Tenemos un gobierno que otorga premios de tapadillo
Que el Estado distinga con premios a personas que han destacado por su labor en favor de sus instituciones o en defensa de sus valores es una tradición antigua y muy extendida, tanto en España como en otros países del mundo. Cuando un reconocimiento de estas características no conlleva una dotación económica ni ningún otro tipo de beneficio material, el objetivo de entregarlo, y la satisfacción de recibirlo, reside precisamente en visibilizar públicamente los méritos del premiado. Este se convierte en un símbolo de ejemplaridad para el conjunto de la sociedad.
¿Se imaginan que alguien ganase un Goya que nunca se publicitase? ¿Que ningún espectador supiese nunca que ese profesional del cine lo ha recibido? ¿Qué sentido tendría entonces este galardón? Esto es lo que sucede con algunos de los comisarios honorarios no pertenecientes al Cuerpo nombrados por la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior. El Cuerpo de Policía Nacional otorga esta condición a aquellas personas que “se hayan distinguido (cita la ley) por los méritos contraídos en virtud de la labor realizada a favor del mismo”.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó una resolución a favor de la solicitud que Hay Derecho realizó para conocer la identidad de los comisarios honorarios nombrados en la X legislatura, con Jorge Fernández Díaz al frente de la cartera de Interior. Incumpliendo esta resolución, el Ministerio sólo nos ha facilitado cuatro de los siete nombres alegando que dar a conocer los tres restantes atenta contra su intimidad y puede incluso provocarles ansiedad. No es que lo hayan dicho ellos (dos no han contestado), es que así lo considera el propio Ministerio.
Esta respuesta tan peculiar del Ministerio pone de manifiesto dos cosas: en primer lugar, las importantes carencias de nuestra Ley de Transparencia. Entre ellas, la falta de capacidad sancionadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Estamos, como sucede tantas veces en nuestro país, ante un organismo público independiente, cuya labor está siendo muy meritoria, que debe garantizar un derecho de todos los ciudadanos, como es el de acceso a la información pública, al que no se ha dotado de suficientes herramientas normativas (ni de las otras) para hacer cumplir sus propias resoluciones. El problema es mayor cuando es la propia Administración la que incumple las leyes que le resultan molestas. La realidad es que hay una resistencia numantina a la verdadera transparencia, que es la que molesta.
En segundo lugar, no deja de ser extraño un Ministerio del Interior que parece avergonzarse de las distinciones que otorga y que cree causar con su publicidad un perjuicio a sus destinatarios. Es más: cree que el hecho de que todos los ciudadanos conozcamos qué persona merece, en su opinión, ser nombrada comisario honorario puede atentar contra la seguridad del honrado y producirle “perturbaciones y desasosiegos” (como cita textualmente en la respuesta a nuestra solicitud). Cuando en un Estado clientelar como el nuestro los reconocimientos se entregan de tapadillo, entre amigos, y es mejor no divulgarlos, probablemente significa que los criterios con los que se han adjudicado no eran los más adecuados o por lo menos los que la mayor parte de la ciudadanía compartiría.
En la Fundación Hay Derecho creemos que merecemos un país donde los ciudadanos nos sintamos orgullosos de las distinciones que las instituciones otorgan en nuestro nombre. Entonces también estaremos orgullosos de recibirlas, porque se darán de conformidad con el principio del mérito y no por enchufismo. Hay quien nos ha acusado de que conocer o no la identidad de estas tres personas es poco relevante e insistir en ello genera trámites con un coste económico para la administración. Sin embargo, entendemos que los costes reales para la ciudadanía de no conocer esta, y tantas otras cuestiones, son un Estado acomplejado y una democracia mermada por la arbitrariedad y el servilismo.
El tiempo de la opacidad institucional, el clientelismo y la “política de amiguetes” sin rendir cuentas a la sociedad ha de llegar a su fin. Aunque este caso parezca anecdótico, es un claro síntoma de una cultura política con la que debemos terminar si queremos convertirnos de una vez en una sociedad moderna. Si facilitar esta información supone un problema, figúrense qué sucederá con otros asuntos de mayor calado. Seguiremos intentando que nos faciliten los tres nombres porque, como decía Burke, el mayor error lo comete quien no hace nada porque sólo puede hacer un poco.
