras condiciones de vidas…. ¿hasta la inanición? La respuesta de los Gobiernos democráticos de Europa fue, como siempre, más que insatisfactoria.

En este contexto, deben situarse los discursos de Netanyahu: “Batalla de la civilización contra la barbarie” y del presidente Herzog: “Hay que luchar hasta romperles el espinazo”.

Toda una patente expresión del sufrimiento impuesto arbitrariamente y por la fuerza de las armas  al pueblo palestino. Atrocidades descritas sin excepción en los delitos contemplados en el Tratado de Roma y, hasta ahora, completamente impunes.

Los de genocidio: “Matanza de miembros del grupo”, “Lesión grave a la integridad física y mental”, “Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

O, dentro de los delitos de lesa humanidad –menos conocidos, pero igualmente lesivos– se encuentran las conductas que son “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, imponiendo un riguroso régimen de “apartheid”. 

 Además de la “tortura”, la “persecución de un grupo o colectividad fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género”, u otros motivos “universalmente reconocidos como  inaceptables”, la “privación del acceso a alimentos o medicinas”, los “actos inhumanos que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física” (como las “mutilaciones” citadas) o la salud mental o física“.

Conductas, todas ellas, más que acreditadas y probadas, por la agresión militar israelí y que continúan cometiéndose ante la pasividad de la comunidad internacional.

Y, hasta ahora, solo ha habido una respuesta que aborde la  situación que soporta el pueblo palestino, la denuncia del Estado de Sudáfrica (29/12/2923). Su representante ante la Corte de La Haya, se expresó así: la “retorica genocida de Israel, cuyos funcionarios llaman a los palestinos ”animales humanos“, además de referirse a ”la destrucción de infraestructuras civiles, el desplazamiento forzoso de poblaciones y detención de decenas de hombres que fueron desnudados y transportados a un lugar desconocido y el proceso de las poblaciones a la inanición“.

Ante dicha denuncia, la CPI se pronunció el 26/1/2024, diciendo que había “una base plausible para creer que Israel puede haber estado cometiendo delito de genocidio”.Declaración importante pero, hoy por hoy, absolutamente carente de eficacia. En parte, porque la CPI no ordenó a Israel que detuviera las operaciones militares y, en todo caso, carecía de medios para hacer cumplir sus decisiones. Ello sin perjuicio de que declarase “ilegal” la presencia de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados  que, por tanto, debían ser inmediatamente abandonados. Es cierto que el fiscal de la Corte, Karim Khan, el pasado 9 de septiembre solicitó la detención de Netanyahu y del ministro de Defensa, Gallant, y lo razonó así:“Las órdenes de arresto son necesarias para garantizar que no obstruyan o pongan en peligro la investigación e impedir la comisión continua de los crímenes alegados (debe entenderse por Sudáfrica) y/o la comisión de otros crímenes del Estatuto de Roma”. Ciertamente, considero más que problemática dicha detención dada la protección que la comunidad internacional –con escasas  excepciones– otorga a dichos responsables de gravísimos crímenes de guerra. 

Y, en cuanto al Gobierno español, admitiendo el valor del reconocimiento del Estado palestino, de haberse sumado al proceso promovido por Sudáfrica y de mostrar su apoyo a un alto el fuego, ante esta dramática realidad, la respuesta es insuficiente. Es cierto que el presidente del Gobierno recientemente ha dicho: “Sin armas no hay guerra”. Evidentemente, pero estamos muy lejos de ello. Mientras,  sugiero la inmediata necesidad de  conocer, revelar y poner fin a la financiación por las entidades bancarias –incluidas las españolas– de empresas  fabricantes de armas destinadas a Israel, además de  la ruptura de relaciones diplomáticas con un Estado genocida.

Y, finalmente, considero necesario plantear, coincidiendo con un amplio movimiento social europeo constituido por 226 organizaciones sindicales y sociales, que la UE se plantee suspender el Acuerdo comercial con Israel del 2000, cuyo art.2 exige a ambas partes “el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos”. Así lo expresó un fundado escrito de aquellas organizaciones el 13/3/2024, dirigido a la presidenta Ursula von der Leyen y a otros altos representantes de la UE, expresando que dicha exigencia “es un elemento esencial del presente Acuerdo”. Exigencia manifiesta y reiteradamente incumplida por los responsables de la UE, mientras Israel, desde la más completa ilegalidad, continúa beneficiándose , injustamente, de las relaciones comerciales y económicas con Europa.

Todo ello expresa que la actitud belicista y cruel del Estado de Israel es, en buena parte, consecuencia de la pasividad y/o complicidad de la comunidad internacional.