Hace pocos días celebrábamos el segundo aniversario de la llegada de Ahora Madrid al Ayuntamiento de la capital. Hemos andado un camino lleno de dificultades pero también de alegrías y ahora nos queda por recorrer un trecho en el que asentar los cambios iniciados para hacer política y gobernar de otra manera teniendo siempre presente que nuestra prioridad sigue siendo la misma: recuperar para la gente la institución que gobernamos. Hoy las cosas ya no son iguales. Madrid mejora lentamente aunque no es ni mucho menos suficiente, no podemos conformarnos con la realidad existente y debemos seguir trabajando con la misma intensidad y compromiso para cumplir el mandato ciudadano que nos trajo hasta aquí.
Una de las principales razones que trajo el cambio a nuestra ciudad fue la gestión que se hizo de la vivienda pública. Los gobiernos del PP permitieron y alentaron que la vivienda se convirtiese en un producto de intercambio para hacer negocio, profundizando con ello en la vulneración sistemática de un derecho fundamental. La vivienda pública de Madrid fue intencionadamente vendida a fondos buitre y especulativos como Fidere, olvidando con ello su carácter social, generando un quebranto al patrimonio público y al bienestar en Madrid. A cambio el gobierno del Partido Popular se quitaba de encima lo que consideraban un problema y amortizaban una pequeña parte de la deuda que generó la política megalómana de Gallardón.
Durante años se ha ido adelgazando sistemáticamente la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) así como a la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, antiguo IVIMA, que no obstante aún cuenta con un número muy superior de inmuebles al escaso patrimonio con el que se dejó a la EMVS.
Estos días, han acampado frente a la Junta Municipal de Carabanchel Santi y Lidia, una familia con cuatro menores que es demandante de vivienda pública desde hace al menos 15 años y quienes, tras sufrir recientemente un desahucio de una vivienda vendida por el PP a FIDERE, han decidido llamar la atención sobre su situación para encontrar una respuesta ante la falta de respuesta de una Comunidad pasiva y la escasez de recursos del Ayuntamiento, a cuyas puertas permanecen porque es la única institución que en lugar de criminalizarles les escucha.
Nos encontramos ante la tormenta perfecta: un Ayuntamiento completamente saturado sin poder aumentar recursos de trabajadores sociales a causa del estrangulamiento a las administraciones locales, una EMVS sin capacidad para dar salida a todos los casos que hacen cola a sus puertas, y un IVIMA que mira para otro lado y se esconde sin dedicar apenas esfuerzos para atender a esta necesidad.
En estos dos años ya se han alojado a más de 1.800 familias, demostrando con ello el compromiso con las familias demandantes de ayuda, aunque sabemos que no es suficiente porque tenemos una lista de espera de 14.000 familias de las que 8.000 se encuentran en situación de emergencia. La única manera que tenemos de ser justos es respetando la lista de espera fijada por el criterio técnico de las trabajadoras de Servicios Sociales. Aunque la dimensión del problema sea difícil de entender, lo cierto es que en una ciudad con más de tres millones de habitantes conviven multitud de casos víctimas de esta situación.
El incremento de la pobreza y de la precariedad se constata con el fuerte ascenso de perceptores y solicitantes de la Renta Mínima de Inserción en el municipio de Madrid. Las familias que solo perciben este ingreso mínimo, a todas luces insuficiente para acceder al derecho a la vivienda, han crecido en el último año un 20%. En este sentido, los bancos rescatados con el dinero de todas y todos, están llamados a contribuir con viviendas en alquiler de bajo coste.
El problema de la vivienda en nuestra ciudad, de su precio, de su disponibilidad, de la garantía del derecho de la gente más humilde a poder vivir dignamente, es un problema profundo, que requiere una regulación acorde por parte de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de la Nación. El mercado inmobiliario lleva demasiado tiempo fuera de control democrático y las consecuencias se agravan.
La administración que tiene las principales competencias en materia de vivienda es la Comunidad de Madrid, no el Ayuntamiento, que únicamente tiene competencias subsidiarias, es decir, somos una ayuda a la administración que tiene la principal competencia y responsabilidad, que en este caso es la Comunidad de Madrid, y por eso tenemos la obligación de denunciar que es quien menos está haciendo. Muchas de las viviendas de la Comunidad de Madrid están sin adecuar desde hace años y en muchos casos ocupadas por mafias que las usan para lucrarse con realquileres a las personas más vulnerables.
Asistimos a un absoluto abandono por parte la Comunidad Madrid, con consecuencias que padecen quienes teniendo derecho no pueden acceder a esas viviendas, así como quienes tienen que convivir con conductas delictivas por parte de las mafias que pretenden echarles de sus casas. Como concejala del Ayuntamiento de Madrid reitero lo que ya he trasladado en una carta al consejero de Vivienda, Pedro Manuel Rollán Ojeda: no es tolerable seguir mirando para otro lado, la gente necesita soluciones y encontrarlas es una obligación de todos los poderes públicos. La voz de Lidia y Santi es la voz de mucha gente, de muchos casos… No podemos permitir que se ahoguen en el silencio.