La movilidad de las promesas electorales. Un experimento fallido

En 1996, seis de cada diez viajes mecanizados en la región se realizaban en transporte público y cuatro en coche. Más de veinte años después, se ha invertido ese reparto y hoy sabemos que seis de cada diez viajes se realizan en coche. Entre medias, hemos vivido cómo la Comunidad de Madrid inauguraba infraestructuras de transporte a golpe de cita electoral: se han construido las líneas 8, 10 y metrosur, la ruinosa ampliación de la línea 7b, un segundo túnel de cercanías entre Atocha y Chamartín, los no menos ruinosos metros ligeros, la prolongación norte y sur de la línea 9 o el plan de intercambiadores entre otros. Aunque también se construyó la M 11, 12, 13, 14, 23, 31; las radiales 2, 3, 4, 5; la M45, se finaliza la M50 y se amplía de capacidad la M40, la A6 y la M30. ¿Impresionante, no? Resulta complicado estimar el desembolso en infraestructuras de transporte, pero podemos asegurar que la cifra supera los 50.000 millones de euros para hacer de esta Comunidad una región mucho más insostenible hoy que hace 20 años. Todavía algunos piensan que el problema se puede resolver con más infraestructuras y vuelven a plantear desdoblar la A1, la ampliación de la capacidad en el norte de la M30, de la A5, la gratuidad de las autopistas de peaje que constituiría en sí duplicar el acceso a Madrid por varias vías: que la rueda no pare.

Lo cierto es que han sido veinte años de abandono absoluto de cualquier política de planificación a medio o largo plazo, veinte años de carencia absoluta de modelo territorial y de movilidad. Veinte años de respuesta a las necesidades de la élite económica que bajo su batuta ha dirigido y condicionado el presente y futuro de nuestra región convirtiéndola, con el consecuente derroche de dinero público, en una de las más insostenibles. Política a golpe de inauguración buscando el rédito electoral y, presuntamente, previo pago del 1% correspondiente con cada nueva infraestructura destinando, también presuntamente, a objetivos muy alejados del interés general.

El pasado miércoles 26 de febrero, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid presentó los resultados de la última Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2018 después de 14 años sin datos. Al parecer, alguien decidió guardar esta nueva encuesta en un cajón hasta que pasaran las citas electorales. Han sido 14 años tomando decisiones a golpe de sondeo electoral. De esos sí que ha habido varios durante este período.

La planificación, la búsqueda de una región más sostenible, cercana, próxima, que abandone el modelo de polarización residencia-trabajo que ha condenado la movilidad de nuestra región no entraba en los planes. Nadie consideró necesario tener datos para elaborar estrategias coherentes que coordinaran el modelo territorial y de transportes o evaluar las políticas llevadas a cabo una vez rota la cinta y hecha la foto.

Pensemos en toda esas generaciones que durante este tiempo han sido expulsadas de sus ciudades de origen donde no podían pagar un alquiler y mucho menos un piso en propiedad. Han quedado relegados al uso del coche en este proceso centrífugo bajo la promesa de estar “a veinte minutos de Madrid”. Porque todos los núcleos urbanos de la Comunidad de Madrid estaban a 20 minutos en coche de Madrid y, si no lo estaban aún, lo estarían con la nueva gran autovía que iba a construir el gobierno regional desde la puerta de sus casas al centro de la ciudad. Hoy sabemos que lo que consiguieron es 20 minutos más de atasco todos los días que hace 20 años y la correspondiente condena de nuestra salud.

Pero no nos llevemos a engaño. La Comunidad de Madrid sí ha tenido una política muy clara de ordenación del territorio: declarar que todo lo que no fuera urbanizable podría serlo, como así hizo la Ley del Suelo de Esperanza Aguirre. Esta herramienta venía a ser la panacea a los problemas de acceso al alquiler en nuestra región. Sin embargo, bajo ese paraguas, se camuflaba una de las herramientas más especulativas jamás conocida y, ¡oh! sorpresa, el mercado no resolvió el problema. Y así estamos, crisis mediante, con los mismos o mayores problemas de acceso a la vivienda y, de aspiraciones de relacionar lugar de residencia y trabajo, mejor no hablemos.

La triste figura del Consorcio Regional de Transportes de Madrid requeriría de un análisis separado. Ha pasado de ser un organismo técnico de planificación a un juguete roto de los responsables políticos de turno que comprometen día a día la dignidad de los técnicos que lo habitan. En la presentación de la EDM del pasado 26 de febrero no escuchamos ni una sola asunción de responsabilidad después de presentar los peores datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad en sus 34 años de existencia.

Lo más trágico es que el daño está hecho. El territorio no se puede reconfigurar ni los patrones de movilidad inducidos durante décadas se cambian de la noche a la mañana. Sin embargo, es preciso actuar. No podemos continuar con la ausencia de intervención de los último años cuya inercia nos está poniendo a la cola del mundo cuando partíamos de posiciones de cabeza. Es necesario actuar y abandonar el discurso populista, demagogo y electoralista de las políticas de movilidad de los actuales responsables, dejar de arrojar pan al circo y plantear cada actuación dentro del escenario ecológico y social actual.

Es necesario aplicar políticas de vivienda efectivas que conviertan en una realidad el acceso a una vivienda digna en un entorno sostenible conectado con los servicios públicos, debemos insistir en la paralización de los desarrollos especulativos, exigir una estrategia de ordenación del territorio que tenga una vocación sostenible y diseñar para generar entornos abordables desde la movilidad. Debemos repensar nuestro entorno, conectarlo con el medio natural y rural, redensificar nuestras ciudades, volver a reconcentrar nuestros barrios.

Son muchas las herramientas disponibles para cambiar el rumbo de la movilidad y el urbanismo de nuestra región: estabilizar la financiación del transporte público, implicación del sector terciario en los costes de movilidad, promover una verdadera ley de movilidad (y no la caricatura existente) que asigne los costes sociales y ecológicos a los actores que realmente los provocan. Resulta imprescindible promover una nueva ley del Consorcio Regional de Transportes de Madrid que proteja su carácter técnico, lo dote de recursos adecuados, lo modernice y amplíe sus competencias a toda la movilidad, incluida la del coche y no solo la menguante del transporte público. ¿Qué sentido tiene que se siga pensando y diseñando las medidas de transporte público de espaldas a las del resto de la movilidad?

En definitiva, hace falta actuar bajo criterios de sostenibilidad y conciencia ecosocial sobre todos los niveles de planificación. Es una absoluta necesidad.