A menudo se asocia la represión salarial con las políticas de ajuste presupuestario y con la búsqueda de posiciones competitivas en el mercado internacional. Esa asociación es, sin duda, correcta. La pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios y la degradación de las condiciones de trabajo tiene mucho que ver con esas políticas, aplicadas en los años de crisis. Propongo al lector, no obstante, trascender la coyuntura de la Gran Recesión para situar la reflexión en la impronta globalizadora de las últimas décadas.
Ese horizonte temporal más amplio permite dar cuenta de un cambio trascendental en la configuración de la economía global: el formidable crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo. Desde esta perspectiva, la existencia de relativamente altos niveles de desempleo en periodos de auge económico apunta a un desequilibrio sistémico: el capitalismo no crea empleos suficientes para absorber la oferta de los que quieren trabajar (por no hablar de la cada vez más baja calidad de los mismos). Existía, pues, un desequilibrio oferta-demanda que la globalización de los mercados ha acentuado.
Entre los factores que explican el aumento de la cantidad de trabajo disponible en el mercado internacional cabe señalar el desmoronamiento del orden comunista y su integración en el universo capitalista, la creciente inserción externa de los capitalismos periféricos, la persistencia de la pobreza, la proliferación de conflictos civiles y militares y las consecuencias del cambio climático.
Como consecuencia de todo ello se han intensificado las corrientes migratorias y las exportaciones procedentes de esos territorios, que también han recibido un porcentaje asimismo creciente de las inversiones extranjeras directas. De este modo, una oleada de fuerza de trabajo localizada en las periferias ha entrado en los circuitos económicos globales; en proporciones mucho mayores que las conocidas hasta ahora.
No se trata sólo de que los salarios de estos trabajadores sean, por lo general, muy inferiores a los de las economías desarrolladas. Más trascendental todavía es que el capital transnacional está en condiciones de aprovechar estas diferencias y de esta manera acentuar la competencia salarial a escala global.
No hay que olvidar, en este sentido, que este escenario se ha abierto camino en un contexto muy desfavorable para el mundo del trabajo. La lógica de la competitividad –esto es, orientar la política económica a conquistar parcelas crecientes del mercado internacional- ha estado en el centro de las agendas de los gobiernos y de las organizaciones internacionales. Y lo más importante, se ha dado por buena la idea-fuerza de que es necesario contener los salarios para mantener y reforzar las posiciones competitivas.
Competir a través de los salarios en un espacio global caracterizado por la baja densidad institucional, pues también forma parte de la lógica dominante que el buen funcionamiento de los mercados –y la garantía de que el proceso globalizador sea un juego de suma positiva donde todos ganen- dependía de la eliminación de trabas e injerencias administrativas. Más aun, las instituciones debían impulsar las dinámicas internacionalizadoras; y, en su caso, exigir a los países díscolos que sigan esa hoja de ruta. Así pues, la globalización ha puesto a los trabajadores a competir globalmente, en un contexto donde las instituciones han sido capturadas por las élites y donde se ha producido un drástico cambio de las relaciones de poder en beneficio del capital corporativo.
La pugna entre todos los países por atraer inversiones extranjeras directas o por integrarse en las cadenas globales de creación de valor ha reforzado la capacidad de presión y negociación del capital transnacional para hacer valer los intereses corporativos; no sólo ante los gobiernos, sino también ante los trabajadores.
Al respecto, resultan muy ilustrativas y bien conocidas las amenazas, nada sutiles, de cierre y deslocalización de las plantas o líneas de producción para imponer a los sindicatos la aceptación de rebajas en los salarios y cambios en las condiciones de trabajo. En paralelo, dentro de la transnacional, entre las subsidiarias y las plantas del grupo corporativo, los trabajadores y sus representantes se han visto atrapados –o han participado voluntariamente- en esta carrera competitiva, colaborando con la dirección para conseguir más carga de trabajo y así defender su empleo.
La imposición de una lógica donde los salarios compiten con los salarios y los trabajadores con los trabajadores explica, en buena medida, que los mayores beneficios de los procesos globalizadores hayan ido a parar a las grandes corporaciones y a los ejecutivos y principales accionistas de estas firmas, los rentistas, las compañías auditoras, los analistas y asesores financieros, las empresas de consultoría, los grandes bufetes de abogados y los bancos.
De los comentarios anteriores se extraen sendas conclusiones sobre las que, en mi opinión, conviene reflexionar y dotarlas de contenido. La primera es la necesidad de proceder a un rediseño de las instituciones globales orientado a proteger los derechos sindicales y ciudadanos y a reequilibrar las relaciones de poder a escala global. La segunda apunta en la dirección de una reconsideración de los beneficios y los costes asociados a las estrategias competitivas y de la centralidad que en las mismas tienen las políticas de moderación salarial.