Una investidura impostada

Desde la noche del 23-J todos sabemos que Feijóo no será presidente. El PP y Feijóo, también. Cual verdad de Perogullo, nadie ha dudado en nuestro país, desde el minuto uno, que Feijóo no superará en su investidura fallida los 172 escaños. El PP y Feijóo, tampoco.

En el líder del PP no existe bisoñez, sino deliberada consciencia. O ambas cosas... Más allá de la obvia constatación de que a Feijóo la liga estatal le queda muy grande, atribuirle una mínima creencia de que podría obtener los votos del PNV (reiteradas calabazas mediante) o de Junts constituiría una manifestación de candidez de dimensiones siderales en exceso denigrante para su persona. Más bien al contrario, la única tesis que se compadece con su larga trayectoria política - culminada con un ascenso vertiginoso, cruento y despiadado con su antecesor – reside en atribuirle conciencia previa y premeditada de que este largo camino hacia la investidura fallida está abocado al fracaso al burlar, de forma indisimulada, la correcta inteligencia constitucional del procedimiento de investidura.

Un investidura artificiosa, fingida, impostada y manifiestamente opuesta a la esencia de las reglas constitucionales. Lo más parecido a una reedición del patético espantajo que vivimos con la moción de censura de Vox y Ramón Tamames como candidato.

La Constitución quiere que sea candidato a la investidura bien quien tenga la certeza de alcanzarla bien quien tenga probabilidades de lograr la mayoría necesaria atendiendo a la única lógica existente en nuestro régimen constitucional: la aritmética parlamentaria. El PP de Feijóo ha quebrado esta regla esencial del marco constitucional para convertir, de forma declarada y manifiesta, el procedimiento y debate de investidura en un puro alegato o mítin político-electoral ajeno al propósito de una investidura efectiva de Presidente.

La noche electoral del 23-J confrontó a Feijóo con su lúgubre destino. La triste victoria en escaños, celebrada en el balcón de Génova al grito de “Ayuso, Ayuso” evidenciaba una clamorosa derrota política al mostrarse la imposibilidad de acceder al Gobierno. Una derrota exigua, pero incontestable, que lleva a recordar otro amargo fracaso electoral, el de 1993, protagonizado por Aznar y sus consecuencias: política de “tierra quemada”, el “todo vale” y la quiebra de las reglas constitucionales para alterar el libre juego democrático. Al igual que Aznar en 1993, Feijóo va con todo y no le importa erosionar el edificio constitucional en el esencial trámite de legitimación del Poder Ejecutivo que constituye la investidura.

Un mínimo sentido de la lealtad constitucional exige no presionar al Jefe del Estado pretendiendo la imposición de un candidato a la investidura. Feijóo no desperdició un solo día antes de la propuesta regia para postularse explícitamente haciendo valer una mayoría en escaños y votos irrelevantes para el éxito de la investidura y con el indisimulado propósito cerrar filas entre los suyos, reforzar su liderazgo partidista comprometido e iniciar una precampaña electoral ante una remota repetición de los comicios. ¡Tantos golpes de pecho proclamando lealtad al Rey y juramentándose como constitucionalistas de bien para crear una coacción ambiental en torno a la figura regia al servicio de sus espurios intereses partidistas! Ni Rajoy se atrevió a tanto cuando, sabedor de no contar con apoyos parlamentarios suficientes, “declinó” la propuesta del Rey en 2016 a pesar de no renunciar a postulaciones posteriores o disgustarle sobremanera la inmediata oferta regia a Pedro Sánchez.

El Rey ha hecho lo que tenía que hacer ante el órdago de Feijóo a las instituciones constitucionales. Si bien la lógica constitucional podía invitar a que propusiera directamente a Pedro Sánchez por ser el único aspirante que tenía “posibilidades” de alcanzar la investidura con éxito, el riesgo a una previsible crisis constitucional sin precedentes –vista la actitud del PP– aconsejaba satisfacer los deseos de Feijóo. El Rey ha querido preservar un interés constitucional superior abortando cualquier intento del aspirante de la mayoría parlamentaria minoritaria de deslegitimar un futuro Poder Ejecutivo emergido de una investidura exitosa. Y otro tanto ha ocurrido con los otros dos actores constitucionales decisivos: el aspirante a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

Pedro Sánchez estuvo a la altura optando por respetar y acatar la decisión regia, sin emponzoñarla con previos pronunciamientos que la condicionaran, para dejar sin excusas a Feijóo ante la previsible posterior investidura socialista. La actual actitud montaraz de la derecha y extrema derecha española aconseja darles pocos pretextos y defender sin fisuras las instituciones constitucionales como salvaguarda del régimen democrático. 

La presidenta del Congreso de los Diputados no podía ni debía hacer otra cosa que refrendar la propuesta regia de investidura. Puede resultar curioso el dilatado periodo que la Presidencia ha otorgado a Feijóo para intentar pactos antes de presentarse al debate de investidura: 35 días. De nuevo, la coacción ambiental de Feijóo se cernió, en esta ocasión, sobre la Presidencia del Congreso al exigir, al menos, “dos o tres semanas”. Y la presidenta hizo lo que tenía que hacer para evitar futuras “excusas del mal perdedor” entrando en juego la credibilidad de las instituciones constitucionales y dispuesto el PP a desdeñarla.

No hay otro término para calificar la posición del PP de Feijóo: una investidura impostada. La candidatura a la investidura no es un derecho del aspirante de la mayoría parlamentaria y, salvo que se burle el espíritu constitucional, no está al servicio de sus intereses partidistas si existe una opción parlamentaria viable que, en tiempo y forma, alcance ese objetivo y permita el arranque del Gobierno de una nueva Legislatura.