Investigación y empleo: entre la precariedad y la chapuza
En los últimos días han aparecido diversas noticias sobre el cambio retroactivo y sin aviso de los contratos de miles de científicos por parte del Gobierno. Este cambio afecta a las condiciones de trabajo y al derecho a la indemnización de los contratos de formación de personal investigador regulados por el artículo 21 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Son los contratos FPI y FPU, gestionados por la Secretaría de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (SEIDI-MEIC), y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD).
Las cíclicas irrupciones en los medios de comunicación de los conflictos derivados de la precariedad en el área de investigación son el claro reflejo de la incapacidad del sistema español de investigación para integrar a una parte significativa del personal formado y garantizarle unas condiciones de trabajo que recojan los mínimos derechos laborales.
Esta vez se trata de miles de jóvenes investigadores que han entrado en el sistema científico desde 2013, año en que finalmente desaparecían las becas de investigación, convirtiéndose en contratos laborales de cuatro años, reconociendo así el carácter de trabajadores de estos jóvenes, una reivindicación defendida por CC.OO. durante casi 40 años, junto a otros agentes y asociaciones, como la Federación de Jóvenes Investigadores -FJI- Precarios.
Los primeros Planes de Formación de Personal Investigador (FPI) arrancaban en los 60, con becas de tres años, dando muestras de agotamiento en los primeros 70, con un desfase entre la oferta y la demanda, que plantea el dilema que sigue siendo actual: ¿cuál es la capacidad de absorción del sistema?, ¿cuáles son las condiciones de acceso y cómo se configura la carrera profesional?
La Ley de Reforma Universitaria y la Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica de la etapa socialista plantean el inicio de la carrera investigadora como becarios, negando el carácter laboral del trabajo de este personal. Tras el periodo expansivo 86-91, la recesión 91-94 termina con el espejismo: los gastos de I+D en los PGE caen drásticamente, y se reproduce el desajuste entre las cifras de personal formado y el crecimiento de las plantillas de investigación. Los becarios pre-doctorales se convierten en becarios postdoctorales y la especialización en el extranjero es ya un requisito indispensable para incorporarse al sistema. La precariedad se convierte en un fenómeno patológico.
En respuesta surge un fuerte movimiento reivindicativo; los jóvenes científicos, organizados en la FJI-Precarios, lanzan campañas que reivindican el carácter laboral de su trabajo. Su conexión con el movimiento sindical –en particular CCOO–, y con partidos políticos, con iniciativas que proponen la sustitución de las becas por contratos laborales, reflejan una crítica de fondo al modelo de precarización. Un discurso al que se suma la revista Nature o los sindicatos europeos de investigadores, que critican la precariedad como un modelo disfuncional para la propia estabilidad y eficiencia del avance científico.
El modelo de becas deriva a la solución 2+2 (dos años de becas más 2 de contrato) hasta llegar al contrato laboral de cuatro años del artículo 21 de la ley 14/2011, que comienza a aplicarse integralmente en 2013. Constituyen un nuevo tipo de contrato, con condiciones y regulaciones especiales que obligaban a asignarles un código nuevo en la Seguridad Social. Sin embargo, se los identifica como Obra y Servicio; en 2016 la Tesorería cambia de criterio y los convierte en contratos en prácticas, aplicando una retroactividad estrictamente prohibida en la legislación española. Todo esto sin informar a los interesados, pasando de una situación anómala a otra peor.
En efecto, si lo que se pretende evitar son las indemnizaciones que conllevan los contratos de obra y servicio, y las consecuencias del encadenamiento de contratos, que supondrían el derecho a reclamar la aplicación del artículo 15.5 (Ley Caldera), lo que han conseguido es algo bastante similar: la posible declaración de indefinidos por fraude, por estar contratados en prácticas más tiempo del permitido. Chapuza tras chapuza en una espiral de la que nadie se hace responsable.
La semana pasada también aparecía la segunda convocatoria de contratos de Investigador Distinguido, distorsionando los objetivos del artículo 23 de la ley 14/2011, destinado a la contratación de científicos de gran relevancia para la dirección de equipos humanos, centros de investigación, instalaciones y programas científicos y tecnológicos singulares, en un intento de paliar la sangría de jóvenes investigadores y abrir la vía laboral paralela a la funcionarial, con un leit motiv esencial: que los investigadores puedan ser despedidos. La convocatoria de 2014, resuelta en 2015, incluía el despido libre (desistimiento del empleador); en la nueva convocatoria se ha suavizado el texto, incluyendo como causa la no superación de evaluaciones. Ninguna de las condiciones del art. 23 se cumplen: sus funciones son en todo similares a las de los científicos titulares y su sueldo el más bajo de los establecidos por el CSIC para doctores, el FC3 con 35400 € al año. Investigadores Distinguidos, pero menos.
Las políticas de contratación temporal como vía de optimizar los recursos, con tasas de contratación desbocadas en épocas de bonanza y exaltación del contrato temporal frente a la necesaria estabilización de las plantillas han demostrado su ineficacia radical. Estas políticas son la causa directa del éxodo pavoroso de jóvenes investigadores, más de 4.000 solo en el CSIC en menos de 5 años. Una diáspora que no tiene dónde volver y clama en el desierto, mientras muchos doctores y técnicos se suman al destierro, abandonando de forma silenciosa la carrera de obstáculos en que se ha convertido su actividad profesional.
Ninguna sociedad debería exigir tanto a sus científicos: no necesitamos héroes, sino trabajadores que desarrollen su labor en condiciones dignas, que formen y refuercen los grupos de investigación de un sistema manifiestamente pequeño, que actualicen, apuntalen y rejuvenezcan las envejecidas estructuras de la investigación española. El futuro de la ciencia española depende de ellos.
