La decisión de la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional de inadmitir el recurso de amparo de Carles Puigdemont contra la orden de detención del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena será anulada con toda probabilidad después del verano, pero resulta un paso significativo en la batalla que la derecha judicial libra contra el poder legítimo del Estado desde hace años. Una lawfare en la que el Partido Judicial –valga la expresión–se ha atribuido el papel de enemigo del independentismo, al observar quizá que el partido político que estaría llamado a hacerlo (el Partido Popular, ahora aliado con Vox) no tiene armas o carácter suficiente. El momento elegido para contestar las posibles alianzas de los partidos políticos elegidos libremente por los ciudadanos el pasado 23J resulta por ello sumamente significativo en esta lawfare que dura años.
Los sucesos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, cuya gravedad política nadie pone en duda, ya que se trató de una iniciativa manifiestamente inconstitucional, fueron contestados por el Partido Judicial de inmediato, imputando a los líderes independentistas un delito de rebelión a cuya verificación le faltaba nada más y nada menos que una violencia subversiva detonante de la independencia, elemento esencial de ese delito. Ese dato fue pasado deliberadamente por alto por el Juez Llarena en su función de instructor/inquisidor, con el aplauso del Tribunal –erigido entonces en auténtica comisión ejecutiva del Partido Judicial–, porque permitía el encarcelamiento de esos líderes, algo que no habría sido posible con otra imputación. Pieza clave de ese relato era la función de fuerza armada “sospechosa” atribuida a los Mossos d’Esquadra dirigidos por Trapero, cuyo papel pacificador en aquellas jornadas fue percibido como complicidad frente al mucho más agresivo y violento de las Fuerzas de Seguridad del Estado enviadas a Cataluña al grito popular de “¡a por ellos!”, repudiable exclamación sobre la que nadie ha pedido perdón. Los Mossos fueron considerados por Llarena como la “fuerza armada” de la que disponían los independentistas para luchar contra el Ejército español. Del delirio se había pasado a la infamia.
Aquel encarcelamiento representó una utilización política espuria y antidemocrática del Derecho penal, útil para los intereses del Partido Judicial. La propia Sentencia del Tribunal Supremo de 2019 tuvo que negar que hubiera existido rebelión –contra la vehemente postura de la Fiscalía y y de la acusación de Vox– y echó mano de una figura arrumbada en el baúl de los delitos manifiestamente derogables: la sedición, sin uso apenas, pero tan ambigua y con tal elevadas penas que se consideró útil para encarcelar “por A o por B” a los líderes independentistas, representantes de la “anti España”, pese a tratarse de una Sentencia manipuladora y jurídicamente inconsistente.
Cuando la Audiencia Nacional juzgó a Trapero como jefe de los Mossos, acusado de ser cooperador de la sedición independentista, la magistrada Concepción Espejel formaba parte de la Sala junto a Ramón Sáez (ponente) y Francisco Vieira. El Tribunal consideró que no había elemento incriminatorio alguno, resultado de la prueba, que revelase un acuerdo entre los acusados para constituirse en instrumento del proceso independentista y poner el aparato policial dependiente de la Generalitat a su servicio. Resultado: absolución. Nuevo relato del Partido Judicial que cayó derrotado por falta de consistencia jurídica, aunque sí lograse desviar la atención sobre la pésima actuación policial en Cataluña, algo que sus responsables políticos –Zoido y Rajoy– ni siquiera se atrevieron a defender en las sesiones del juicio. Pero la magistrada Espejel tenía que salir en defensa de esa versión derrotada y apoyar las tesis del Partido Judicial redactando un voto particular de ¡500 páginas! contra la absolución. Aquella derrota debió de sentar muy mal y es ahora, como magistrada del Tribunal Constitucional integrante de la Sala de Vacaciones, cuando se cobra su pírrica victoria en esta interminable lawfare en un momento políticamente inestable porque están labrándose las alianzas tras el 23J. Demostrando con ello que se quiere intervenir para evitar que la “anti España” forme parte del apoyo a la coalición gobernante, por mucho que los millones de votantes de izquierda representamos el poder legítimo del Estado español, cuyos parámetros democráticos establece la Constitución y no un grupo de magistrados conservadores, defensores de la “gente de bien” y de esa eterna facción de nuestro país que considera al Estado como su propia finca de caza de “antiespañoles”.
Conviene ser conscientes de esta realidad ahora que comienza a hablarse de una posible amnistía que sirva para situar al Derecho penal extramuros de la concertación política, eliminando las causas abiertas contra manifestantes y policías por aquellos sucesos reactivos a la Sentencia del Procés. De amnistía no habla la Constitución y nadie debería poner en su boca lo que no dice. Diferentes artículos de especialistas ya han demostrado que una amnistía es posible si existe voluntad democrática para ello, por mucho que lo nieguen los sedicentes demiurgos del Derecho penal, que lo están utilizando a su antojo –y con frecuencia sin ningún rigor– para intervenir políticamente en España.