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Ley LGTBI: una oportunidad histórica para el cambio social

Imagen de archivo de la campaña por la liberación de dos homosexuales marroquíes

Xavier Domènech / Mar García Puig / Lucía Martín / Xavier Domènech, Lucia Martín y Mar García Puig

Diputados y diputadas de En Comú Podem —

Este año celebramos el 40 aniversario de la primera manifestación LGTBI del Estado español, que tuvo lugar en un espacio que ha sido siempre escenario de diversidad: la Rambla de Barcelona. Dispersados por la policía con balas de goma, 4000 activistas por la libertad sexual y de género reivindicaron entonces su existencia en el mismo lugar donde hace apenas unas semanas la barbarie quiso negar la vida. Su marcha fue un gesto de afirmación cuyos lemas enlazan con la fraternidad ciudadana vivida después de los atentados del 17 de agosto: “Nosaltres no tenim por, nosaltres som!”.

Ahora, después de cuarenta años de intenso activismo contra las estructuras de poder que han perseguido, judicializado y medicalizado sus vidas, el debate entorno las políticas LGTBI entra al centro mismo del Estado, el Congreso de los Diputados. Y lo hace con una ley que recoge gran parte de sus reivindicaciones históricas. El próximo martes, En Comú Podem defenderá en el pleno el Proyecto de ley integral LGTBI (Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales), que ha sido elaborado por decenas de colectivos de todo el Estado, no sólo aquellos integrados en la Federación estatal de lesbianas, gays transexuales y bisexuales, sino también muchas otras entidades y activistas establecidos por el territorio español.

Estamos ante un momento histórico. El martes empezará la andadura parlamentaria de un texto destinado a mejorar las vidas de las personas LGTBI, en tanto su aprobación les dotaría de derechos históricamente negados y les daría un marco de protección específico contra la discriminación. Pero el objetivo de la ley es más amplio; su articulado es también un paso más hacia la transformación de las lógicas de género impuestas por lo que se ha venido a llamar heterocispatriarcado: ese conjunto de normas sociales y jurídicas que obligan a que nuestra orientación sexual, identidad de género y expresión de género esté en consonancia con la “normalidad”, una “normalidad” definida por un binarismo que expulsa a los márgenes a todo aquello que no se integre en los binomios “hombre/mujer” o “masculino/femenino”.

Es obvio que una ley no puede transformar inmediatamente un orden establecido históricamente pero sí puede poner ciertas bases que permitan abordar la naturaleza estructural del problema. Ésta es una ley ambiciosa, que cubre todas las etapas de la vida y ámbitos sociales, y que intenta no caer en la trampa liberal de creer que los culpables de la LGTBIfobia son unos pocos individuos que actúan fuera del sistema. Es importante reconocer y abordar el crecimiento de las agresiones LGTBIfóbicas, que según datos del Minsiterio del Interior aumentaron en un 36 % el pasado año, pero más importante aún es señalar la naturaleza sistémica de la LGTBIfobia y cómo ésta emana muchas veces de las propias estructuras de Estado. Por eso esta ley propone modificar directamente nuestro sistema sanitario, laboral, educativo y administrativo, a la vez que incidir en el ámbito cultural.

En el ámbito sanitario, la ley apuesta por una visión despatologizadora de la transexualidad: no estamos ante una enfermedad o trastorno, sino ante una expresión de la diversidad de género. Por ello, se propone un modelo de acompañamiento a la salud trans basado en la libre autodeterminación del género. En el ámbito educativo se establece un plan sobre educación y diversidad de género que estará presente desde la enseñanza primaria hasta la universitaria, y se modificará el material didáctico para eliminar el sesgo discriminatorio hacia la diversidad. La ley promueve la creación del Centro de Memoria Histórica LGTBI, cuyo objetivo será revertir la invisibilización histórica de las personas LGTBI, algo que no es sólo de justicia sino que repercutirá positivamente en la riqueza de nuestro acervo cultural.

La ley pretende hacer justicia a las personas que han estado tradicionalmente en los márgenes de las políticas LGTBI. Del jurista trans Dean Spade, que ha desarrollado una crítica a las políticas contra la discriminación por LGTBIfobia, rescatamos su advertencia del riesgo que supone retocar mediante este tipo de iniciativas jurídicas sólo la fachada de la violencia neoliberal, que es lo que en último término perjudica y margina aún más a las poblaciones LGTBI más vulnerables. Es por eso que no hay una verdadera política de género si no se acompaña de un cambio social a gran escala. En la medida de lo posible, esta ley contribuye a esta voluntad de cambio poniendo el foco por primera vez en los colectivos LGTBI con más riesgo de precarización o que son víctimas de discriminaciones múltiples: además de ser una ley feminista, que incluye perspectiva de género transversal a todo el articulado, contiene artículos específicos para personas LGTBI de edad avanzada, las personas migradas o solicitantes de asilo, las que están privadas de libertad o las menores y adolescentes. A las mujeres trans, que sufren grandes niveles de violencia, les reconoce una especial protección y establece que se les aplique la ley de violencia de género. En cuanto a violencias, es importante destacar también que esta ley regula por primera vez a nivel jurídico la violencia intragénero, que es aquella que se da entre los miembros de una pareja sentimental del mismo género.

La defensa de esta ley se ubica en un proyecto político amplio con el que En Comú Podem busca recoger las demandas del activismo feminista y LGTBI y promover una transformación social profunda en cuanto al género. El siguiente paso será el registro, antes de fin de año, de una ley integral trans, proyecto liderado por la Plataforma de Derechos Trans. El activismo trans lleva décadas luchando contra la invisibilización a la que sido sometido muchas veces dentro del mismo colectivo LGTBI. Ha llegado la hora de que, también en las instituciones, las personas trans se pongan a la cabeza del cambio social. No en vano, en nuestra sociedad, como dice la historiadora e investigadora trans Susan Stryker, “cada vez que una persona trans respira, realiza una pequeña revolución”.

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