El consejero Raül Romeva cada vez que habla pone de relieve su ignorancia histórica, que le es seriamente reprochable, y su notable falta de respeto por los ciudadanos de Catalunya en función de sus opciones políticas. Sobre todo, si no coinciden con las suyas, es decir, ese independentismo que tanto se empeña, vanamente, en propagar.
Pero, recientemente, Romeva ha traspasado las líneas de lo permisible ética y jurídicamente. Con motivo de una convocatoria de Sociedad Civil Catalana, el pasado 19 de marzo, domingo, varios miles de personas se manifestaron contra el proceso independentista. El citado consejero los descalificó llamándolos “falangistas”. Dijo esto : “Són tots aquells que hi havia a la manifestació del diumenge”. Lo hizo el siguiente día 22 de dicho mes en el Parlament de Catalunya y, por tanto, amparándose en la “inviolabilidad” parlamentaria. Expresado en otro ámbito, hubiera sido perseguible penalmente. Pero ello no impide reconocer que ese calificativo es, objetivamente injurioso, en el sentido del Art. 208 del Código Penal. Porque, sin lugar a dudas, “lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.
Desde el mínimo conocimiento de nuestra historia y, en particular, de la que se inició con el golpe militar del 18 de julio de 1936, sobre todo quien ocupa un alto cargo público está obligado a saber que Falange Española fue la principal fuerza política que propició y apoyó activamente dicha insurrección. Y que, posteriormente, participó plenamente en la destrucción de la República y la implantación de un Estado totalitario, como reconoció la ONU en 1946.
Es obvio que atribuir hoy esa ideología y/o militancia a una persona significa una ofensa grave, ya que representa identificarla con una de las opciones políticas que más daño, destrucción, lesiones y muertes han causado a la sociedad española. Pero, inquieta aún más, cuando quien lo dice pretende, con ese calificativo, destruir la actual democracia española a través del constante ultraje y vejación de los opositores políticos.
Nuestra afirmación está basada en datos históricos que la justifican.
En la Ley que creó, en 1939, los Tribunales de Responsabilidades Políticas, para la persecución implacable de los vencidos, dichos Tribunales estaban integrados “por representantes del Ejército, de la Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS que darán a su actuación conjunta el tono que inspira al Movimiento Nacional”. Procedimiento, que el consejero Romeva debería saber, en el que estaba completamente ausente el derecho de defensa y donde los informes decisivos sobre los acusados dependían, entre otros, del “Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS”.
En la Ley de 23/9/1939, sobre incautación de “bienes de los antiguos sindicatos marxistas y anarquistas”, se disponía que tras la disolución de los mismos, por su “acción antiespañola”, “pasarán a ser propiedad de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S”.
Y, en la Ley de 1/3/1940, creadora del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, un máximo exponente de la brutal represión franquista, sus miembros eran “un General del Ejército”, “un Jerarca de Falange Española Tradicionalista y de las JONS” y dos letrados.
Son muestras, naturalmente limitadas, de lo que entonces representaba formar parte de Falange Española, muestras que acreditan con rigurosa fundamentación la atribución al consejero Romeva de un delito de injurias.
Señor Romeva, en lo sucesivo, recuerde cuáles eran las palabras de Paul Preston sobre Falange en su obra sobre El Holocausto español: “…ningún partido superó a la Falange en su retórica de 'el plomo y la sangre', 'la música de pistolas y el tambor bárbaro de plomo'. La descripción del asesinato político como un acto de belleza y de la muerte en la lucha como un martirio glorioso fueron elementos fundamentales en las exequias fúnebres que, emulando a los Squadristi de la Italia fascista, se sucedieron cuando los falangistas comenzaron a participar en actos de vandalismo callejero”.
Por tanto, cuide y vigile su lenguaje. Los ciudadanos de Catalunya merecemos respeto y, desde luego, otros dirigentes.