2016 no ha sido un buen año para las libertades de expresión y de información. A pesar de la aparente calma por tratarse de un año electoral y de provisionalidad política, los juicios, sanciones y denuncias contra periodistas, medios o activistas no han cesado.
Precisamente, para visibilizar y dar contexto a estos ataques y amenazas, desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), de la que es miembro eldiario.es, hacemos un seguimiento continuado de estos hechos, imprescindible para no caer en relatos tramposos como la reciente afirmación del presidente del gobierno, sobre la ausencia de problemas en España en este terreno.
Un indicador de la situación es el hecho de que, incluso las noticias positivas del año, lo son por haber resuelto favorablemente lo que eran procedimientos, administrativos o judiciales, contra el ejercicio de estas libertades.
Los siguientes serían los casos más relevantes del 2016:
1. Juicio al periodista Raúl Capín
En enero comenzaba el juicio contra el fotógrafo Raúl Capín. El fiscal le pedía dos años de cárcel por un presunto delito de atentado contra la autoridad cuando cubría las marchas de las “Mareas ciudadanas” contra los recortes en febrero de 2013. Finalmente, fue condenado a una multa de 1.260 euros por agredir a una policía.
El periodista siempre ha negado estos cargos y su abogado consideraba que no había pruebas suficientes: “Capín es víctima de una ”persecución“ por retratar las acciones policiales en las manifestaciones”.
2. Detención y cárcel para los titiriteros de Madrid
Durante la celebración del Carnaval en Madrid, dos artistas fueron acusados de enaltecimiento del terrorismo tras una representación con títeres, lo que les llevó permanecer en prisión preventiva sin fianza. Terminaron siendo puestos en libertad, pero hasta la celebración del juicio se les retiraron los pasaportes con la prohibición de abandonar territorio español. En septiembre la Audiencia Nacional archivó definitivamente la causa.
3. Un año de ‘Leyes Mordaza’
El 1 de julio se cumplió un año de la entrada en vigor de las normas conocidas como ‘Leyes Mordaza’ por la amenaza que suponen para las libertades de expresión e información.
Solo en los siete primeros meses de aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad ciudadana se impusieron 40.000 sanciones. Entre estas, algunas tan insólitas como la multa a una joven por usar una mochila con la inscripción “All Cats Are Beautiful”, la sanción de 800 euros a una mujer por sacar una foto a un coche de policía mal aparcado o el hombre multado por llamar “escaqueados” a los policías de su pueblo en Facebook.
Al menos cuatro profesionales han sido sancionados en este periodo con multas de más de seiscientos euros cada uno mientras cubrían hechos noticiosos para sus medios.
La Justicia ha anulado ya algunas de las multas impuestas por la Ley Mordaza, como la de la Subdelegación gubernamental en Lugo a miembros de una plataforma vecinal que se oponían a las obras de encauzamiento de un río, o la de la Delegación del Gobierno en Cantabria contra un activista de la PAH.
También la Defensora del Pueblo se ha pronunciado contra este tipo de sanciones: a finales de noviembre instaba a revocar la multa a un periodista tras una queja de la PDLI.
4. Filtraciones peligrosas
En marzo, Rafael Catalá, entonces ministro de Justicia en funciones, anunció la apertura de una investigación tras la información publicada por eldiario.es acerca de los mensajes de apoyo que recibió de los reyes el empresario Javier López Madrid, implicado en el caso de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid.
El diario Público, por su parte, tuvo que enfrentarse en junio a la irrupción de la policía en su redacción para conseguir, sin orden judicial, las grabaciones del ministro del Interior de las que este medio había venido informando.
Además, a principios de diciembre, el juez Arturo Zamarriego prohibió al diario El Mundo y a su director, Pedro G. Cuartango, al que amenazaba con penas de hasta cinco años de cárcel, difundir las informaciones del caso ‘FootballLeaks'. La prohibición la hacía extensiva a cualquiera de los medios de comunicación europeos que destaparon el caso.
5. Petición de cárcel para dos periodistas de ABC
La Fiscalía pedía dos años y medio de prisión a Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, periodistas de ABC, por publicar un pinchazo telefónico a presuntos miembros de la mafia italiana en el que se mencionaba a Bárcenas. La información de ABC fue publicada cuando los dos investigados ya estaban detenidos y en ningún caso puso en peligro las pesquisas. El fiscal, Julián Salto, atribuía un delito de revelación de secretos a los periodistas.
La PDLI se dirigió entonces a la Fiscal General protestando por esta petición de cárcel y pidiendo un cambio de criterio, como finalmente así ocurrió. La causa fue archivada.
6. Cebrián, contra los medios de los “Papeles de Panamá”
Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa, emprendió una batería de medidas contra periodistas y medios a raíz de informaciones que relacionan a su entorno con los “Papeles de Panamá”. Tras el anuncio de demandas judiciales contra eldiario.es, La Sexta y El Confidencial, se despidió a Ignacio Escolar de la SER y se ‘suspendió’ la colaboración de José María Zarzalejos. Además, se envió un requerimiento a los trabajadores de El País para que no participasen en programas de La Sexta. En octubre, El Confidencial informaba que había sido demando por Prisa por competencia desleal tras los papeles de Panamá.
7. La libertad de expresión en el banquillo
El humorista Facu Díaz fue imputado por un chiste de humor negro de 2013, el líder del grupo Def Con Dos, César Strawberry fue juzgado por presunto enaltecimiento del terrorismo y humillación por seis tuits y un retuit publicados en 2013 y 2014, y la Audiencia Nacional reabrió, por tercera vez, la causa contra Guillermo Zapata.
También en 2016 tuvo lugar el juicio contra Rita Maestre por un supuesto delito contra los sentimientos religiosos tras una protesta en la Universidad Complutense en 2011. Fue absuelta finalmente.
Otra sentencia relevante fue la del caso Anonymous: los acusados de ser, según la policía, la “cúpula” del movimiento, fueron absueltos.
8. Las iniciativas legislativas del PP: la reforma de la Ley del derecho al honor y la ‘Ley Mordaza’ de Cifuentes
En noviembre, el Grupo Parlamentario Popular presentaba una proposición no de ley para reformar la Ley Orgánica de protección del derecho al honor, que todo apunta a que sea una nueva amenaza a la libertad de expresión.
El Gobierno del Partido Popular en Madrid, a su vez, aprobaba un polémico proyecto de Ley que contempla multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales.
9. Se deteriora la libertad en RTVE
Los periodistas de RTVE han venido denunciando a lo largo del año la falta de neutralidad de las informaciones de la televisión pública. La caída de audiencia, y también de la credibilidad de los informativos, recogida por uno de los últimos barómetros del CIS, confirman el deterioro de la libertad de información en los medios públicos estatales.
10. Y otros hechos relevantes
En julio el Tribunal Supremo acaba de desestimaba un recurso sobre el reparto de frecuencias realizado por Gobierno en 2014 en el que se excluía a las emisoras comunitarias, impidiendo su acceso a frecuencias a estas emisoras a pesar de su reconocimiento en la Ley General Audiovisual, tal como denunciaba la Red que integra a estos medios.
En el plano internacional, la PDLI ha denunciado a lo largo de este año la situación que se vive en Turquía tras el fallido golpe de Estado y que, entre otras consecuencias, ocasionó la detención y deportación de la periodista española Beatriz Yubero.
Finalmente, también cabe reseñarse la multa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Google por el llamado “derecho al olvido”. La AEPD consideraba que el buscador no debe informar a los medios de comunicación de los contenidos que Google desindexa a petición de usuarios que hayan podido ver vulnerado su derecho a la intimidad, independientemente de su relevancia pública o el interés informativo del caso.
Y las previsiones
En cuanto al avance de los asuntos a los que deberíamos estar atentos en el año entrante hay que mencionar: la más que probable modificación de la legislación en materia del derecho al honor y sus consecuencias para la libertad de expresión; la posibilidad de que se concreten las amenazas de regular las filtraciones periodísticas o las informaciones sobre sumarios judiciales, con la intención de restringirlas; y reformas legislativas, como las de las ‘Leyes Mordaza’, la de RTVE o la de la Ley de Transparencia, que van a abordarse con casi total seguridad, aunque con un alcance más que incierto.
Yolanda Quintana
Secretaria General