Memoria democrática, impunidad y tramitación parlamentaria

 Hace 43 años que la Constitución del Estado español consagró en su artículo 24 el derecho a la tutela judicial efectiva garantizándose, siquiera formalmente, el acceso a la justicia por parte de todas las personas que así lo requirieran o demandaran.

El citado precepto constitucional ha sido incumplido reiteradamente por el Estado español respecto a todas las personas, y sus familiares, que sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos como consecuencia de los crímenes franquistas que se cometieron: asesinatos, desapariciones forzadas, trabajo esclavo, encarcelamientos, robo de bebés, torturas, expolio patrimonial.....

Los juzgados y tribunales españoles se niegan a investigar y, en su caso, enjuiciar los crímenes contra la humanidad que fueron cometidos en y por el Estado español durante mucho más de cuarenta años, consolidando un modelo de impunidad que en ningún caso es aceptable ni en términos democráticos, ni en términos jurídicos desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Penal.

Así, desde diferentes instancias internacionales se viene demandando al Estado español que revierta la situación de impunidad mantenida y que para ello facilite e impulse, entre otras cuestiones, la investigación judicial de los crímenes franquistas. En este sentido podemos citar, a modo de ejemplo, los informes emitidos por órganos de Tratado y Mecanismos adscritos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como son el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité de Desapariciones Forzadas, Relatores Especiales, etc…..

A ello conviene sumar, cómo no, las demandas que en este sentido mantienen desde hace muchos años el conjunto del movimiento social memorialista.

El revertir, de una vez por todas, el modelo de impunidad que mantiene el Estado español, que impide la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas, es una urgencia de carácter democrático.

En la actual legislatura se encuentran en tramitación parlamentaria tres iniciativas legislativas importantes para tratar de poner fin a la impunidad de los crímenes franquistas: el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, la Proposición de Ley de Bebés Robados en el Estado español y la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales.

La Proposición de Ley de reforma de la Ley de Secretos Oficiales fue registrada y publicada en el Boletín Oficial en el mes de enero de 2020, la de Bebés Robados en el mes de marzo de 2020 y el Proyecto de Ley de Memoria Democrática en agosto de 2021.

Habiéndose superado en exceso el ecuador de la actual legislatura las tres iniciativas legislativas se encuentran sometidas a sucesivas e injustificadas prórrogas en el trámite de enmiendas lo que, de facto, supone un bloqueo en su tramitación.

Como decíamos es urgente terminar ya con esta situación y dar urgente curso a las iniciativas legislativas citadas, máxime cuando comprobamos día a día como se extiende y avanza el discurso de negación de derechos fundamentales por los sectores más reaccionarios del Estado. Por tanto, resulta imprescindible proceder a desbloquear las tres iniciativas legislativas, avanzar sin más demora en su tramitación y proceder a su aprobación con unos contenidos acordes a los estándares en materia de derechos humanos que le han sido exigidos al Estado español y que están siendo reclamados a su vez por el movimiento memorialista.

Y todo ello porque lo merecen las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos, sus familiares y, en definitiva, la sociedad en su conjunto. Se trata de una cuestión de dignidad democrática.