Cerca de 60.000 estudiantes de la Comunidad de Madrid que cursan 4º de la ESO dejan este viernes a un lado sus clases habituales para realizar, durante toda la jornada, las polémicas pruebas conocidas como reválidas. Unas pruebas que, entre otras cosas, supondrán un coste para las arcas públicas de 420.000 euros, que irán a parar a una empresa externa (ODEC, S.A.) que analizará los datos obtenidos. El resto de comunidades –a excepción de La Rioja– ha optado por no externalizar, por el momento, la realización y análisis estadístico de estas pruebas.
Mucho se ha hablado de las reválidas durante este curso, y no es para menos. La última de las medidas de la controvertida LOMCE que quedaba por implantar supone el apuntalamiento definitivo de un nuevo modelo educativo.
Este modelo se articuló discursivamente sobre la calidad, entendida únicamente en base a los resultados de nuestro país en pruebas estandarizadas internacionales como PISA. Poco pareció importarle al Partido Popular que la propia OCDE llevara años reconociendo que la incidencia de las reformas legislativas sobre los resultados finales de estas pruebas es muy limitada, o destacando que son los sistemas continuos y globalizados de evaluación, acompañados del apoyo regular, temprano y sostenido a los alumnos/as lo que mejora la calidad del sistema educativo. Tampoco le hizo falta al Partido Popular convencer a nadie de las bondades de las reválidas, contaba entonces con mayoría absoluta en las Cortes.
Sin embargo, la nueva aritmética parlamentaria que acompañó el comienzo del curso 2016/2017, unida a la movilización de la comunidad educativa, ha obligado al Gobierno a paralizar la implantación de las reválidas tal como se diseñaron en el proyecto original.
Tenemos ahora nuevo ministro y nuevo Gobierno. O no tan nuevos. Recordemos que el señor Méndez de Vigo fue el relevo de Wert cuando este pasó literalmente a mejor vida como embajador español de la OCDE, con un sueldo de 10.000 euros, mansión y coche oficial con chófer. No tan nuevo es tampoco un Gobierno que ha tenido que teñir su discurso con los tonos del diálogo y el talante una vez perdido el cheque en blanco de la mayoría absoluta.
Estos nuevos adalides del diálogo acceden por fin a la exigencia de la comunidad educativa y paralizan las reválidas, convirtiendo en “muestral” una prueba de evaluación final que, en principio, iba a ser obligatoria para todo el alumnado. Sin embargo, la preocupación de buena parte de la comunidad educativa y la sociedad no ha terminado. ¿Por qué?
Echando la vista atrás, las evaluaciones muestrales como la que se está realizando hoy en Madrid no son nuevas en nuestro sistema educativo. La LOE ya establecía las conocidas como Evaluaciones Generales de Diagnóstico en todo el Estado. La cuestión de la evaluación de nuestro sistema educativo no ha estado nunca exenta de polémica. El error fundamental de este Gobierno y de su ley es que confunde evaluar el sistema con evaluar al alumnado. Este error tampoco es tan nuevo ni tan bienintencionado como pudiera parecer. Ya sabemos lo que pasa cuando la calidad de un centro se mide por el alumnado que escolariza, y eso los expertos y expertas de la segregación lo conocen bien. Parece, bajo esa óptica, que los recortes, las aulas masificadas y la falta de material escolar no tienen ningún efecto en los resultados académicos, cuando sabemos que influyen y mucho.
Las reválidas o evaluaciones finales tienen el objetivo de seleccionar al alumnado que titula en las enseñanzas de Secundaria y Bachillerato en base a criterios externos a los centros y los equipos docentes. Suponen por tanto una re-evaluación del alumnado y siembran la desconfianza en el profesorado, al que se le cuestiona su capacidad para evaluar y decidir sobre la promoción de sus estudiantes.
Tanto rechazo han generado las reválidas que estas han acabado transformándose en un sistema de evaluación que no es en sí mismo ni una prueba final, ni una evaluación de diagnóstico. Suponen por tanto una chapuza pedagógica y política de primer orden, que el Gobierno no parece tener intención de reparar. Sindicatos y profesionales de la educación han cuestionado ya el escaso valor estadístico de una prueba que variará en cada Comunidad y cuyas muestras no serán equiparables.
Las nuevas reválidas no servirán tampoco para detectar dificultades en el alumnado e incidir sobre ellas, ya que se hacen en el último curso de la educación secundaria, cuando el alumnado sale del centro para cursar (o no) estudios post-obligatorios. Queda en cuestión por tanto el carácter formativo y orientador que se le atribuye a esta prueba. Algunas administraciones, como la Comunidad de Madrid, han determinado necesario que los centros elaboren planes de mejora en función de los resultados obtenidos hoy. Se podría cuestionar entonces la validez de un plan de mejora que se realiza para incidir en los resultados de un alumnado que ya no estará en el centro cuando este se ejecute.
Ante la evidencia de que estas pruebas no contribuyen a la mejora del sistema educativo, ponen en duda el magnífico trabajo de las y los profesores y sobrecargan al alumnado con re-evaluaciones ineficaces, ¿qué podría estar detrás del interés del Partido Popular en su implantación? ¿Tendrá algo que ver con el suculento negocio de la externalización de las pruebas ahora que la Ley lo permite?
Nos preocupa, en último término, que pretendiendo mejorar los resultados en estas y otras pruebas de evaluación estemos mandando a nuestro alumnado un mensaje claro: “No nos importa lo que aprendáis en nuestras escuelas o cómo lo hagáis, sólo nos importa la nota que saquéis en los exámenes”. La conclusión es clara, de nada sirve aprender lo que no se pregunta en las pruebas. El problema es que en la vida y en nuestra sociedad no hay una única respuesta correcta para cada situación, y hacerles pensar lo contrario, supone un flaco favor para aquellos y aquellas de quienes esperamos tanto.