El desigual reparto de las responsabilidades de cuidados está en el origen de las desigualdades de género existentes, y aún así, en el debate en torno a los cuidados y, específicamente, en el de los permisos por nacimiento, se dan contradicciones y tensiones discursivas que discurren desde el reclamo auspiciado desde el binomio mujer-madre a la necesidad de implicación efectiva de los hombres en el cuidado infantil. De dicho debate salen propuestas y alternativas diversas, ni todas conducen a una transformación social, ni mucho menos a situaciones de justicia redistributiva -de género, social y ecológica-. La cuestión a dirimir es si estamos realmente en condiciones de imaginar una organización socioeconómica más allá del ‘orden de género’ que conforma el estatus quo patriarcal y, en cuyo caso, cómo articular dicho cambio para subvertir la división sexual del trabajo.
Durante estos 10 años de crisis-estafa ha ido permeando la trampa patriarcal de privatización de los cuidados. El enfoque neoliberal de las políticas y el mayor calado de su mito de la libre elección explican que muchas mujeres hayan asumido el coste asociado a la realización de los trabajos en los hogares, esto es, cuidados, actividades domésticas, relaciones psicosociales, etc. Hay quien dice hacerlo porque quiere y/o porque así lo ha elegido, ya sea por satisfacción, amor, gratitud, reciprocidad o culpabilidad; sin embargo, las situaciones individualizadas no deberían servir de excusa para obviar el trasfondo real. Las necesidades de cuidado no se resuelven por sí solas ni existen ‘manos invisibles’ que se encarguen de hacerlo. Cuando se cierran los servicios públicos, se minoran las plazas de educación infantil, se reducen los salarios o la falta de ingresos no permite acceder a contratar un servicio de proximidad, alguien del entorno familiar -más o menos extensa- tendrá que dedicar tiempo y afecto para atender al bebé, a la abuela con alzheimer o a quien sea la persona que necesita cuidados; la tendencia de que todo esto recaiga exclusivamente sobre las mujeres es debida a la inercia aprendida de los roles de género, más que una supuesta subversión elegida.
La forma en que se organiza la atención al cuidado infantil y, particularmente, el sistema de permisos por nacimiento (maternidad/paternidad) transmite las expectativas y pautas de comportamiento respecto a quién se espera que se dedique al cuidado asumiendo tiempo y energía y a cambio de qué; por ello es uno de los ejemplos de políticas públicas más relevantes en la búsqueda de cómo influir en la transformación de los roles y estereotipos de género. ¿Sería posible crear un imaginario en el que los hombres sean también personas cuidadoras y no sólo colaboradores eventuales? Y de ser así, ¿no sería este un buen punto de partida para la democratización de los hogares y entornos familiares?
Los permisos por nacimiento son una pieza dentro de las posibles políticas género-transformativas con potencial para diluir la división sexual del trabajo y actuar como palanca del cambio social en clave de equidad de género. El aspecto relevante está en cuando confluyen en su diseño las características de ser un derecho individual (es decir, personal y no familiar), intransferible (solo puede ser usado por quien es titular del derecho) y plenamente remunerado (al 100% de la base salarial), convirtiéndolos en un factor acelerador del cambio de comportamiento masculino, aumentando su tiempo dedicado a los cuidados y minorando también el del trabajo remunerado. Y es también la vía de entrada de la implicación masculina en los cuidados de personas adultas. No es solo una intuición, sentido común o una opinión personal, las evidencias de los estudios existentes y el análisis comparado a nivel europeo confirman que los hombres usan su permiso por nacimiento cuando es intransferible y está bien remunerado. Lo usan y agotan la totalidad del tiempo al que tienen derecho, el de ellos propio, es decir, el que no afecta a la duración del permiso que tenga derecho la madre. Esta pauta está tan contrastada que es muy difícil rebatirla atendiendo a cuestiones objetivas, por lo que su crítica obedece a otros motivos.
La propuesta de equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, tal y como se argumenta desde hace tiempo por la PPiiNA, es decir, iguales, intransferibles y plenamente remunerados, va más allá de la simple ampliación de la duración del permiso intransferible para los padres (u otra persona progenitora); se trata de equiparar, es decir, de iniciar un proceso de ampliación de derechos para que los permisos por nacimiento sean iguales, intransferibles y plenamente remunerados para cualquier persona progenitora, independientemente de cómo se constituyen los núcleos de convivencia familiar. Esta propuesta de reforma legislativa está avalada también por el cálculo estimativo de su coste total (sobre 1.500 millones) que resulta fácilmente asumible y aún más si el proceso de equiparación se realiza de manera gradual durante un periodo de 6 años años empezando por las primeras seis semanas (a razón de 200 millones adicionales cada año).
Hasta ahora, en ningún país del mundo se da esta configuración igualitaria de los permisos por nacimiento como tampoco existe la igualdad de género; eso no la hace menos posible, aunque sí es un indicativo del calado de las resistencias patriarcales. La (des)igualdad de los permisos por nacimiento es una vindicación más de la agenda feminista, porque traslada una desigualdad estructural que nos afecta a todas y que urge desmontar para avanzar hacia otro modelo de sociedad, más humana, entre pares, de personas proveedoras y también cuidadoras, en igualdad.
La propuesta de equiparación de los permisos de maternidad y paternidad tiene amplio respaldo social aunque hasta el momento no había sido refrendada en el parlamento; tras el veto del anterior gobierno de M. Rajoy, el nuevo gobierno de P. Sánchez acaba de posibilitar que este debate vaya por fin al parlamento; hay diferentes posibilidades y no todas tendrían el mismo efecto. También tiene detractores/as; hay quien se resiste a hacerla efectiva esgrimiendo motivos que van desde el cuestionamiento a la simetría de género que conlleva la equiparación plena de los permisos por nacimiento e incluso quien plantea que sería una amenaza para la mejora y ampliación de los derechos de las madres; también hay quien pone el acento en que al tratarse de una prestación contributiva la aprobación de los permisos igualitarios podría reforzar un determinado productivismo y, por otra parte, también hay quien pretende banalizar la propuesta al considerar que se trata de una pieza tan pequeña de políticas públicas que no tendría capacidad para cambiar el sistema, etc. Sin pretender entrar a contrargumentar detalladamente todas ellas, me parece especialmente relevante mencionar tres cuestiones, empezando por la que afecta al sentido mismo del principio igualdad, el de tratamiento igualitario, básico de nuestro ordenamiento jurídico. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por uno de los nueve padres, asesorados por la PPiiNA, ya que, como el propio TC dictamina: “el asunto suscitado plantea una cuestión jurídica relevante y de general repercusión social”; no es para menos, porque el mismo hecho causante, esto es, ser padre o madre con mismo tiempo de cotización social exigido, no origina el mismo derecho laboral en forma de prestación contributiva por paternidad.
¿Cómo es posible que una propuesta de ampliación y equiparación de derechos a los padres —u otros/as progenitores/as— se pueda percibir como una amenaza a los derechos ya existentes de las madres? Si algo nos muestra la perspectiva histórica es que cuando se dan ampliaciones de derechos laborales se provocan sinergias favorables a más avances sociales. Es muy comprensible entender que las 16 semanas de permiso de maternidad resultan insuficientes, ahora bien, ¿cuál es la prioridad y por dónde vamos a empezar el cambio estructural? Francamente, no creo que la ruta feminista consista en el refuerzo de la “naturalización”; soy más partidaria de desnaturalizar y despatriarcalizar los cuidados, diluyendo primero los roles de género y después ir ampliando las duraciones de los permisos retribuidos para todas las personas progenitoras hasta 6 meses intransferibles para cada quien, algo imaginable y posible.
Ninguna política pública tiene la capacidad de cambiar por sí sola el sistema capitalista y patriarcal, aunque la potencialidad género-transformativa de los permisos iguales, intransferibles y plenamente remunerados puede facilitar un proceso de cambio y subversión feminista, así que la pregunta es ¿a qué esperamos?