Durante casi 4.000 años, algunos gobiernos han insistido en que, si es necesario librar guerras, debe haber reglas. El primer código conocido, del rey babilonio Hammurabi, estableció el principio en el que se basaron todas las leyes de la guerra posteriores: “Impedir que los fuertes opriman a los débiles”. No hace falta decir que poseía cierta experiencia en oprimir a los débiles. Desde el principio, dichas leyes han constituido una justicia de vencedores, aplicada por las potencias dominantes, pero no contra ellas. Pero esto no las vuelve inútiles ni sugiere que no debamos intentar pedir cuentas a los gobiernos poderosos.
Durante su asalto, el Sábado Negro, Hamás vulneró numerosas leyes de la guerra, empezando por el lanzamiento de cohetes contra Israel que no intentó discriminar entre objetivos militares y civiles, violando el artículo 13 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra. Sus combatientes asesinaron, torturaron y violaron, conductas prohibidas por el artículo 3 común de las convenciones de Ginebra y los artículos 27 y 32 de la cuarta convención. También se dedicaron al pillaje y al terrorismo (art. 33, cuarto convenio) y a la toma de rehenes (art. 34, cuarto convenio, y artículo 8 del Estatuto de Roma). Hamás claramente tiene la intención de utilizar a estos rehenes como moneda de cambio, exacerbando el crimen.
Aunque esto es más difícil de probar, estos actos podrían haber sido motivados por intenciones genocidas, lo que también colocaría a Hamás en violación de la convención sobre genocidio. Cualquiera de los responsables que sea capturado debería ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.
Al responder a este ataque, Israel también ha violado varias leyes de la guerra. Estos crímenes comienzan con el uso de penas colectivas contra el pueblo de Gaza (artículo 33 de la cuarta convención y artículo 4 del Protocolo II). Un aspecto de este castigo parece ser el patrón de los bombardeos israelíes sobre Gaza. “El énfasis está en el daño y no en la precisión”, anunció un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que me parece una intención declarada de cometer un delito de guerra. El crimen de guerra en este caso es el daño a la propiedad: artículo 50 del primer convenio de Ginebra, artículo 51 del segundo convenio y artículo 147 del cuarto convenio de Ginebra.
Muchos de los edificios atacados, incluidas numerosas escuelas e instalaciones sanitarias, no parecen calificar como objetivos militares, a pesar de las afirmaciones israelíes de que Hamás utiliza a personas como escudos humanos. Tales ataques indiscriminados contravienen el artículo 13, Protocolo II, y el artículo 53, cuarta convención. El bombardeo de mezquitas infringe el artículo 16 del Protocolo II.
Human Rights Watch afirma que Israel disparó proyectiles de fósforo blanco contra Gaza y el Líbano durante su contraataque, aunque esto ha sido negado por Israel. Las municiones de fósforo blanco pueden usarse legalmente en los campos de batalla para hacer cortinas de humo, marcar objetivos o quemar edificios, pero se consideran un arma indiscriminada y terrible, cuyo uso en tales casos podría constituir una violación de la convención sobre armas químicas.
El Gobierno israelí ha admitido haber cortado los suministros esenciales a Gaza. El 9 de octubre, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró: “Ordené un asedio total a la Franja de Gaza. No hay electricidad, ni alimentos, ni gas: todo está cerrado”. Esto también parece un castigo colectivo. El ministro de Energía, Israel Katz, pareció confirmarlo cuando escribió: “No se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna boca de agua y no entrará ningún camión de combustible hasta que los secuestrados israelíes regresen a casa”. El asedio también parece violar los artículos 55, 56 y 59 de la cuarta convención y el artículo 14 del Protocolo II, que protege “los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil”.
Si bien el Gobierno israelí podría argumentar que ordenar a la población de la ciudad de Gaza que se vaya es un intento de protegerlos de los bombardeos, esta directiva podría constituir una violación del artículo 17 del Protocolo II, que prohíbe el movimiento forzoso de civiles, y del artículo 49 del cuarta convención sobre deportaciones y evacuaciones. Una vez más, a juzgar por las declaraciones de algunos funcionarios, en el asedio y los ataques a Gaza podría haber pruebas de intenciones genocidas. Los combates actuales, por supuesto, tienen lugar en el contexto de la ocupación ilegal de tierras palestinas por parte de Israel y los numerosos crímenes subsidiarios asociados con ella.
Ningún conjunto de delitos justifica otro. No hay excusas en la guerra ni en la ética para los crímenes contra la humanidad. Nunca existe una razón legal para atacar a una persona por los crímenes de otra, para confundir a un pueblo con su gobierno o con las fuerzas armadas que dicen defenderlo, en ambos lados de cualquier conflicto. Los intentos de personas de ambos lados de justificar tales crímenes son tan débiles como crueles.
La cuestión, como siempre, es la aplicación de la ley. Los países más poderosos suelen negarse a sucumbir al Estado de derecho. Cuando el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, de visita en Israel la semana pasada, dijo a sus anfitriones que “las democracias como la nuestra son más fuertes y más seguras cuando respetamos las leyes de la guerra”, sonó tan vacío como los llamamientos de Gordon Brown y Condoleezza Rice, dos de los arquitectos de la guerra de Irak, para exigir responsabilidades a Vladimir Putin y sus secuaces por su invasión ilegal de Ucrania.
La invasión de Irak, como dijo Brown sobre el ataque de Putin a Ucrania, constituyó “el crimen internacional supremo” tal como lo definió el Tribunal de Núremberg: la guerra de agresión. Como se dice que hizo Israel en Gaza, pero con efectos mucho más mortíferos, las tropas estadounidenses utilizaron en la segunda guerra de Irak fósforo blanco como arma en la ciudad de Faluya, donde se refugiaban entre 30.000 y 50.000 personas, durante un ataque que trató a toda la ciudad como zona de combate y que provocó la muerte masiva de civiles.
Nadie ha sido juzgado ni condenado por estos crímenes. Las leyes de la guerra, al parecer, son para la gente humilde.
¿Entonces, para qué molestarse? ¿Por qué siquiera mencionar crímenes de guerra, sabiendo que es poco probable que se apliquen cargos contra perpetradores poderosos? ¿Por qué no aceptar que la guerra y la atrocidad son inextricables?
Porque de estas leyes dependen aspectos de nuestra humanidad. Si sucumbimos al cinismo, si nos disuade la hipocresía de las potencias dominantes, si no podemos exigir y esperar un mundo mejor, aceptamos la premisa de que el poder es lo correcto y que los poderosos pueden tratar a los impotentes como quieran. Aceptamos que las atrocidades cometidas por un bando se utilizarán para justificar las atrocidades cometidas por otro, en un ciclo interminable de venganza y matanza. Al hacerlo, creamos un mundo en el que ninguno de nosotros elegiría vivir.