El PSOE, PP, Cs y Vox rechazaron este martes en el Congreso una propuesta legislativa para remover los obstáculos que invocan reiteradamente los jueces para investigar y juzgar los crímenes franquistas. La iniciativa impulsada por CEAQUA contaba con el apoyo de Unidas Podemos, ERC, Bildu, CUP, Más País, PNV, Compromís, BNG y Junts Per Catalunya. Con esa propuesta se pretendía trasponer al Código Penal las obligaciones que España ha contraído en esta materia en diferentes tratados internacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos o el Pacto de derechos civiles y políticos del 1977.
Pocos días antes del debate se habían cumplido 48 años del asesinato al garrote vil de Puig Antich por parte del franquismo. 48 años de impunidad. Paradójicamente, el momento también coincidió con la decisión de la jueza Servini de acordar nuevas diligencias para reforzar la imputación en Argentina de uno de los responsables de esa muerte, Martín Villa.
No es la primera vez que la justicia argentina nos recuerda que no hay ningún pacto del olvido a salvo del derecho internacional. Es el mismo mensaje que ella recibió anteriormente de la justicia española cuando ésta juzgó a criminales de la dictadura argentina o chilena. De nada sirvieron entonces los argumentos sobre las leyes de amnistía o punto final para evitarlo. La condena del Tribunal Supremo a 73 años de cárcel al exmilitar argentino Scilingo fue un acicate para que luego Argentina aprobara cambios legislativos contra la impunidad.
En España no ha habido la misma respuesta simétrica. El PSOE y la derecha este martes decidieron seguir blindando el modelo de impunidad franquista. Tampoco los jueces han actuado con la misma diligencia. Las normas de impunidad que no valían para los criminales de otros países sí valieron para los españoles. Primero, la cúpula judicial sentó al juez Garzón en el banquillo por intentar investigar los crímenes franquistas en un proceso impulsado por Falange. Eso fue un mensaje para que ningún otro juez se atreviera a salirse del guion. Luego, decidió no extraditar a los criminales franquistas reclamados por la jueza argentina. Eso vulneraba el principio del derecho internacional que dice “extradita o juzga”. O se investiga o se deja investigar.
Es precisamente el uso hipócrita del derecho de algunos políticos y jueces españoles lo que pone en evidencia la reciente decisión de la jueza Servini. Ese tiempo de impunidad, en vez de marcar distancia con la dictadura, alarga su sombra sobre la democracia. No es casualidad que eso pase en España. A diferencia del resto de Europa, el fascismo aquí no fue nunca derrotado militarmente. El poder político y judicial se construyó, entre ruido de sables, sobre esos cimientos. Por eso, bajo las togas de quien ostenta la cúspide judicial sigue perdurando el polvo del franquismo.
Finiquitar esa anomalía era el principal objetivo de la propuesta legislativa. Con ella, no se pedía cuentas a la dictadura, sino a la única democracia europea que ha asumido esas cuentas en vez de liquidarlas. A los republicanos sepultados en las cunetas, los asesinó la dictadura, pero es esta democracia quien todavía los mantiene allí. Igualmente, el asesinato de Puig Antich es imputable a los criminales franquistas, pero es esta democracia quien lo encubre e impide que sus hermanas puedan obtener verdad y justicia.
En este debate, los diputados del PP, Vox y Cs recurren a los tópicos habituales para garantizar esa impunidad. Según ellos, este tipo de iniciativas forman parte de “las batallitas del abuelo” o del “revanchismo guerracivilista”. “Que manía con remover el pasado”, repiten. El portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, llegó a descalificar la iniciativa con el argumento de que los implicados habían fallecido, cuando eran precisamente ellos sus promotores.
En el caso del PSOE, se arguyeron problemas de legalidad. Estos delitos no pueden perseguirse – según ellos - porque no lo eran en la dictadura. Hacerlo – advertían – podía ser un atentado al principio de legalidad.
A la vista de los argumentos de unos y de otros, cabe plantear varias objeciones. En primer lugar, hay que recordar que el tiempo transcurrido no debilita la legitimidad de la lucha contra la impunidad. Tampoco hace menos necesaria la reparación de la injusticia que conlleva. De hecho, su demora la hace más escandalosa. En segundo lugar, la búsqueda de verdad y justicia no es ninguna ocurrencia o capricho de las víctimas. Es un acto de salud democrática. Una exigencia moral y política, pero también un imperativo legal del derecho internacional para romper la línea de continuidad entre el franquismo y la democracia.
Es cierto que a la luz de las leyes franquistas los crímenes no son perseguibles. Tampoco lo eran los crímenes del nazismo a la luz del III Reich. Eso no convierte esos crímenes en legales. Esa es precisamente la idea que hay detrás de las condenas de Núremberg, pero también del tribunal de Estrasburgo: la preeminencia del derecho internacional sobre el estatal. Buen ejemplo de ellos son las condenas por crímenes de lesa humanidad como los cometidos en Estonia y Rusia en los años 40 del siglo pasado. Otro ejemplo es la condena de Estrasburgo a los soldados de la antigua RDA cuando disparaban a quién traspasaba el muro de Berlín en la misma época en que en España asesinaron a Puig Antich. En ese caso, no valieron la ley de fronteras o las órdenes de esos militares alemanes para evitarla. Hay un núcleo esencial de los DDHH cuya vulneración representa una injusticia extrema frente a la cual no vale el argumento del principio de legalidad.
Visto desde esa perspectiva, quizá haya que recordar lo obvio: hay crímenes abominables que, por su crueldad, no prescriben ni admiten inmunidad. No solo ofenden a quién los sufre sino también a la humanidad entera. Y precisamente por eso, independientemente del cuándo, del dónde o del quien pueden perseguirse siempre desde cualquier rincón del mundo. Eso es exactamente lo mismo que ha dicho en este asunto la ONU en reiteradas ocasiones.
Con ese objetivo, el ayuntamiento de Barcelona ha sido pionero en una serie de medidas aprobadas en estos últimos años: la creación de una comisión de la verdad para reparar a los represaliados del tardofranquismo o la presentación de querellas como la de Puig Antich. También, en el Congreso grupos como Unidas Podemos o ERC han presentado decenas de enmiendas a la Ley de Memoria Democrática para crear, por ejemplo, una Oficina de Víctimas de la Dictadura y un Centro de Memoria Democrática o para revocar las distinciones honoríficas del franquismo.
La propuesta de CEAQUA nos invitaba a dar un paso más en esa lenta, dura y dilatada lucha contra crímenes que son un estigma imborrable de la humanidad. Su rechazo por parte del PSOE y las derechas representa una oportunidad perdida para acabar con su impunidad. Sin duda, eso no va a impedir que las víctimas sigan exigiendo verdad, justicia y reparación. Esta lucha se ha saldado con muchas derrotas. Sin embargo, una y otra vez ha sido replanteado por caminos inesperados como irrenunciable defensa de los derechos humanos. Buen ejemplo de ello es la causa en Argentina. Llegados a este punto, quizá habrá que volver a recordar la advertencia de los familiares de los desaparecidos chilenos en los 70’: “quienes buscan leyes de impunidad van a ser tan responsables en el futuro como los que apretaron el gatillo en el pasado”.