La justicia se pone a la política por montera y el TC se salta la voluntad popular a la torera
Publicaba este mismo diario en 2013 que en 1998 el 23% de la población expresaba un alto nivel de confianza en el Tribunal Constitucional y sólo el 11% confiaba poco en esa institución. Explicaba también que tras repetidos ejercicios de politización, el Tribunal ya no gozaba de tal estima. En 2013 sólo el porcentaje que le tenía menor confianza se había más que triplicado, alcanzando un 38%. Me pregunto cuál será esa cifra ahora, y cuál será mañana tras lo ocurrido hoy en Cataluña.
El 28 de julio de 2010 fue aprobada la ley abolicionista de las corridas de toros en el Parlamento Catalán, fruto de una Iniciativa Legislativa que logró reunir casi cuatro veces el número de firmas necesarias para ser admitida a trámite (180.000 cuando solo se requerían 50.000). Esa ley nacía fruto de la herramienta más auténtica de la democracia, la que permite la intervención directa de la ciudadanía en la creación de leyes, una ciudadanía que claramente expresaba su voluntad de hacer de Cataluña una autonomía en la que la tortura como espectáculo público no tuviese lugar, una ciudadanía que ya había logrado que la ciudad de Barcelona se declarase antitaurina ya en 2004.
Por supuesto, previo a la votación final en el Parlament, técnicos de la Generalitat llevaron a cabo el pertinente análisis para averiguar si realmente se contaba con la competencia necesaria, como es menester en estos casos. El resultado fue positivo, incluso el PP solicitó la intervención al Consell de Garantías Estatutarias de Cataluña en busca de posibles conflictos con la Constitución, que a su vez emitió dictamen diciendo que la ley era competencial según el estatuto de autonomía y la Constitución Española.
De hecho existían ya antecedentes similares, como las prohibiciones de las peleas de perros o gallos de cuya competencia nadie dudó.
La Plataforma La Tortura No Es Cultura (LTNEC) que tengo el honor de presidir reúne a 47 organizaciones de protección animal de todo el Estado y desde 2010 trabajamos para informar a la sociedad sobre la naturaleza de la tauromaquia y tomar las medidas necesarias para eliminar la excepción absurda en la leyes de protección animal que hacen del toro el único miembro del reino animal que es legal torturar y matar como espectáculo público. La evolución de la voluntad popular en este sentido es innegable:
Según el propio Ministerio de cultura, los festejos taurinos han descendido desde 2007 en un 51%.
Según una encuesta de Ipsos Mori publicada en diciembre de 2015, solo el 19% de los españoles apoyan la tauromaquia y el 84% de los jóvenes (16-24) no se sienten orgullosos de vivir en un país donde existe la tauromaquia y solo el 7% de los jóvenes la apoya.
Estos datos son incluso más relevantes considerando que en la encuesta anterior realizada en marzo de 2013 por la misma consultora, el apoyo entre el público general era de un 29%, así que este ha descendido en 10 puntos porcentuales en menos de tres años.
El 73% de los españoles está además en contra de las subvenciones a la tauromaquia. Sin embargo, alrededor de 600 millones de euros anuales son destinados desde los fondos públicos de todos los españoles a intentar mantener vivo este negocio en ruina, como demuestra este informe realizado por eurodiputados.
¿Por qué entonces esta insistencia en defender esta actividad rechazada por una mayoría aplastante de españoles?
Algunos pretenden recurrir al argumento del libre comercio, pero ¿de qué comercio hablan? La realidad es que este negocio es una ruina, como afirmó la propia asociación de empresarios taurinos ANOET, que se declararon arruinados y a punto de desaparecer.
Durante el debate celebrado en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso durante el debate sobre la ILP taurina que pretendía declarar la tauromaquia Bien de Interés Cultural, el presidente de la “Mesa del Toro” reconoció que el negocio taurino sólo representaba el 0,015/1.000 del PIB y no el 2,1% que habían escrito en su Iniciativa Legislativa Popular.
Otros, se han referido a la pérdida de puestos de trabajo. Según un informe realizado por la ONG AVATMA, utilizando datos del propio Ministerio, de los 10.194 profesionales taurinos registrados oficialmente, sólo el 8,8% participaron en 1 evento taurino/año. Está claro que el 91,2% tiene ya otras formas de ganarse la vida.
Con respecto a los criadores de toros de lidia, de las 1.339 explotaciones existentes, solamente 311 (23%) gestionó la venta de algún toro para eventos en plaza; y de ese 23% sólo el 8% (155) logró vender más de 10 al año. Es decir, el 77% de las ganaderías de lidia no vendieron ningún animal para participar en una corrida de toros, por lo que se supone deben vivir de las subvenciones y del dinero de unos ciudadanos que preferirían dedicarlo a otras cosas.
En LTNEC estamos pendientes aún de leer la sentencia del TC y ver en qué basa la inconstitucionalidad de la ley, y las decisiones que tomemos desde LTNEC en coordinación con el resto del movimiento animalista se anunciarán una vez sea pública la sentencia del Tribunal Constitucional y esta haya sido analizada por nuestros expertos juristas.
Pero desde luego en vista a todo lo enunciado anteriormente tenemos la convicción de que esta sentencia del Tribunal Constitucional −cuya imparcialidad de sus miembros ha sido puesta en duda en numerosas ocasiones y en el cual los españoles y las españolas confiamos cada día menos− se basa en objetivos políticos y no de protección constitucional. Prueba de ello es que cuando la regulación de Canarias puso fin a la posibilidad de realizar corridas de toros, regulación que lleva vigente desde 1991, ningún partido político, gobierno o tribunal dudó de su constitucionalidad.
La sentencia del TC nos parece profundamente desafortunada por cuanto afecta a la máxima expresión democrática que es una Iniciativa Legislativa Popular y por ello no se descarta acudir a instancias superiores internacionales en defensa de este derecho fundamental. Y contribuye, muy lejos del consenso para el que nació la Carta Magna a avivar las divisiones entre los ciudadanos y las ciudadanas del estado y abrir más la brecha entre Cataluña y España.
Además es una medida infértil, por cuanto las corridas de toros no van a volver a Cataluña por tres razones fundamentales:
1. La Monumental se rige por la ordenanza de Barcelona que no permite corridas como ya ha expresado su alcaldesa Ada Colau; y las otras dos plazas de Olot y Tarragona no cumplen los requisitos necesarios, por lo que tendrían que ser renovadas.
2. La reglamentación a la que pueden ser sometidas las corridas de toros, competencia de las Comunidades Autónomas, pueden llegar a modificarlas hasta tal punto que pierdan total interés para el aficionado.
3. La Generalitat ya ha dicho que no acatará la sentencia.
Por otro lado, nos parece extremadamente grave que la magistrada Encarna Roca y el TC hayan ignorado el principio del interés superior del menor y las recomendaciones expresas de la ONU El Comité de los Derechos del Niño de la ONU en sus informes sobre la situación de la infancia en varios países taurinos, ha instado explícitamente a se proteja a niños, niñas y adolescentes de la violencia física y psíquica de la tauromaquia.
En LTNEC, en coordinación con las organizaciones de protección animal catalanas y en especial con la Plataforma PROU promotora de la Iniciativa Legislativa Popular catalana, tomaremos todas las medidas necesarias para que se respete la voluntad popular que cada día exige con mayor rotundidad en todo el Estado Español el fin del maltrato animal como espectáculo público, la protección de la infancia de la violencia de la tauromaquia como exige el Comité de los Derechos del Niño de la ONU y el fin de la utilización de fondos públicos para subvencionar esta actividad denostada y cruel.
