Larga vida al sistema público de pensiones

En la última década, numerosos supuestos expertos han asegurado cíclicamente la quiebra del sistema público de pensiones en nuestro país. Siempre ha habido más deseo –para hacer negocio–, que realidad en dicho pronóstico. De hecho, el acuerdo alcanzado entre organizaciones sindicales y Gobierno, publicado en el BOE en forma de Real decreto-Ley, desmonta definitivamente ese deseo.

La importancia de este pacto, sólo puede valorarse adecuadamente si echamos la vista atrás y recordamos los profundos cambios que los interlocutores sociales hemos acordado con el Gobierno en los dos últimos años. En el año 2021, convenimos asegurar la suficiencia de las pensiones garantizando su revalorización. Ampliamos derechos y coberturas. Para ello, derogamos el lesivo factor de sostenibilidad, que habría reducido enormemente las pensiones de las personas jubiladas, y referenciamos las pensiones al IPC. Es decir, nos pusimos de acuerdo para garantizar más y mejores pensiones públicas para el presente y el futuro. Además, en el año 2022, reforzamos el sistema de Seguridad Social para mejorar las prestaciones del Régimen especial de trabajadores autónomos.  

 Ahora, el acuerdo de este año 2023, va un paso más allá en esta sucesión de hitos que han contribuido a fortificar el sistema público de Seguridad Social.  Por primera vez el aseguramiento de las pensiones se realiza en clave de aumento de ingresos y no, exclusivamente, de recorte de gastos.  Se aumentan los recursos del sistema para mantener e incrementar las futuras prestaciones. Recortar derechos de los beneficiarios de la seguridad social y las percepciones es cosa de un pasado superado. Y lo es gracias a este gran pacto. 

El blindaje de los ingresos del sistema público de pensiones alcanzado, es la consecuencia necesaria de los compromisos de gasto que habíamos acordado los sindicatos, el Gobierno y la patronal en los años 2021 y 2022. Estos solo podían satisfacerse a través de tres posibles escenarios: aumentar la presión fiscal indirecta, lo que habría sido injusto e insolidario, porque todo el mundo habría contribuido al sostenimiento del sistema con independencia de sus ingresos; dejar caer el sistema, para hacer negocio e imponer un sistema de pensiones con una participación privada mucho mayor; o, finalmente, asegurar y proteger la recaudación  del sistema, aumentando la contribución  de las personas trabajadoras con ingresos más elevados.

Sorprende, por tanto, que la patronal, que sí acordó el gasto, se haya mostrado ajena a la parte de su financiación. Ahora, deberán explicar su rechazo y por cuál de las otras opciones apuestan. Pero no olvidemos que ambas suponen irremediablemente quitar derechos a los y las pensionistas presentes y futuros.

El compromiso de aumentar moderadamente las cotizaciones máximas y de reforzar la solidaridad del sistema no es, por tanto, sorpresivo, pero además no supone tampoco una excepción en el marco europeo. Alemania, Francia o Italia tienen unas cotizaciones máximas hasta 20 puntos por encima de las nuestras. Y muchos países ni siquiera tienen salarios exentos de aportación. De hecho, España tiene unos de los topes a las cotizaciones más bajos de toda Europa. Era necesario, por tanto, acercarnos a nuestros vecinos europeos, y, al mismo tiempo que acompasábamos las bases máximas de cotización al incremento de las pensiones, introdujéramos tímidas subidas -apenas el 1,2 % anual, - que nos acerquen a nuestros socios europeos. Para cumplir con el mandato constitucional de solidaridad, se ha diseñado una cuota sobre las percepciones salariales que aún se encontraran ajenas de contribución a la caja de la seguridad social, y aún en un porcentaje muy inferior al que aportan las rentas más bajas y con un despliegue moderado y progresivo hasta 2045.

Pero además de blindar los ingresos hemos corregido situaciones injustas. Se incorporan, por ejemplo, medidas contra la brecha de género –ampliando el número de años en los que se arreglarán lagunas de cotización o aumentando el complemento de brecha de género–. Pero, sin duda, la medida más importante es que nuestro país asume el compromiso legal de que las pensiones de jubilación, contributivas o no, y de viudedad estén por encima del umbral de la pobreza. El texto integra, también, en el sistema público, a las personas en prácticas no laborales y contiene otras mejoras como a autónomos o a fijos discontinuos

En definitiva, reforzar ingresos asegura pensiones dignas y justas, gracias a la solidaridad intergeneracional, a nuestros mayores hoy, a nosotros mañana y a nuestros hijos en el futuro. El sistema público de pensiones goza, hoy, de mejor salud que nunca.