Hagamos un ejercicio de imaginación. En una misma ciudad viven Carla y Paula. Carla tiene una familia en la que se ingresan dos sueldos y, aunque no vive en la abundancia, no pasa estrecheces económicas. A la casa de Paula, en cambio, sólo llega un sueldo y no todos los meses. En su familia conocen las colas de los comedores sociales y cuando llega el invierno hay que priorizar entre llenar la nevera o pagar la luz. Cuando llegue el final del curso escolar, Paula va a tener cuatro veces más posibilidades de repetir curso que Carla. Aunque tengan las mismas capacidades, aunque vayan a la misma clase.
Cuando llegue el verano, las dos se irán de vacaciones. O más bien, dejarán de ir a la escuela. En esos tres largos meses de verano, Carla ralentizará su proceso de aprendizaje hasta la mitad. Paula, por el contrario, desaprenderá un tercio de lo aprendido durante el curso. La diferencia entre ralentizar y desaprender es lo que marca que cada año los alumnos comiencen en un punto de partida distinto.
Nuestras leyes educativas sentaron la base para que ambas, Carla y Paula, tuvieran derecho a una educación de calidad, universal, gratuita y pública, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades. Y durante 40 años de democracia, nuestro sistema educativo se fue renovando y adaptando para que las diferentes generaciones estuvieran mejor preparadas que las anteriores para afrontar su vida adulta, como individuos pero también como sociedad.
Sin embargo, la teoría ha quedado mejor que la práctica. La falta de consensos políticos, los continuos cambios de leyes educativas, los duros recortes en los años de la crisis y sobre todo una constante falta de inversión, han generado que nuestro sistema educativo no sólo no consiga que Carla y Paula estén al mismo nivel que el resto de alumnos de Europa, sino que además no garantiza que tengan las mismas oportunidades, porque con cada curso escolar la brecha se hace más y más grande.
España presenta unos datos de segregación escolar alarmantes. Las políticas implementadas y la desigual distribución de recursos ha reforzado la separación del alumnado, según su perfil socioeconómico. Además, la repetición de curso es mucho más alta que en los países de nuestro entorno y castiga especialmente a los alumnos y alumnas de menor estatus socioeconómico. En cuanto a la obtención del título de ESO, en los últimos 10 años cerca del 25% del alumnado no lo ha conseguido, habiendo más incidencia en el alumnado en situación de más vulnerabilidad.
Esta brecha ha terminado de agrandarse por la desigual financiación del sistema. Los centros públicos y la Educación pública han sido quienes, con gran esfuerzo, han garantizado los principios de universalidad y no discriminación, son quienes más han sufrido en los recortes. Restaurar esta herida es hoy restaurar de forma prioritaria la financiación de la educación pública, los medios y recursos, como el verdadero muro de contención a la desigualdad.
En este contexto, afrontamos los nuevos retos educativos, que hoy tienen nombre de pandemia pero que esconden de fondo un profundo déficit estructural, pedagógico, de innovación y renovación de nuestra educación. Las demandas que ahora son imperativas por mandato sanitario llevan siéndolo muchos años una emergencia educativa: grupos más pequeños, espacios adaptados, políticas de refuerzo académico y social, una mayor innovación pedagógica y un aumento importante de la financiación.
Lo urgente parece marcar las decisiones más inmediatas, pero la mirada larga nos obliga a reflexionar sobre el modelo educativo que queremos para Carla, Paula y el resto de niños y niñas del país.
Este miércoles se debatió en el Congreso de los Diputados la totalidad de la nueva ley de Educación. Y con este debate, y los que vienen para terminar de configurarla, tenemos la oportunidad de mirarnos como país y transformar los pilares de nuestro sistema educativo. ¿Queremos un sistema educativo que les prepare para ser ciudadanía crítica y que luchen por hacer más sostenible su forma de vida? ¿Queremos una escuela que permita que Carla y Paula puedan ser profesoras, ingenieras, jardineras, médicas o alcaldesas independientemente de dónde hayan nacido o de cuánto dinero tienen sus padres en la cuenta del banco? Démonos la oportunidad de intentarlo. Y demos la oportunidad a las próximas generaciones de crecer y vivir en igualdad.