La profesora de economía, Catedrática del University College de Londres, Mariana Mazzucato, destaca en su libro El valor de las cosas. Quien produce y quien gana en la economía global un dato revelador; y es que el PIB de Estados Unidos se triplicó, en datos constantes, el tamaño de la economía ajustado por la inflación, en el periodo que transcurre entre 1975 y 2017. Sin embargo, en ese mismo periodo los sueldos de los trabajadores estadounidenses se mantuvieron estancados, incluso disminuyeron, a pesar de que la productividad había crecido alrededor de un 60 por ciento . La conclusión de estos datos llevaba a la afamada economista a señalar que sólo una pequeña élite se había apoderado de las ganancias de una economía en expansión.
En España , en este segundo extraño verano COVID , asistimos esperanzados a lo que parece que es la senda de la recuperación económica . Según los datos conocidos en la última semana, el PIB creció en el último trimestre, de abril a junio de 2021, un 2,8 %, - un 19,8 % en términos anuales-. En los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística ya hay 40 sectores sobre un total de 78, en los que se ha recuperado el empleo anterior a la crisis sanitaria , incluso algunos están mejor , con lo que una parte importante de nuestro sector productivo funciona casi con absoluta normalidad. Las cuentas de las empresas cotizadas españolas sumaron en el periodo de enero a junio de 2021, unos beneficios de 30.304 millones de euros , y los miembros de los consejos de administración de las compañías del IBEX 35 ganaron, en su conjunto y para el referido periodo, 123,5 millones de euros, lo que supone, prácticamente, mantener las retribuciones del mismo semestre de 2020. Este clima de optimismo generalizado es compartido por los organismos económicos internacionales que auguran a la economía española un crecimiento del entorno al 6% anual para el próximo bienio.
Frente a estos datos de clara recuperación económica, al menos en lo que afecta a la élite que señala la profesora Mazzucato, la encuesta de condiciones de vida publicadas por el INE este 15 de julio muestra un empeoramiento en los indicadores de pobreza y exclusión social, elevando la tasa de población en claro riesgo hasta el 26,4 % del total. La citada encuesta señala que el número de hogares que no llega a fin de mes está en un 10% , y hasta un 35,4 % de las familias no puede hacer frente a un gasto imprevisto. Por último, la remuneración anual por trabajador sufrió un retroceso del 2,6% en el último periodo, lo que no deja de ser llamativo teniendo en cuenta la evolución de los sueldos de los consejos de administración y la recuperación de los beneficios empresariales. Quizá haya llegado, también , la hora de actualizar salarios, empezando por los más bajos .
En los últimos años han abogado por incrementar el SMI varios organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. La propia Comisión Europea ha publicado una propuesta de directiva en favor de adecuar la cuantía de los salarios mínimos en los Estados miembros al coste de vida en cada uno de ellos y facilitar un acceso más generalizado de los trabajadores a los mismos.
La Carta Social Europea reconoce en su art.4, el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida digno. Asimismo, la Carta prevé un sistema de verificación de su cumplimiento por los estados signatarios a través de su Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Este ha fijado criterios con el objetivo de constatar si el salario mínimo asegura un nivel de vida digno y ha determinado que para cumplir con lo establecido en el art. 4, su importe no debe de quedar por debajo del 60 por ciento del salario medio de un trabajador a tiempo completo.
Nuestro país , incumpliendo desde hace muchos años la referencia del 60% , ha mantenido a los perceptores de esta renta laboral básica por debajo de un nivel de ingresos razonable, conservando un salario mínimo insuficiente, en términos europeos de dignidad, lo que no es sostenible ni social ni económicamente.
Atajar esa anomalía es el objetivo que obligatoriamente tenemos que cumplir al final de esta legislatura. Así lo ha trasladado el gobierno de España a las autoridades europeas en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia – componente 23- ; así fue ratificado en el punto 1.4 del acuerdo de gobierno de coalición progresista, y así incluso figura , como compromiso , en el programa marco elaborado para el próximo congreso federal del PSOE- párrafo 202-.
No es comprensible que a estas alturas de 2021 estemos sin subida del SMI. La Comisión de expertos del Ministerio de Trabajo recomienda para este 2021, una subida del 1,3%, lo que supone un aumento entre 12 y 19 euros al mes de la actual cuantía de 950 euros. Tal propuesta, que podría tener sentido si España hubiera acometido la subida del SMI junto a los otros 18 países europeos que si lo hicieron, se está tornado claramente insuficiente si tenemos en cuenta los datos de la inflación que, al marcar un incremento del 2,9% anual este mes de julio, ha supuesto que en la práctica el SMI español no sólo no haya subido, sino que se ha devaluado notablemente.
De un total de 22 países europeos que fijan el salario mínimo interprofesional, optaron por incrementarlo un numero de 18, entre los que se encuentran Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Irlanda o el Reino Unido, con una subida media del 3%. Una cifra bastante atinada a la vista del IPC de julio. Sólo cuatro Estados, nuestro país más Bélgica, Estonia y Grecia, optaron por no realizar actualización alguna en el mes de enero de este año, congelando el salario Mínimo Interprofesional de sus trabajadores. En valores absolutos , el importe del SMI en Alemania es de 1610 euros; de 1555 en Francia; de 1.685 en los Países Bajos; de 1724 en Irlanda o de 1765 en el Reino Unido. Incluso nuestra compañera de hibernación , Bélgica, mantiene el valor del SMI en 1626 euros. Todos ellos muy por encima de los importes españoles.
Parece que , una vez más, en materia salarial España se pone en la cola de Europa y no sólo no se actualiza el SMI, sino que este, por el impacto de la inflación, se está devaluando. Urge recuperar los salarios de las personas trabajadoras con menor poder de compra.
Mantener el poder adquisitivo de los asalariados peor pagados será, también, un reconocimiento a las personas trabajadoras que han sido esenciales para luchar contra la COVID 19, cuyos empleos están ocupados, en una gran parte, por trabajos de baja remuneración. Mantener el poder adquisitivo de las personas asalariadas peor pagadas se torna en una exigencia de justicia social, al mismo tiempo que servirá para estabilizar el consumo de las familias y los hogares. La subida del SMI en términos de dignidad y suficiencia, - que, por otra parte, es lo que nos exige la Carta Social Europea -, afectaría a 1.570.000 personas trabajadoras lo que supondría , además, el aumento de la masa salarial , lo que tiene ,obviamente, incidencia en la reactivación del mercado interior , tan necesario en este momento de semiparalización del turismo extranjero, y, por ende, para la creación y mantenimiento del empleo.
Aumentar los salarios, tiene , además, dos consecuencias que afectan de forma directa a las pensiones públicas y que tienen que ver con la financiación y sostenimiento del propio sistema público y sobre el importe de las futuras percepciones . Si sube el SMI , si suben los salarios, se incrementan las cotizaciones por lo que se robustece la caja de la seguridad social. Si sube el SMI y por lo tanto se incrementan las bases reguladoras de las futuras pensiones de jubilación , se está invirtiendo en suficiencia y dignidad para los actuales cotizantes , futuros pensionistas.
Aprobar la asignatura de la justicia social no puede esperar al examen de septiembre.