La ideología de los presos catalanes
El movimiento independentista catalán está poniendo a prueba la solidez del sistema democrático español. Y, por ahora, nuestra democracia está quedando muy malparada. El Gobierno, los jueces y la estructura del Estado no parecen llevar bien que el sistema constitucional de 1978 sea garantista de los derechos de todos; incluso de quienes desde dentro del propio sistema aspiran a modificar el modelo territorial.
La tolerancia de nuestro sistema de libertades no es compartida por quienes tienen que aplicarlo y asegurarlo. De pronto tenemos que ver cómo se desarrolla una aplicación del art. 155 de la Constitución manifiestamente inconstitucional que acaba con el concepto mismo de autonomía; los jueces pierden su neutralidad y dictan o retiran órdenes europeas contra personas acusadas de graves delitos según sea su conveniencia política; el propio Tribunal Constitucional se salta las normas que lo encuadran y dicta resoluciones que no puede dictar, guiado por el afán de evitar determinadas consecuencias políticas… Toda una serie de disparates constitucionales que sólo pueden explicarse si lo que se está defendiendo no es la Constitución y la democracia sino tan sólo la unidad de España.
En este panorama -especialmente desolador para quienes no apoyamos la independencia de Cataluña pero sí la vigencia del sistema democrático de libertades- destaca la discusión acerca de si en España hay presos políticos. Pese a su enorme valor simbólico, es una discusión inútil. No está claro qué es un preso político y según el concepto que se use se puede concluir tanto que no los hay, como que lleva años habiéndolos. Cuando un grupo de personas desobedece a la policía para parar un desahucio, están haciendo política, aunque puedan ir a la cárcel por ello. Así sucedió hace décadas con los insumisos al servicio militar, muchos de los cuales pasaron largas temporadas en prisión. Siempre ha habido presos que se consideran políticos y jueces que los encarcelan porque han cometido un delito.
Así que no merece la pena hablar de presos políticos si lo que se quiere es denunciar una situación objetivamente contraria a los derechos fundamentales. Porque lo que sí resulta del todo antidemocrático y contrario al sistema democrático de libertades es que nadie resulte privado de libertad exclusivamente por su ideología. No por sus hechos, sino por sus ideas. Y eso es precisamente lo que está pasando en estos momentos con algunos dirigentes independentistas catalanes.
Empezamos a sospecharlo cuando la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión de todos los consejeros cesados del gobierno catalán menos del único que se había desmarcado políticamente de la declaración de independencia. Tuvimos más indicios cuando a la presidenta del parlamento catalán y a otros el Tribunal Supremo les exigió una declaración de que no compartían las ideas independentistas unilaterales para dejarlos salir de prisión. Pero si alguien tenía alguna duda, el Auto que acaba de dictar el Tribunal Supremo sobre la libertad del ex-consejero Forn las disipa todas.
Joaquín Forn está –como los demás- en prisión provisional, en espera de juicio. Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, la prisión provisional no puede usarse como castigo ni como modo de presión a un sospechoso. Sólo puede dictarse si hay riesgo evidente de fuga, de que destruya pruebas o de que vaya a volver a cometer el delito. En ningún caso más. Por eso, el señor Forn solicitó que se le pusiera en libertad, especialmente ahora que ha renunciado a su acta de diputado y nadie puede pensar siquiera que pueda volver a participar en un delito de rebelión como el que se le imputa. El Tribunal Supremo, en una decisión del juez Pablo Llarena, decide que debe continuar en prisión y lo justifica en que el investigado mantiene su ideario soberanista. Esa ideología, en un contexto en el que aún hay quien defiende la independencia de Cataluña, permite al juez apreciar que puede reiterar su delito mientras en Cataluña haya una mayoría soberanista.
Así, independientemente de cómo se vista la decisión, lo que mantiene en prisión a esta persona, según declara expresamente el Tribunal Supremo, es su ideología: “el convencimiento que mantiene posibilita una reiteración del delito que resultaría absurda en quien profese la ideología contraria”. El juez no tiene empacho en aludir al ideario disidente del señor Forn para mantenerlo en prisión. Si eso no es un preso de conciencia, se le parece muchísimo.
La decisión del juez es una auténtica barbaridad democrática que pone a España a la altura de los países que reprimen las ideas. En otro contexto político dudo mucho de que se hubiera atrevido a aludir de manera tan directa a la ideología como motivo de la pérdida de libertad, pero en estos momentos los jueces y el Estado en su conjunto están lanzando el mensaje de que todo vale para parar al independentismo. Los dirigentes independentistas aparentemente ya no gozan del disfrute de sus derechos fundamentales.
En circunstancias normales una decisión como ésta sería anulada sin duda por el Tribunal Constitucional. Pero en este caso, ni siquiera este último garante de los derechos tiene una mínima apariencia de independencia. Frente al soberanismo el poder del Estado se ejerce prácticamente sin límites jurídicos. Y como no paremos esto lo que está en juego no es el territorio español, sino la democracia misma.
