En otoño descargué todos los expedientes de contratación del Gobierno de Cantabria y los crucé con las listas de candidatos políticos. Mi experimento afloró el millón de euros que el bipartito en el gobierno autonómico ha adjudicado a sus propios candidatos electorales mediante contratos menores: una figura administrativa poco fiscalizada que favorece la adjudicación directa de obras y servicios. El tsunami posterior llegó al Parlamento de Cantabria en forma de proposición no de ley y de debate, y acaba de ser reconocido por SAS Institute —una multinacional estadounidense— como uno de los mejores proyectos de ciencia de datos en España y Portugal en 2020. Más aún, mi iniciativa ha despertado el interés de los Mossos d'Esquadra y técnicos de la Oficina Antifraude de Cataluña, con quienes he podido compartir la metodología informática de mi análisis para valorar su aplicabilidad en la región del “tres per cent”.
Vivimos un momento en que los tecnólogos y especialistas en ciencia de datos tenemos tanto que aportar a la lucha contra el fraude y la corrupción en las instituciones como los jueces y fiscales que investigan este mal endémico español. No lo digo solo yo; es este mes el tema de portada del magazín alemán Rethinking:Law, sobre tecnología, derecho y democracia. Con los masivos fondos Next Generation EU en ciernes, el clamor ciudadano por la transparencia en la contratación pública necesita de datos públicos. Y nadie tiene más y mejores que el Registro Mercantil. ¿Su finalidad? «Dar publicidad a los hechos y actos de empresas y autónomos para que puedan ser conocidos». La cita es del sitio web del Ministerio de Justicia, el organismo del que depende el Registro.
El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) es el diario oficial para la publicidad del tráfico mercantil. Aunque su sección de actos inscritos acumula más de 6 millones de anuncios en una década, el portal oficial no tiene siquiera un buscador para explorarlos. Recientemente un informático independiente acometió la tarea de programar uno, y lo ofrece libre y gratuitamente a todo el mundo: lo ha llamado LibreBORME. En lugar de un marquesado por esta gesta, ha recibido un burofax con amenazas, pues parece que el BORME es antes una marca registrada que un servicio público.
El Registro Mercantil es un instrumento capital en la prevención y detección de la corrupción y el fraude. Pero sus datos están secuestrados. En mi cuenta de Twitter he descrito la experiencia de una consulta paralela al registro español y a sus homólogos británico y checo. No para comparar lo incomparable —la realidad normativa de los tres países es, como no podría ser de otra manera, diferente— sino para exponer y denunciar la calculada y perniciosa opacidad del sistema español desde la perspectiva de quienes más lo usamos: autónomos, pequeños empresarios y una ciudadanía cada vez más consciente de la importancia de la transparencia en las operaciones mercantiles.
La incomprensible realidad actual es que a usted y a mí, como españoles, nos es más accesible conocer las personas y las cifras públicas de una peluquería escocesa o tras una remota ferretería checa que las de la pyme del cuñado del alcalde. No es solo que la descarga masiva y automatizada de la información registral se ve dinamitada por un arancel de consulta establecido por decreto en los años 50 del siglo pasado, sino que el acceso directo a esta valiosísima fuente de información es explotado comercialmente en detrimento de un incuestionable interés público: el de la transparencia en las operaciones mercantiles y la contratación pública.
Si la finalidad del Registro es —como afirma el Ministerio— «dar publicidad» a los hechos y actos de empresas y autónomos, no se entiende que el verdadero tesoro público que constituyen estos datos languidezca en un recinto amurallado con el corporativismo de los registradores y la perenne inacción del Ministerio de Justicia. Ahora que el país del Lazarillo de Tormes enarbola el pendón milmillonario del fondo europeo de recuperación, liberar los datos mercantiles es una necesidad nacional.
Vivimos un momento histórico en el que una ciudadanía empoderada con tecnología, ciencia de datos y unas incipientes leyes de transparencia puede desempeñar un papel relevante en una fiscalización positiva de las compras públicas. Pero como país, necesitamos un diario electrónico de operaciones mercantiles efectivamente abierto. Un diario donde todos los registros sean automáticamente descargables en forma estructurada y de modo gratuito, como sucede en otros países europeos. Un diario que promueva la integración de sus datos con otros sistemas de información, tales como los portales de transparencia o la Plataforma de Contratación del Sector Público. Un diario donde sociedades y directivos estén representados con un identificador unívoco que permita la trazabilidad de movimientos mercantiles entre registros y actos registrales. Un diario donde el balance y la cuenta de resultados de las empresas, que son documentos públicos, sean igualmente descargables sin coste ni limitaciones, e integrables de forma automática con otras plataformas y bases de datos.
España necesita, en definitiva, un boletín oficial mercantil que sea efectivamente público, abierto e interoperable. Al servicio de la transparencia en el comercio y no del corporativismo de los registradores ni de otros intereses espurios