A estas alturas resulta inaceptable y demoledor para la calidad de la vida democrática de nuestro país, la postura del Partido Popular en relación con el bloqueo sistemático, deliberado, calculado y anticonstitucional de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Espero que ni los políticos, ni los ciudadanos se llamen a engaño sobre los propósitos de esta maniobra dilatoria. En principio se trataba solamente de mantener una mayoría afín a sus postulados que le permitiera seguir controlando los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Esta pretensión se desarboló con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se priva a un Consejo, anormalmente prolongado en el tiempo, de la posibilidad de hacer nombramientos. Se podrá cuestionar la decisión, pero lo cierto es que tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, en funciones, pierden la mayor parte de sus competencias.
A la vista del revés sufrido con esta medida, han cambiado de táctica utilizando toda clase de pretextos para negarse a renovar el CGPJ. En estos momentos, y a la vista del impulso que les ha proporcionado la mayoría absoluta obtenida en las elecciones andaluzas, sus propósitos me parecen cada vez más claros y descarados. Los partidos políticos y principalmente el PSOE, socio mayoritario del Gobierno de coalición, deben estar alertados sobre la maniobra de voladura controlada que maneja el Partido Popular.
Siempre han tratado de prolongar indefinidamente la renovación hasta que se acabase la legislatura o se forzasen unas elecciones anticipadas, con el doble objetivo de desgastar al Gobierno y de privarle de la posibilidad de nombrar los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde según la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La primera reacción del Gobierno, apoyada por sus socios parlamentarios, trató de forzar la renovación privando al Consejo de la facultad de hacer nombramientos. La decisión podría ser eficaz pero no salía al paso de los verdaderos propósitos que albergaba el Partido Popular. La Ley Orgánica 4/2021 por la que se retira al Consejo General del Poder Judicial la posibilidad de hacer los nombramientos, mientras está en funciones, hubiera sido eficaz si los populares no hubieran tenido otros objetivos a más largo plazo.
Cuando el 12 de junio de este año se cumple el mandato de dos magistrados del Tribunal Constitucional y el Gobierno pretende ejercitar sus facultades constitucionales, nombrando a los dos que le corresponden, el sector integrista de los magistrados que se han dedicado sistemáticamente a deslegitimar la mayoría de las medidas adoptadas por el Gobierno y la mayoría parlamentaria para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, reacciona de una manera inédita en la historia del Tribunal Constitucional, amenazando con un golpe blando, haciendo uso de lo que en el mundo judicial se conoce como lawfare, es decir utilizar el derecho como arma de guerra al margen de la legalidad constitucional. Sostienen, sin pudor, que la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional exigen que los nombramientos de magistrados que corresponden al Gobierno y al Consejo deben hacerse conjuntamente como si se tratase de un mismo colegio electoral.
El Gobierno, mansamente, encaja el golpe y contrataca con la proposición de una nueva modificación de la ley orgánica del Poder Judicial que revela su absoluta carencia de reflejos jurídicos y su desconocimiento de las maniobras que se están tramando por el Partido Popular. Alguien, con un mínimo sentido de la situación política que estamos viviendo, piensa que devolver al Consejo la posibilidad de nombrar a los dos magistrados que le corresponden, resuelve el conflicto que anuncia subrepticiamente el Presidente del Tribunal Constitucional. No cabe mayor ingenuidad. Ya conocen las reacciones de los populares, se hacen los ofendidos y anuncian, ahora sin tapujos, que van a llegar hasta el final. Lo tienen fácil y además se pueden permitir el lujo de dialogar y no alcanzar los tres quintos que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial para nombrar a los dos magistrados que le adjudica la Constitución. Antes de caer en tan burda trampa, es mejor que se retire la proposición de ley y se proceda a nombrar a los magistrados que corresponden al Gobierno, exigiendo que el Pleno del Constitucional se limite a cumplir con las funciones y competencias que le impone la ley, denunciando las maniobras anticonstitucionales, de flagrante ilegalidad, que se proponen perpetrar.
La solución a esta parálisis programada por el Partido Popular, mofándose de sus obligaciones constitucionales, tiene una lógica solución que ya se ha producido en ocasiones anteriores. En 1996, después de una demora de ocho meses en la renovación del Consejo General, varios vocales presentaron su dimisión dejando el Pleno reducido a menos de catorce miembros con lo que, de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial, no se puede constituir válidamente ni tomar acuerdos. Es decir, se consiguen los mismos efectos que se han intentado por otras vías, sin desatar un conflicto innecesario sobre la posibilidad de limitar sus funciones y su capacidad de nombramientos. La obligación de someterse a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico dejaría al Partido Popular ante su espejo. Tendrían que explicar por qué razón se oponen a cumplir con una legalidad que ellos mismos propusieron en su tiempo y que ahora pretenden desconocer y deslegitimar. Tiempo habrá para abrir un debate sobre el modelo de Consejo General del Poder Judicial que se desprende de los antecedentes que manejaron los padres de la Constitución, de su texto y sobre las recomendaciones de los organismos europeos.