La llamada de los jóvenes para salvar la tierra
A cada instante que pasa, se hace más perentoria la defensa de la Madre Naturaleza. Ha pasado el tiempo de los discursos. Estamos hartos de esos acuerdos de conveniencia, en los que priman, una y otra vez, los intereses económicos, corporativos o geopolíticos que tanto daño han producido y producen a la humanidad. ¿Cómo es posible que los más jóvenes, que son los herederos de la tierra, lo vean y quienes dejamos una herencia de destrucción y miseria y que hemos sufrido los embates de la barbarie no somos capaces de reaccionar de una vez en defensa de la naturaleza que está pidiendo ayuda?
Los jóvenes, aquellos a quienes se descalifica desde la atalaya de la apatía, de la madurez y la senectud, desde la “sabiduría” de quienes ostentan los puestos de gobierno o los consejos de administración de las corporaciones, nos sacan los colores y los que nos golpean en la cara con una verdad no ya inconveniente de la que hablara hace más de una década Al Gore, sino con toda la contundencia de la verdad por completo clara y hasta diría que groseramente evidente. “Ustedes, responsables políticos, diplomáticos, representantes de los gobiernos y foros internacionales dejen de mirarse el ombligo y de analizar el sexo de los ángeles y salven al planeta que se desangra por ríos de contaminación, nubes tóxicas, explotación de recursos naturales, deforestación, energías sucias... Dejen ya de asesinar a la Madre Tierra”.
Así, los líderes políticos, si realmente sirven para defender los intereses del pueblo, finalidad para la que se les elige, deben priorizar la lucha común para salvar el planeta frente a cualquier otro interés en sus programas electorales. Este programa conjunto sería un elemento de credibilidad para quienes estamos hartos de engaños y componendas.
Ya no convencen a nadie con sus proclamas. Hace unos días hablando de la defensa del medio ambiente con un grupo de corresponsales europeos me preguntaban cómo podríamos hacer desde Actúa, un partido político nuevo, para llevar a cabo en Europa el New Deal en materia de ecologismo y medioambiente. Las propuestas son amplias y variadas, todas ellas en línea de las demandas y reivindicaciones, por otra parte evidentes, del movimiento Fridays For Future, y todas ellas precisan eso que parece inalcanzable para los responsables políticos mundiales. Es decir, adquirir conciencia de lo que hemos hecho, cual es la situación y lo que está en juego; implementar un programa conjunto -porque nos la jugamos todos- que verdaderamente proteja en expresión de los pueblos originarios a la Pachamama, la Madre Tierra y no la explote extrayendo sus recursos y destruyéndola y, finalmente, cumpliendo lo que se ha prometido. En definitiva, atendiendo al clamor de los más jóvenes que están diciéndonos por donde tenemos que ir.
Nos lo dicen desde todos los rincones del mundo. En más de un millar de ciudades de multitud de países, la generación más joven, adolescentes de 13 años en adelante, han protagonizado una huelga escolar unánime para llamar la atención de los Gobiernos ante la crisis medioambiental que es patente. En España, escuelas e institutos, se sumaron a la acción. Me llama poderosamente la atención que, pese a la corta edad de estos activistas, sean plenamente conscientes de que las generaciones que les precedemos no hemos sabido o querido gestionar el mayor problema que enfrenta la humanidad, pues, deliberadamente o no, hemos omitido encararlo, resolverlo, o al menos mitigarlo. Estamos matando el planeta día tras día ante la mirada indiferente de nuestros dirigentes y de la sociedad en general.
Si no somos capaces de hacer que las cosas cambien, en no muchos años más estos chicos y chicas serán las víctimas inevitables de una continua serie de agresiones medioambientales que no tienen vuelta atrás. La acción inicial de una joven sueca, Greta Thunberg, pionera en esta protesta, está funcionando de manera viral en la concienciación y el interés, principalmente porque se basa en lo más simple y evidente. Ella decidió parar en su escuela todos los viernes para dar un toque de atención a su gobierno por el desinterés sobre el calentamiento global.
Era ya necesaria una llamada al orden de este calibre. No dudo que estos jóvenes van a ser capaces de mantener encendida la llama de la reivindicación y que a este movimiento se irán sumando más y más personas cada año, para poner de manifiesto la desidia y el abandono al que sometemos al planeta.
Ellos señalan el camino, se preocupan ante los efectos corrosivos de lo que están viendo y piden que alguien frene la situación. Ante tal llamada tenemos la obligación de responder de inmediato y con contundencia. Y con ello me refiero no sólo a la imperiosa necesidad de adoptar medidas paliativas o de mitigación del daño que ya hemos provocado, sino a nuestro deber de ir al fondo del asunto. Es verdad que en términos generales, debido a nuestro estilo de vida, en alguna medida todos somos responsables de la destrucción del medio ambiente y del cambio climático, pero es todavía más cierto que algunos tienen mucha mayor responsabilidad por haberlo sabido antes que nadie y haber desinformado, por resistirse a adoptar nuevas tecnologías y fuentes de energía limpia cuando estaban disponibles desde hace años. Otros, desde su posición de autoridad, también son especialmente responsables por no haber adoptado medidas legislativas y políticas, o incluso en algunos casos por haber retirado restricciones medioambientales que ya estaban en vigor para favorecer los intereses de las grandes corporaciones transnacionales.
La protección del medioambiente es multidisciplinar y todos estamos llamados a convertirnos en verdaderos activistas. Desde la esfera jurídica, somos ya muchos los juristas, a nivel internacional, preocupados por el medioambiente y que reclamamos una acción contra la impunidad de la que gozan Gobiernos sin escrúpulos y grandes empresas guiadas únicamente por su insaciable ánimo de lucro y carencia absoluta de moralidad. Compañías que depredan sin control recursos naturales causando la destrucción irreversible de ecosistemas y que contaminan de manera ingente el aire que respiramos, el agua, cada vez más escasa, que bebemos, los océanos donde pescamos. Se trata de auténticos ataques que perpetran contra la naturaleza, que desprecian la vida de miles de especies hoy en vías de extinción, y también la vida de los demás seres humanos que habitamos el planeta.
Ecocidio, un delito no reconocido (aún)
Partimos de la base de que un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en una exigencia social y, como tal, tiene que incluir la aplicación de la justicia como herramienta de defensa del medioambiente. Por esa razón, en los diferentes foros organizados por la Fundación que presido -FIBGAR-, he planteado la necesidad ineludible de contemplar el delito de ecocidio como nuevo crimen internacional y de lesa humanidad. El ecocidio, y aquí sigo la definición propuesta por la abogada experta en la materia Polly Higgins, supone “el daño extenso, la destrucción o la pérdida de ecosistemas de un territorio dado, ya sea por acción humana o por otras causas, hasta tal punto que el disfrute pacífico de los habitantes de ese territorio haya quedado o quede severamente disminuido”. Es éste el diseño de un novedoso tipo penal internacional que describe una práctica ya antigua: la destrucción del medioambiente y su necesaria persecución y castigo global. Aun cuando el término ecocidio puede parecer nuevo, como expreso en mi último libro, No a la impunidad, de la editorial Debate, en realidad viene siendo utilizado por la comunidad internacional desde 1970.
Fue Arthur Galston quien utilizó por primera vez la palabra ecocidio para calificar el daño y destrucción masiva de la selva vietnamita, en una Conferencia que tuvo lugar en el Congreso de Estados Unidos sobre Guerra y Responsabilidad. Poco después, en 1973, el jurista Richard A. Falk propuso a la Organización de Naciones Unidas un proyecto de convención sobre ecocidio. A partir de entonces se inició un largo debate sobre su inclusión o no como delito internacional en el seno de la Comisión de Derecho Internacional y del Comité de Derechos Humanos. Tras un largo recorrido, finalmente, y debido a varios factores que sería largo de relatar, fue incluido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 como crimen de guerra, sancionando únicamente la destrucción intencional del medio ambiente perpetrado en conflictos armados, y además con una redacción bastante restrictiva. Fueron muchos los que lamentaron que el ecocidio no fuese tipificado de manera más amplia, abarcando también el daño medioambiental deliberado en tiempos de paz. Tal vez en ese momento aún estábamos a tiempo de frenar el cambio climático. Hoy los expertos son menos optimistas en cuanto a las posibilidades de revertirlo y nos hablan más bien de cómo limitarlo y mitigarlo.
Protección legal para el planeta
De acuerdo al último informe del organismo de las Naciones Unidas para evaluar el cambio climático, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), todavía es posible limitar el calentamiento global a 1,5ºC, pero ello requeriría de una acción urgente y sin precedentes. ¿Seremos capaces? De momento los grandes líderes mundiales no se han logrado poner de acuerdo más que en un marco general, y ya contamos con ausencias importantes como Estados Unidos bajo la administración Trump, por no mencionar a la reacia República Popular China, entre otros.
En el II Congreso Internacional de Jurisdicción Universal de Buenos Aires organizado por FIBGAR en que se aprobaron los nuevos Principios de Madrid-Buenos Aires de 2015, se dispuso expresamente que esta herramienta jurídica debía ser aplicable a los crímenes contra el medio ambiente que por su extensión y escala afecten a los derechos humanos de grupos o colectividades o supongan la destrucción irreversible de ecosistemas“. Éste es uno de los primero intentos de extender la jurisdicción universal que antaño había servido para perseguir a Pinochet, Scilingo o Hissène Habré, a los crímenes medioambientales.
Los esfuerzos por dar una respuesta legal a este triste fenómeno se han ido sucediendo en diferentes contextos. Un importante avance jurídico fue el documento emitido por la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) el 15 de septiembre de 2016, sobre la priorización y selección de casos a ser investigados que en sus párrafos 40 y 41 permitían centrar la investigación y perseguir los crímenes medioambientales en el ámbito del Estatuto de Roma. Y es que la destrucción del medioambiente, además de ser un crimen de guerra cuando se comete en contexto de conflictos armados, en ciertos casos también puede ser instrumentalizada para la perpetración de crímenes de lesa humanidad.
En aquel documento, la Fiscalía incluye en el concepto la posibilidad de exterminar, trasladar forzosamente a la población, perseguir un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. O perpetrar otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente con la integridad física o la salud mental o física, mediante la destrucción de su medio ambiente.
Terribles realidades
Los ejemplos que me vienen a la mente sobran por desgracia. Señalaré dos casos que se circunscriben a tierras no demasiado mencionadas en los medios de comunicación de nuestro país: Indonesia y Papúa Occidental
Indonesia viene siendo arrasada desde hace décadas por los incendios masivos provocados por el cultivo y la explotación intensiva del aceite de palma que han llegado a producir un verdadero ecocidio especialmente al provocar en 2015 una nube tóxica que cubrió casi la totalidad de los países del Sudeste Asiático representando para sus habitantes verdaderas condiciones de vida insalubres. En este sentido, FIBGAR trabaja con la reputada organización Forensic Architecture para analizar qué foros nacionales e internacionales podrían dar respuesta judicial a este ataque general y sistemático contra el medioambiente que tiene un impacto directo sobre los derechos humanos.
Otro caso paradigmático es el de la Mina Grasberg, en funcionamiento desde 1984: una de las explotaciones más rentables del mundo ubicada en la sierra de Mimika, en la provincia indonesia de Papúa Occidental, tierra ancestral de las etnias Amungme y Komoro. Su accionista principal es la multinacional Freeport McMoran Inc., aunque al parecer la mina está operada por PT Freeport Indonesia, subsidiaria de Freeport Inc. Esta mina de Grasberg ha estado vinculada a las fuerzas armadas de Indonesia, en cuyo salario se incluye proteger los intereses de la empresa. Los residuos tóxicos de esta mina se arrojan a los ríos Ajkwa-Otomina y llegan hasta el mar. El impacto medioambiental es severo. Amparada en las leyes locales Freeport actúa sin reservas.
Hay muchos más casos candidatos a ser calificados de ecocidio, algunos de muy reciente data, como el vertido de 720.000 litros de petróleo en Cullen, Región de Magallanes, Chile; la tala de árboles centenarios en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia; el depósito de lodo tóxico en los socavones de la comunidad de San Nicolás Tlaminca, México; el derrame masivo barriles de petróleo en Trinidad y Tobago; la contaminación del Río Santo Antônio do Grama, Minas Gerais, Brasil; la explotación masiva de recursos naturales, como el coltán , en la región de los grandes lagos en África; o la contaminación de los grandes ríos que parten de la meseta tibetana; o el incendio en la reserva ecológica Indio Maíz, Nicaragua, entre otros.
El interés económico envenena la tierra
Como ya adelantaba, estos hechos no son testimoniales. Continuamente nos enfrentamos a situaciones en que la búsqueda de beneficios por parte de las compañías, el interés económico de los gobiernos (o los gobernantes) no vienen restringidas por ninguna jurisdicción que pueda poner freno a la situación. Mientras tanto, tal interés económico envenena la tierra, aniquila la vegetación, a los animales. Los pueblos originarios y otros habitantes locales ven impotentes cómo se degrada su territorio y se les expulsa. Los activistas medioambientales, por su parte, pierden la vida por atreverse a obstaculizar las perspectivas de beneficios del Consejo de Administración de turno.
Estoy convencido de que la sociedad civil está llamada a exigir el desarrollo del derecho, a perseguir las infracciones administrativas y penales que ya existen en nuestros códigos y vigilar los algunos casos más atroces de flagrantes de agresiones medioambientales. En este contexto, la jurisdicción universal también ha de convertirse en un instrumento eficaz en la lucha contra la impunidad, no sólo derivada de las vulneraciones clásicas contra los derechos humanos, sino también contra los peores atentados contra la naturaleza.
El concepto de ecocidio se va abriendo camino y esto supone un indudable avance, pero resulta insuficiente, pues aún falta mucho antes de que sea reconocido como crimen internacional. Este futuro crimen internacional representa ya una amenaza para los derechos humanos fundamentales, para la paz internacional y para la seguridad y tendrá que ser tratado con la misma severidad que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los de guerra y el crimen de agresión.
Todo esto, sin saberlo es lo que ya intuyen los más jóvenes que salen a la calle y lanzan su grito de advertencia. Nuestra obligación es respaldar su inquietud y dar respuesta, sumándonos de forma efectiva a su causa que es la de todos. La indiferencia es en este caso inaceptable y, definitivamente, un delito… Aunque sea por omisión.
