Nos llegan noticias preocupantes desde el sureste asiático. Todos los que amamos nuestro planeta miramos con preocupación hacia Malasia ante la reciente denuncia de su ministra de medio ambiente de tráfico ilegal de residuos procedentes de diferentes países, entre ellos España.
Como no puede ser de otro modo, y como desde Ecoembes ya hicimos el año pasado con el cierre del mercado chino a las importaciones de basura sin tratar, aplaudimos la decisión del gobierno malasio de devolver a los países de origen la basura que les ha llegado de manera irregular. ¿Con qué autoridad moral puede un Estado –especialmente del “primer mundo” – hablar de defensa del medio ambiente mientras permite que aquellos residuos que no ha sido capaz de reciclar acaben en terceros países? El cuidado de nuestro planeta exige más coherencia y menos atajos.
Pero esta misma contundencia con que defendemos la tolerancia cero frente al contrabando de residuos debemos usarla también para dejar muy clara una premisa ineludible en España: ni un solo envase que el ciudadano deposita a diario en el contenedor amarillo y azul -y de los cuales Ecoembes y las administraciones públicas somos responsables- se ha enviado ni a Malasia ni a ningún otro país asiático. Por eso mismo condenamos sin paliativos una práctica que no solo no nos representa, sino que está lejos de los principios de responsabilidad, transparencia y control que mueven cada uno de nuestros pasos.
Esta contundencia, alejada de cualquier tentación oportunista, es reflejo de una confianza plena en nuestra función social y en nuestros sistemas de trazabilidad, auditoría y sanción. Gracias a ellos mantenemos un control total del 100% del ciclo del reciclaje de los envases domésticos –son solo un 8% del total de los residuos urbanos y 1/3 de los de plástico-, desde que el ciudadano los coloca en el contenedor amarillo o azul hasta que salen de la planta de reciclado.
Resulta especialmente descorazonadora esta noticia, sobre todo cuando el tema parecía bien encauzado. Recientemente una mayoría más que cualificada de estados acordó poner orden en este sentido cuando los 187 países que forman parte del Convenio de Basilea decidieron regular este tráfico y evitar que las naciones en desarrollo sigan recibiendo desechos sin control.
El rumbo tomado es positivo y esperanzador, pero no podemos dejarnos mecer plácidamente por él: nuestra responsabilidad debe ir más allá y materializarse en toma de decisiones concretas que refuercen el control, la auditoría y, en los casos necesarios, la toma de medidas disuasorias en forma de sanciones ejemplarizantes, proporcionales al tamaño de la amenaza. No olvidemos que la modificación de 2014 del reglamento 1013/2006 refuerza aún más los sistemas de inspección en la exportación a terceros países de residuos destinados a su eliminación (es decir, aquellos fuera de la recogida selectiva para su reciclado). La norma ya está escrita, todos nos debemos acoger a ella, sin excepciones. Y quienes no lo hagan deberán ser castigados. Cualquier dejación en la vigilancia y castigo de esta situación nos colocaría en la condición de cómplices.
De la misma manera que no existe alternativa a nuestro planeta, no concebimos una estrategia que no vaya en esta dirección. La foto de Malasia nos devuelve a una realidad a todas luces incompatible con la responsabilidad individual de cada estado en la gestión adecuada de sus propios residuos.
Son estos principios inquebrantables los que nos están permitiendo incrementar cada año el compromiso ciudadano con la separación de residuos para su reciclaje. Gracias a ellos estamos construyendo una economía circular cada vez más capaz de reintroducir sus residuos en la cadena productiva, reduciendo el uso de materia prima, fomentando el consumo y la producción sostenible y, sobre todo, dejando a un lado un modelo lineal e industrial basado en producir, consumir y tirar.
Solo siendo vigilantes con el procedimiento, ambiciosos con nuestro objetivo e incansables con nuestro compromiso conseguiremos avanzar en los próximos 20 años tanto como lo hemos hecho en los últimos 20. Por ello exigimos una vez más a las autoridades -tal y como venimos haciéndolo desde hace muchos años- la creación de un observatorio que vele por la buena praxis y mejore el control en la gestión de todos los residuos urbanos del país. Y por extensión, pedimos a los diferentes organismos sociales y medioambientales que se sumen a esta reclamación en aras de una mayor transparencia y credibilidad del sistema, lejos de ideologías y oportunismos. Contamos con un objetivo compartido y cualquier dejación de responsabilidad al respecto lo pagaremos caro. Hay mucho en juego.