El mes pasado el director general de economía del BCE calificaba la subida de tipos de interés más de machete de pescadería que de bisturí, pues su corte actúa sobre toda la economía y sus efectos tienen un considerable retraso. Es además un machete romo, pues el origen de la inflación no es una demanda disparada que la subida de tipos pueda pinchar, sino una menor y más cara oferta consecuencia de los cortes en las cadenas de suministro -en particular, de gas ruso-, que no se puede combatir directamente desde la política monetaria, que es capaz de emitir dinero, pero no de imprimir más metros cúbicos de gas o barriles de petróleo. A pesar de todo esto, el BCE está decidido a domeñar el ritmo de crecimiento de los precios talando la demanda a machetazos con subidas intensas y continuas de los tipos de interés, como anunció en La Toja hace unas semanas Isabel Schnabel, representante alemana en el Consejo del Banco Central.
¿Pero no hay otra política económica posible? En el siglo de la digitalización, el big data, la inteligencia artificial… ¿el pensamiento económico solo puede prescribir destruir la economía para moderar la inflación? Si esto fuera así, significaría que su desarrollo como ciencia es aún muy pobre, equivalente al de la medicina del siglo XIX, cuando se recetaban sanguijuelas para combatir la fiebre, algo parecido a la subida de tipos de ahora que succionará la renta desde los bancos para bajar la temperatura de una economía recalentada. Afortunadamente no es así y sí que es posible una política diferente. De hecho, frente al machete lo que hay que emplear es un bisturí que actúe quirúrgicamente para regular los precios en unos pocos puntos críticos: la energía, los alimentos en las grandes superficies y los tipos hipotecarios mediante la portabilidad real de hipotecas entre bancos.
La regulación de precios tiene varias virtudes. En primer lugar, permite moderar la inflación y graduar la señal de precios, pero sin anularla, como sí hacen las subvenciones masivas alemanas de 200.000 millones de euros a hogares y empresas desincentivando el ahorro. En segundo lugar, actúan sobre la raíz del problema, los precios disparados, a diferencia de los impuestos sobre beneficios extraordinarios, que no evitan su aumento ni que siga habiendo sobrebeneficios. Estos podrían ser incluso inflacionistas al girarse sobre empresas con mucho poder de mercado y suponen, además, un rodeo innecesario para compensar con su recaudación a los hogares vulnerables.
En tercer lugar, la regulación de precios posibilita repartir entre salarios y márgenes de beneficio el aumento de los precios exteriores mediante un pacto social cuyo cumplimiento puede monitorizar la Agencia Tributaria (AEAT) con la información que recibe diariamente de las empresas. Por el momento, el peso de la mayor inflación recae sobre los hombros de las familias trabajadoras cuyos salarios negociados crecen un modesto 2,6% frente a un alza media de los precios del 8,6% en lo que va de año (11,1% en el caso de los alimentos) y un 11,9% de los beneficios en los tres primeros trimestres del año. Las empresas no solo están trasladando toda la subida de costes energéticos y laborales a precios, además están aumentando sus márgenes a niveles nunca antes vistos y de manera casi general, tal y como ha puesto de manifiesto la AEAT publicando recientemente información sobre más de un millón de empresas que permite calcular cómo evolucionan los márgenes. La inflación en España no tiene, por tanto, un origen solo en los precios externos, sino también en los internos, que están provocando un fuerte efecto inflacionista de segunda ronda que se comprueba en el elevado ritmo de la inflación subyacente, que en los próximos meses podría superar al índice general.
El Gobierno debe actuar en consecuencia para moderar estos márgenes disparados. La regulación adecuada de los mecanismos de fijación de precios en mercados poco competitivos como los que señalamos ya se está mostrando eficaz, coherente con el mercado y coherente con unos beneficios menores pero razonables para las empresas que participan en ellos. Es el caso de la excepción ibérica que ha posibilitado que la inflación en España (7,3%) haya caído apreciablemente antes que en la Eurozona (10,7%). Su filosofía es remunerar a cada tecnología de la manera más cercana posible a sus costes y características. Esta lógica debe hacerse permanente en el mercado eléctrico y extenderse al gas y a los márgenes de refino de hidrocarburos. Y en el sector bancario debe articularse mediante la prohibición de retirar productos financieros de primera necesidad como está sucediendo con la novación o subrogación de hipotecas.