En un país donde todos y cada uno de los consumidores somos continuamente víctimas de una larga lista de abusos y fraudes por parte de compañías eléctricas, de telecomunicaciones, bancos, aseguradoras, aerolíneas, marcas de alimentación o superficies comerciales, hoy hay quienes se preguntan para qué necesitamos un Ministerio de Consumo en el Gobierno de España.
“A mí un ministerio no me tiene que decir cómo y qué tengo que consumir”, dicen algunos, intentando emular a ese Aznar que en 2007 advertía de que nadie tenía que decirle qué y cuánto debía beber antes de coger el coche e intentando reducir al absurdo los auténticos objetivos de un gabinete que tiene mucho más potencial del que la inmensa mayoría de consumidores imaginan. Aunque lo cierto es que si poca gente concibe para qué puede servir realmente un Ministerio de Consumo posiblemente sea porque, tristemente, legislatura tras legislatura, Consumo ha sido un desaprovechado y olvidado apéndice de otro Ministerio, el de Sanidad.
Sea porque las competencias en materia de Sanidad eclipsaban, sea porque no había absolutamente ninguna voluntad política por emprender actuaciones para combatir los fraudes que se producen en el mercado, desde los años 90 los sucesivos gobiernos se han desentendido de dar a la protección de los consumidores el peso y el lugar que le correspondía. Y hoy, aunque el nuevo Gobierno de coalición sea todavía un melón sin catar, lo cierto es que por primera vez en nuestra democracia tenemos un ministerio con el Consumo como único protagonista de su nomenclatura, lo que genera, de entrada, grandes expectativas.
Que Alberto Garzón sea el ministro de Consumo supone, además, una novedad de calado. En primer lugar, porque forma parte de una coalición electoral que nunca había participado en el Gobierno de España, con lo que esta vez, afortunadamente, no podemos vaticinar que las políticas de protección a los consumidores de los próximos cuatro años van a mimetizar las ¿políticas de protección al consumidor? que llevó a cabo -que alguien sea capaz de poner algún ejemplo- el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del anterior Gobierno socialista. Pero además, si concebimos la lucha contra los abusos del mercado en términos de lucha de clases, el coordinador federal de Izquierda Unida no se ha caracterizado durante su trayectoria política por estar precisamente del lado de los que abusan, de los que cometen los fraudes, sino del de los consumidores que los sufren. Así que me aventuro a no sospechar que Garzón acabará haciendo uso de las puertas giratorias para acabar en una eléctrica o una telefónica. En cualquier caso, está por ver lo que hará, podrá hacer o le dejarán hacer desde su ministerio, teniendo en cuenta de estamos ante un Gobierno de coalición donde las decisiones estarán, lógicamente, condicionadas por el PSOE. Y los lobbies empresariales estarán también al acecho para frenar avances.
Son muchas las modificaciones normativas que podría propiciar el nuevo Ministerio de Consumo para mejorar y actualizar a las nuevas realidades del mercado la legislación de defensa de los consumidores: regular los plazos de respuesta a las reclamaciones, establecer compensaciones económicas para las víctimas de irregularidades, erradicar los teléfonos 902... Pero por encima de los temas concretos en los que considerará prioritario o urgente actuar el ministerio, hay cuestiones estructurales, que vienen a definir de qué manera querrá -o podrá- desarrollar las políticas de consumo.
En primer lugar, resulta evidente que por mucho o poco que se mejore, la normativa de protección de los consumidores sirve de poco -salvo que los consumidores acudan a la lenta y cara vía judicial- si quienes tienen que hacerla cumplir miran hacia otro lado cuando las empresas cometen las irregularidades.
Así que una de esas cuestiones troncales es que el Ministerio de Consumo ejerza su capacidad para apercibir a las compañías que defrauden y, en caso de que hagan caso omiso, las lleve a los tribunales en acciones de cesación. Es una potestad que da a la autoridad de consumo del Gobierno de España el artículo 54 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Como también se la da a las comunidades autónomas y las asociaciones de consumidores. Pero lo cierto es que desde hace décadas, son sólo estas organizaciones de la sociedad civil las que usan la potestad que les otorga la ley para emprender acciones judiciales.
Y la otra cuestión que sin duda representaría un cambio trascendental en la manera de hacer políticas de defensa de los consumidores sería que el Ministerio de Consumo se dotase de competencias sancionadoras. Competencias que desde la promulgación de la primera versión de la ley de defensa de los consumidores, en 1984, han estado en manos exclusivas de las comunidades autónomas. Algo absolutamente ineficaz para garantizar actuaciones contundentes ante prácticas que en numerosas ocasiones son fraudes masivos que sufren consumidores en toda España y que requieren de la apertura de 17 expedientes sancionadores desde 17 organismos autonómicos de consumo. La solución pasa por compartir estas competencias para que cuando las irregularidades se produzcan en varias comunidades sea el Ministerio el que actúe.
Esta asunción de competencias sancionadoras por parte del Ministerio de Consumo es algo que ya aparece en los programas electorales de Podemos junto a otras medidas de calado para mejorar la protección de los consumidores. En su programa para las elecciones generales del pasado noviembre, Podemos se comprometía a desarrollar “una normativa de consumo más dura con el fraude y más ágil en la reparación” . “Revisaremos el conjunto de la normativa sancionadora de consumo de carácter estatal para que las sanciones desincentiven de manera efectiva las conductas fraudulentas, al ser proporcionales al perjuicio causado a las personas consumidoras. Se mejorarán también los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos”, indicaba su medida número 249.
El documento incorporaba también la propuesta de “garantizar el derecho a una indemnización añadida automática para las personas consumidoras en caso de fraude”. “En todos los casos en que se haya padecido una contratación irregular, conforme a la normativa de consumo aplicable, la persona consumidora no solo tendrá derecho a la devolución de lo cobrado indebidamente o del daño causado, sino a una indemnización añadida por las molestias, que opere también como un desincentivo contundente al fraude”.
Además, el documento programático para el 10N indicaba que las medidas que ya había incluido en su programa electoral de 2016 seguían vigentes. Entre ellas, en materia de consumo destacaba la creación de “una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores, como organismo regulador de carácter autónomo y neutral y con competencias sancionadoras. Esta agencia contará con un cuerpo de inspectores dedicado a realizar investigaciones de oficio y evaluar las denuncias que lleguen de las autoridades autonómicas y las asociaciones de consumidores, además de intercambiar información con el resto de organismos del Gobierno acerca de las irregularidades que detecte en el mercado”.
“Las organizaciones dedicadas a la defensa de los consumidores tendrán la consideración de parte interesada en los procedimientos que se abran a raíz de sus denuncias o en los que se personen en representación de los afectados”, señalaba también la citada medida -la 262- del programa de las antepenúltimas elecciones generales. En lo que se refiere a la revisión de las cuantías de las sanciones establecidas en la legislación de defensa de los consumidores, planteaba el compromiso de que “sean realmente proporcionales a la gravedad de los abusos, y para que [el marco sancionador] contemple el decomiso de hasta diez veces el importe de los beneficios que hayan obtenido las empresas en prácticas fraudulentas”.
Se trata de compromisos que recogían reivindicaciones trasladadas por FACUA a las distintas formaciones que concurrían a las elecciones para resucitar esas políticas de protección de los consumidores prácticamente muertas desde hace tantas legislaturas. Y ello mediante la introducción no sólo de voluntad política por llevarlas a cabo, sino de dotar al Gobierno de esa herramienta tan eficaz para la lucha contra los abusos como la capacidad de imponer multas a las empresas que los cometen, además de garantizar la participación de las asociaciones de consumidores en los procedimientos sancionadores y desarrollar el derecho de los usuarios a recibir una compensación económica por el hecho de haber sido víctima de una irregularidad.
En definitiva, no es que ahora necesitemos un Ministerio de Consumo. Lo hemos necesitado siempre. Y quizás por una carambola fruto de negociaciones en las que se decidió crear más carteras ministeriales para equilibrar fuerzas en el nuevo gobierno de coalición, ya lo tenemos. Muchos son los retos. Muchas son las expectativas. Confío en que Garzón no sólo no defraudará, sino en que pondrá todo su empeño en luchar contra los fraudes.