Como mucha gente miente cuando le preguntan por su intención de voto, los sociólogos se tienen que buscar las vueltas para averiguar a qué partido vota cada encuestado. Uno de los trucos habituales es buscar “ideologemas” que compartan los votantes de un partido y no los del resto. Y hay uno que no falla nunca: “¿Está usted de acuerdo con que todos los políticos son iguales?”. Cuando la respuesta es un sí rotunto, sabemos con certeza que nos encontramos ante un votante del Partido Popular (haya dicho lo que haya dicho sobre su intención de voto).
Algo parecido ocurre con el asunto de la guerra civil. Como es imposible defender en voz alta el golpe de Estado, la brutal represión y la instauración de un sistema teocrático durante 40 años, el refugio de los nostálgicos (conscientes o inconscientes) es una equidistancia impostada entre todos los bandos.
Uno de los argumentos favoritos de estos nacional-católicos de incógnito es sostener que los dos bandos cometieron atrocidades, argumento peregrino que consiste en pasar por alto algo muy elemental: cuando las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad se rebelan contra el Gobierno, el Gobierno se queda sin ninguna herramienta con la que garantizar el orden público y, por lo tanto, es previsible que se cometan atrocidades. Pero no son comparables las atrocidades que cometen los cuerpos armados rebeldes y las que no puede evitar el Gobierno legítimo precisamente por carecer de cuerpos armados.
Otra perla en la misma dirección es la que trata de presentar a todos como “igualmente radicales”. El programa reformista con el que el Frente Popular ganó las elecciones en 1936 le parecía radical a la oligarquía, a un ejército del siglo XIX, a los caciques locales y a la Iglesia Católica (con un voto cautivo organizado en partidos que se reconocían en el fascismo italiano y el nazismo alemán).
Sin embargo, basta mirar ese programa electoral a la luz de la Constitución del 78 (no la de los Soviets) para descubrir que (bendito progreso) todo lo que se defendía forma hoy parte del más elemental sentido común: cierta separación entre la Iglesia y el Estado, una tímida mejora de la justicia social, la instauración de un sistema educativo que no fuera una mera catequesis nacional, un pequeño brote de emancipación de las mujeres y el reconocimiento de un margen de autonomía para las nacionalidades históricas. Sólo desde posiciones pre-constitucionales puede parecer “demasiado radical” el programa del Frente Popular.
El libro que acaban de publicar Carlos Fernández Liria y Silvia Casado Arenas, con ilustraciones de David Ouro (¿Qué fue la guerra civil? Nuestra historia explicada a los jóvenes), viene a poner un poco de orden en este asunto. Planteado como una respuesta al libro de Pérez Reverte, muestra hasta qué punto es disparatado pretender que la justicia se halla en el punto medio entre las víctimas y los verdugos.
Y ni siquiera es necesario contar mentiras para construir un relato radicalmente injusto: basta seleccionar ciertos datos y esconder otros; basta pasar por alto las cuestiones esenciales que Carlos Fernández Liria y Silvia Casado Arenas ponen de manifiesto en este libro escrito para jóvenes y adolescentes: el papel de la Iglesia, la posición de los y las intelectuales, la intervención de Hitler y Mussolini frente a la pasividad cobarde de las democracias occidentales, la política cultural de ambos bandos, la lucha feminista frente al ideal femenino del franquismo, y, por supuesto, el problema de fondo: esa ley de hierro que ha gobernado todo el siglo XX según la cual se ha reconocido a las fuerzas de izquierdas el derecho a presentarse a las elecciones, pero no a ganarlas; pues cada vez que una fuerza de izquierdas ha estado en condiciones de amenazar los intereses de los dueños del poder real, no ha tardado en producirse un golpe de Estado que ha dado al traste con el orden constitucional completo. El caso de España en 1936 fue paradigmático y conviene que no se nos olvide. Por dignidad y por no perder el hilo histórico de esa España de la que sí podemos sentirnos orgullosos.