La participación de empresas españolas en la expansión de la ocupación de Cisjordania es un crimen de guerra

Cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el pasado julio su opinión consultiva relativa a la ilegalidad de la ocupación israelí de Palestina, explicó detalladamente los componentes que llevan a la anexión del territorio ocupado. Estos componentes incluyen el desplazamiento forzado de la población, la imposición de un régimen de apartheid, el uso ilegítimo de los recursos naturales del territorio ocupado y la expansión de colonias ilegales. Estos y otros elementos son componentes de una empresa colonial que ha sido declarada ilegal.

Si bien para algunos esa realidad puede resultar lejana, lo cierto es que este sistema de colonización ha sido apoyado, entre otros factores, por la cultura de impunidad de la que goza Israel, sus excelentes relaciones con los países occidentales en Naciones Unidas y por una serie de empresas que han hecho negocios con la negación de los derechos inalienables del pueblo palestino. Algunas de esas empresas se encuentran en España y su colaboración en la consecución de un crimen de guerra como es la colonización de un territorio ocupado hoy debe ser asumida más que nunca.

Un ejemplo de la vinculación de estas empresas con la expansión colonialista israelí en Palestina es la empresa española Obras Subterráneas S.A. (OSSA). La opinión consultiva de la CIJ menciona la infraestructura relacionada con la expansión de colonias, incluyendo el Muro de Anexión (que ya había sido declarado ilegal por la CIJ en 2004), otras restricciones de movimiento, así como también el megaproyecto de carreteras y trenes que busca aumentar el número de colonos en territorio palestino ocupado. OSSA ha trabajado en uno de los proyectos más emblemáticos de ese plan, la expansión de la denominada “carretera de los túneles”, en la ruta 60, construida íntegramente en territorio palestino ocupado al oeste de la ciudad de Belén, buscando conectar cómodamente las colonias israelíes en la zona de Hebrón y Belén con Jerusalén y Tel Aviv.

La “carretera de los túneles” fue inaugurada en 1996, representando una de las primeras violaciones israelíes al Acuerdo de Oslo sellado con los palestinos. Gracias a ella, las colonias israelíes de la zona aumentaron significativamente su número de habitantes, ya que representa un incentivo económico para masificar la colonización. Por ejemplo, Betar Illit tenía alrededor de 5.000 colonos antes de la construcción de la carretera; hoy tiene planes para expandirse a 100.000 colonos. Esa carretera representa una herramienta de anexión de territorio ocupado, delimitando el radio urbano de Belén, seguido por el Muro de Anexión, y que hoy tiene a la cuna de Cristo convertida en una zona más sobrepoblada que Gaza.

La expansión de los túneles de la carretera realizada por la empresa española busca aumentar dramáticamente esa realidad. Parte de la carretera está construida en tierras de mi propia familia, las cuales fueron expropiadas por Israel para el “beneficio público”, pero que nosotros no podemos utilizar por ser palestinos. En otras palabras, una empresa española se encuentra hoy en el centro de un proyecto que amenaza con anexar para siempre las tierras de Belén a través de la expansión de colonias que se propagan alrededor de esa carretera.

Recientemente, el Gobierno israelí decidió “legalizar” cinco colonias en territorio ocupado, que incluso bajo las leyes israelíes eran ilegales. Una de ellas es una colonia en el corazón del valle de Battir/Al Makhrour, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, que se encuentra a un costado de la carretera ampliada por OSSA. No es una coincidencia que justo cuando se terminó esa carretera, las autoridades israelíes hayan decidido avanzar en la destrucción de ese hermoso valle de terrazas agrícolas que datan de la época romana.

La opinión consultiva de la CIJ establece que “existe mucha evidencia de la política israelí de proveer incentivos para la reubicación de individuos israelíes en Cisjordania”. Las carreteras son parte de ello. Pero no sólo eso: la CIJ fue clara en señalar que “la corte considera que los Estados Miembros están obligados a no reconocer ningún cambio al carácter físico o composición demográfica, estructura institucional o estatus del territorio ocupado por Israel el 5 de junio de 1967 (…); a abstenerse de entrar en acuerdos económicos o comerciales con Israel en relación al Territorio Ocupado Palestino (…) y a tomar acciones para prevenir el comercio o relaciones de inversiones que asistan en mantener la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Ocupado Palestino”.

Según el derecho internacional, operar en territorio palestino ocupado haciendo construcciones civiles para el beneficio de los colonizadores es un crimen de guerra. Al igual que OSSA, otras empresas españolas se han involucrado en la construcción de infraestructura para beneficio de la anexión israelí, como CAF e INECO. Todas han continuado sus operaciones a pesar de saber claramente que están operando en territorio ocupado en beneficio de proyectos de infraestructura israelíes.

¿Cómo llegaron estas empresas a esos proyectos? ¿Qué consecuencias pueden sufrir las empresas españolas por colaborar en la anexión del territorio ocupado de Palestina? ¿Han sido asistidas por oficiales de sucesivos Gobiernos españoles? Las respuestas a estas preguntas pueden ayudar a entender por qué hasta el día de hoy empresas extranjeras se lucran de la ocupación israelí de Palestina. La opinión consultiva de la CIJ tendría que llevar a los gobiernos a tomar acciones concretas para evitar que sus empresas, en violación de los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” de Naciones Unidas, se vean involucradas en esta clase de actividad.