Madrid tropieza de nuevo en el ladrillo

No cabe duda que la crisis del coronavirus está suponiendo una tragedia social y económica, también para la Comunidad de Madrid. Pero resulta chocante que la primera iniciativa legislativa que anuncia el gobierno de la Sra. Ayuso para hacer frente a la pandemia no sea sobre el blindaje de la sanidad pública o el refuerzo de la atención primaria, ni para establecer una renta mínima vital de cuarentena para la gente que se ha quedado sin medio de vida, como hemos propuesto desde Más Madrid.

No, la primera iniciativa que traen a la Asamblea de Madrid es la reforma de la Ley del Suelo, para, según sus propias palabras, favorecer al sector de la construcción. Lo cual la verdad es que es toda una declaración de principios de lo que es y quién manda en el Partido Popular.

Sin embargo, la construcción no es un sector estratégicamente tan importante en la Comunidad de Madrid como lo era a principios de siglo. Tanto en el porcentaje de población activa como en el PIB ha caído por debajo del 5% del total, y aún así, hasta 2019 ha mantenido un crecimiento sostenido superior al 4% anual. Hay seguro otros sectores más prioritarios en la región, como el sector agrario, o los servicios públicos relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales, donde como vemos cada día las necesidades son acuciantes.

Pero es que, además, la pretendida reforma de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid no es más que la desregulación pura y dura de una serie de licencias urbanísticas, eliminándolas y sustituyéndolas por declaraciones responsables para actividades como la explotación de áridos, el depósito de vertidos, las demoliciones, los cerramientos, las parcelaciones y la construcción de naves industriales. Incluso, pretenden eliminar las licencias de primera ocupación, dejando a los potenciales perjudicados solo con el derecho al pataleo a posteriori.

Ocultan deliberadamente que para agilizar las licencias, algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, lo más efectivo sería ayudar a los ayuntamientos a tener más personal en las gerencias de urbanismo, que es el auténtico cuello de botella de esta cuestión.

Claro que estamos a favor de la reducción de la burocracia y la mejora de la eficacia administrativa, pero eso no puede implicar la desaparición de controles y garantías urbanísticas que son necesarias para que prevalezcan los derechos de los consumidores y de los trabajadores y el medio ambiente.

Mientras en España y en Europa se habla de Green New Deal, de un pacto verde, de digitalización y reforzamiento de los servicios públicos, en Madrid lo único que nos proponen es un nuevo ladrillazo y tentetieso, apostando por un modelo de alto impacto ecológico, cuyo fracaso económico y social ya culminó en 2008. Para muestra, el nuevo hospital de pandemias que Ayuso ha empezado a construir en Valdebebas por 50 millones, cuatro veces más de lo que supuestamente nos ahorraríamos con esta reforma legal, según las cuentas de la patronal inmobiliaria de Madrid y adoptadas sin más por la Sra. Ayuso. La propia ASPRIMA (Asociación de Promotoras Inmobiliarias de Madrid) señala en su informe que la mayor parte de estos sobrecostes se originan en el retraso de las licencias de obra nueva residencial, que no pueden ser suprimidas por esta reforma, por ser obligatorias por la legislación estatal. También en ese informe de ASPRIMA se achaca a la falta de personal y de digitalización de los trámites buena parte de los retrasos.

Esta reforma es un ejemplo de libro de lo que Naomi Klein llama la doctrina del shock, el capitalismo del desastre, aprovechar la angustia económica de la sociedad como consecuencia de una causa sobrevenida, para desregular a saco en beneficio del capitalismo de amiguetes.

Pretenden, además, reformar una ley tan importante como la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid por artículo único mediante el trámite de urgencia y directamente en Pleno, por el procedimiento denominado de lectura única, modificando de un plumazo y sin las más mínimas garantías democráticas de debate y enmienda, nada menos que 13 artículos de esa ley, en un atropello democrático que desmiente una vez más los supuestos deseos de regeneración democrática del partido Ciudadanos, que parece dejarse avasallar una y otra vez por las veleidades ultraliberales de la señora Ayuso.

Este procedimiento tan acelerado, en plena pandemia y sin diálogo ni debate previo, ni político ni social ha provocado, la publicación de un manifiesto firmado por entidades sociales muy diversas, como la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, Ecologistas en Acción, la FRAVM, o la Coordinadora de Vivienda. Junato a ellas, los sindicatos CCOO y UGT, además de varios partidos políticos, incluidos Más Madrid y EQUO, reclamando un proceso de diálogo en especial con los ayuntamientos, que son los competentes para aplicar después estas normas.

El Partido Popular no tiene remedio y tropieza siempre en el mismo ladrillo, apostándolo todo a la construcción. Siempre propone la misma receta bajo el eufemismo de una colaboración público-privada de lo más sui géneris, en la que las empresas no arriesgan casi nada, ya sea vendiendo vivienda pública a fondos privados, liberando suelo público a precio de saldo para construir, otorgando concesiones de decenas de años a cambio de supuestos beneficios sociales en forma de infraestructuras sin estudios previos, o eliminando garantías y controles urbanísticos. Todo a cambio de unas etéreas promesas de crecimiento económico y creación de empleo que nunca se cumplen.

La materia gris que hay que fomentar en la Comunidad de Madrid ya no es ni cemento, ni hormigón. Es la inteligencia y el talento, la investigación, la ciencia y la cultura, el medio ambiente y la reindustrialización verde, la movilidad sostenible y la agroecología. Sólo así saldremos de la crisis con pie firme para afrontar un futuro incierto, en el que además del virus nos acecha el cambio climático.