La Ley Maestra que se ha aprobado en Madrid es una oposición directa a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2007.
Ratificar esta Convención significa que es el marco jurídico sobre el que se tienen que implementar normativas que la lleven a cabo y la protejan.
La Convención aporta en su artículo 24 que todas las personas con discapacidad tienen derecho a educación inclusiva, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, así como la enseñanza a lo largo de toda la vida. Para ello se ha de desarrollar su potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana. Desarrollará al máximo la personalidad, los talentos y su creatividad, así como sus aptitudes mentales y físicas. No han de ser excluidos por tener discapacidad de ninguna de las enseñanzas obligatorias así como de enseñanzas superiores.
La señora Ayuso, por el contrario habla de distintas modalidades de escolarización en esta Ley Maestra para los niños con diversidad funcional: educación ordinaria, educación especial, educación combinada además de aulas especiales en los centros ordinarios.
Es decir, mientras que Naciones Unidas insta a que no se haga ninguna discriminación, seguimos con modelos obsoletos donde se clasifica a los alumnos por supuestas capacidades.
Desde 1970 se comenzó en España a atender al alumnado con diversidad funcional. Esta categoría la llaman niños de necesidades educativas especiales, llamados así también en la LOMLOE que no evita tampoco hacer diferenciaciones sobre ellos con el resto de alumnos, como hace en su artículo 73 y 74.
Si los alumnos están en aulas ordinarias los apoyos que ofrecen estigmatizan al alumnado porque hacen que salgan del aula para asistir a recibir estos apoyos, ante la mirada del resto de alumnado que les percibe diferentes. Si el apoyo se queda en la clase, igualmente discrimina al alumno con diversidad porque no es una docencia compartida entre dos profesores, que así debería ser, es la ubicación de casi un profesor sombra que sólo atiende a alumnado con diversidad funcional. Grandes errores que someten al alumnado con diversidad funcional a procesos de acoso escolar por parte de sus compañeros.
La educación especial es aquella a la que un informe de Naciones Unidas de 2017 instó a España a entender que como miembros que han ratificado la Convención, no debe haber unidades escolares que segreguen al alumnado con diversidad funcional.
A renglón seguido tenemos la escolarización combinada que alberga los “apoyos” en centro ordinario, con las estigmatizaciones que sufre el alumnado, más un centro de educación especial. Ni aquí ni allá.
Pero a modo de los años 70, se siguen abriendo unidades de educación especial en los colegios ordinarios, allí va todo aquel alumnado que no quieren en las aulas los profesores por tener diversidad funcional. Además de otros con problemas más acuciantes. Estas aulas no se interrelacionan con el resto del centro ordinario y se acentúa el aislamiento y la falta de inclusión.
La señora Ayuso sigue en su clasificación o segregación y habla de centros preferentes, esto es sencillo de entender: que en un colegio o instituto está adaptado con rampa, allí llevan a todos los niños con silla de ruedas, que hay un profesor de lengua de signos pues otro centro preferente para sordos y mudos. Agrupa, porque así rentabiliza los recursos y no los pone en los centros donde se encuentren alumnos de estas características. De este modo, los alumnos se tienen que desplazar kilómetros hasta esos centros preferentes, llamándoles centros preferentes de motóricos, de cognitivos... y se ahorra dar una educación de calidad, segregando a los alumnos por sus diversidades.
El caso es que la señora Ayuso aporta lo mismo que en 1970: segregación, compartimentación y no le gusta el progreso en el que todos estudien en aulas inclusivas y que la única modificación que se haga es la de emplear una didáctica que permita establecer el principio de equidad dentro del aula. Un diseño universal de aprendizaje en el que los docentes son para todos los alumnos sin profesores específicos. Poder hacer que todos progresen desde sus conocimientos, valorando los avances individuales como herramienta de evaluación.
Tener en esta situación al alumnado le lleva a una segregación apartando a los que ya ha señalado con psicodiagnósticos y dictámenes que sólo hablan de los déficits de estos alumnos, que son tan capaces de aprender como el resto pero que ella no se ha dado cuenta.
Señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, con sus adaptaciones curriculares que es una reducción del currículo, o sea, de los contenidos, deja a los chicos sin conocimientos. En muchas ocasiones sin saber escribir ni leer al llegar a secundaria. Esta situación les aboca al fracaso al señalarlos como alumnos con menos capacidades y reducir los conocimientos a la mínima expresión. Ponga docencia compartida y así de esa forma, reducirá la ratio que le corresponde al profesorado. Más profesores con menos alumnos mejor calidad en la enseñanza y sin estigmatizar.
Deje de clasificarles, deje de llevarles a aulas donde viven apartados en guetos, deje de hacerles psicodiagnósticos donde evalúan los déficits y nunca las potencialidades. Contrate educadores sociales que trabajan desde los derechos humanos y no desde las diferencias. Mireles desde el derecho, desde la posibilidad y aplique una legislación inclusiva donde nuestros hijos convivan juntos sin distinciones, ni categorías.
Actualmente los niños y adolescentes con diversidad pasan a ser adultos sin apenas conocimientos abocándoles a la exclusión social que se potencia desde la escuela donde todos aprenden a ver a unos determinados compañeros que han de estudiar en otros espacios. El ostracismo escolar no es la solución para hacer aulas inclusivas.
La inclusión es el respeto a la diversidad donde la oportunidad es la convivencia de todos y con todos.