Alardean de ser los más constitucionalistas, pero en el Partido Popular no han sido capaces siquiera de cumplir un pacto que ellos mismos firmaron. El Pacto Antitransfuguismo, renovado por última vez en 2020, es un consenso alcanzado, como muchos otros grandes acuerdos, tras un gran esfuerzo democrático de años. El PP de Pablo Casado apenas necesitó unas horas para hacerlo saltar por los aires. Y no sólo se han servido de tránsfugas para no perder el poder en la Comunidad de Murcia, sino que han premiado sus servicios con cargos públicos.
La lectura es que para el Partido Popular el ejercicio de la política se resume en el ejercicio del poder. La lectura es que la firma del Partido Popular no vale nada.
En otro tiempo, hablaríamos de un lamentable episodio de perversión política. Hoy, con un PP que se desenvuelve con desparpajo en el mundo de la intoxicación y la mentira, hemos tenido que contemplar que se presente públicamente como salvadores a quienes no han sido más que protagonistas de una vulgar compraventa. Esto es un salto cualitativo que abunda gravemente en el daño causado a nuestra democracia.
Porque quizás lo más ofensivo es que, mientras antes el tránsfuga y los que lo alentaban se escondían, intentaban tapar sus vergüenzas y huir del bochorno público, ahora se exhiben sin pudor. Y mientras que antes se ocultaban las contrapartidas y posibles transacciones financieras recibidas a cambio del transfuguismo, ahora se ofrecen a cambio cargos pagados con dinero público. El PP, de nuevo, ha sido capaz de una nueva vuelta de tuerca al desprecio de la voluntad de los ciudadanos. Pero a un país en el que la palabra tamayazo se usa comúnmente como sinónimo de traición política, no se le puede engañar tan fácilmente.
Parece claro que el PP, el nuevo-viejo PP, el PP de siempre, no es capaz de desentenderse de la corrupción. Porque, no lo olvidemos, aunque no sea punible legalmente, el transfuguismo también es corrupción. Para el prófugo de su partido y para su valedor. Cuando alguien abandona las siglas políticas bajo las que se presentó a las elecciones y, en lugar de abandonar su escaño, se lo lleva debajo del brazo y se lo ofrece al mejor postor, traiciona la confianza que depositaron en él los ciudadanos con su voto a cambio de un beneficio personal.
Por ello, y porque los demócratas no podemos consentir ni callar ante el fraude político que supone el transfuguismo, los socialistas llevaremos al próximo Pleno del Senado una iniciativa para que los grupos políticos rechacen esta despreciable práctica, una iniciativa en defensa de la ética en nuestra vida política. Será un buen momento para saber si los que hace unas semanas jaleaban la traición, tienen valor para defender ante la tribuna que, para ellos, en política todo vale para mantenerse en el poder o lograr un cargo público.
Todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Las personas tenemos trayectorias que pueden alterar nuestra forma de pensar e incluso podemos convencer a otros y ser convencidos. Un proceso interno y personal que no pretendo juzgar. Pero la honestidad obliga: lo que procede es explicar tus motivos ante quienes te eligieron, abandonar el cargo público y resolver tus cuestiones ideológicas antes de volver a pedir a nadie que te vote por un proyecto que no sabes si serás capaz de defender. Todo lo demás es una estafa.