Los permisos iguales e intransferibles como negación de la maternidad
El periodo de enmiendas para la proposición de ley de los Permisos Iguales e Intransferibles (PII) se prolonga una y otra vez. Es comprensible. Los PII han sido diseñados para acabar ni más ni menos que con el machismo en el empleo, y para ello toman la crianza temprana de los bebés -la fase más vulnerable de la vida de los seres humanos- como herramienta para la reeducación social. Resulta realmente sorprendente que esta propuesta experimental haya logrado formar parte del discurso de lo políticamente correcto y que la ciudadanía la haya aceptado como requisito necesario para lograr la igualdad. El Parlamento, además, parece dispuesto a aprobar tan osada propuesta sin estudios de opinión ni informes de personas expertas.
Para las mujeres que integramos la plataforma PETRA una ley que otorga nuevos derechos y privilegios a los padres y no atiende las demandas históricas de las madres no es una ley feminista. Pensar en los permisos parentales en términos de igualdad asumiendo que el derecho de madres y padres vienen del mismo lugar es un error. Este es un derecho que se deriva del nacimiento de una criatura del vientre de una mujer, y por lo tanto, no emanan del mismo lugar el derecho del padre y el de la madre. La maternidad biológica funda automáticamente maternidad social en todos los sistemas normativos y legales del mundo, es un derecho universal e incontestable, y la exterogestación y la lactancia son por definición intransferibles. Sin embargo, el derecho del padre a cuidar de su bebé menor de un año no emana de la biología, es puramente cultural y social, y de hecho, tal y como se plantea en la proposición de ley se trata de un derecho muy innovador: es ingeniería social. Por eso, la base para defender este derecho en los padres es mucho más frágil y cuestionable que en las madres. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional y el voto en contra de una mujer no significa nada. Todas conocemos ejemplos de sentencias crueles y misóginas hacia las madres redactadas tanto por jueces como por juezas.
La mayoría de las madres desean cuidar de su criatura más allá de las 16 semanas; y la ciencia nos dice que lo que el bebé necesita en su primer año de vida es contacto continuado con su madre. Curiosamente la habitual fuerza probatoria de la ciencia se queda en suspenso en este punto: al parecer, cuando la ciencia habla de madres y bebés se infecta del descrédito y la sospecha sistemática con que una cultura misógina contempla a madres y criaturas. De modo que los PII se plantean como una medida cuyos objetivos son única y explícitamente laborales e igualitarios; los deseos y necesidades de madres y criaturas quedan fuera de la ecuación, lo que equivale a excluir a las madres como sujeto político protagonista de esta ley: se regular la maternidad sin contar con la opinión privilegiada de las madres. En este planteamiento de los PII subyace un juicio paternalista que considera a las madres incapaces de defender sus verdaderos intereses, unos intereses que por supuesto residen en el mercado y no en la defensa del bienestar de su criatura. Este es un prejuicio que entronca con la más rancia tradición patriarcal y que asocia la maternidad con un estado “alterado” propenso a una dolencia típica de los 50 (la mística de la maternidad) y que inhabilita a las madres para el buen cálculo racional.
Octavio Salazar habla de cómo nuestra “condición femenina” de madres es la que nos aboca a una ciudadanía devaluada. Efectivamente, la división sexual del trabajo, la diferenciación entre trabajos productivos y reproductivos, es lo que establece en nuestras sociedades un desigual acceso a recursos y privilegios. La maternidad, algo que es propio de las mujeres, y que, de hecho, es lo exclusivo de la “condición femenina” carece de valor social, esta fuera del ámbito de lo que se reconoce como aportación a la sociedad. Los PII no cuestionan en absoluto este injusto estatus de la maternidad: lo acatan al 100%. Pretender que una ley que regula el periodo postparto y las primeras semanas de vida de las criaturas humanas sea la vía para luchar contra una “concepción biologicista de la mujer” e identificar la maternidad como “condición femenina” negativa y lastrante en vez de señalar que es precisamente la falta de reconocimiento lo que lastra la experiencia es una operación que refuerza la jerarquía patriarcal.
El texto de la proposición de ley en su exposición de motivos, en algunos párrafos, llega a ser insultante para las madres que hemos gestado, parido y amamantado. Se afirma que “las denominaciones de paternidad y maternidad hoy ya no son pertinentes”, y las palabras “madre” y “parto” que en la ley anterior aparecían profusamente, casi han desaparecido. Permanecen algunas menciones a la madre biológica, relegada a una especie de categoría satélite dentro de una casuística en la que las criaturas tendrían “nacimientos” (¿abstractos?, ¿mágicos?) y la reproducción humana habría pasado a ser un evento desligado de los cuerpos. Estos “nacimientos” que sustituyen a los “partos” nos transmiten la idea de que los bebes salen de una col. Una vez más la vieja y patriarcal negación de la maternidad. Creo que precisamente ahora es importante recordar que TODOS los bebés -también los “nacidos” por maternidad subrogada- nacen del útero de una mujer y tras 9 meses de gestación.
Cuando se propone “asegurar los derechos de niños y niñas al cuidado por parte de sus progenitores/as” debemos recordar que esos “niños y niñas” son en realidad neonatos y bebés. Ese “niño” acaba de salir del vientre de su madre y tiene unas necesidades muy concretas, diferentes de las que tendrá a los 2 años, a los 5 o a los 14. Si esta ley de acuerdo con el artículo 39 de nuestra Constitución, efectivamente respeta las normas internacionales que establecen como criterio básico y superior la protección del bienestar y la salud de la infancia, entonces “garantizar el disfrute de la paternidad y la maternidad a todas las personas que lo deseen” no debería en ningún caso interferir en la protección del bienestar del bebé. Pues bien, la actual redacción de la ley no respeta las recomendaciones nacionales e internacionales en lo relativo salud perinatal. No permite los seis meses de lactancia materna exclusiva que según la OMS y las Sociedades Científicas es lo ideal para las criaturas. La Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria ya se ha pronunciado: apoya permisos maternos de 6 meses así como la transferibilidad de las licencias parentales, un cambio de criterio que “podría suponer beneficios sanitarios y en el bienestar de las familias”. La Asociación Española de Psicología Perinatal también se ha manifestado en contra de la proposición de ley, y señala que “La amplia investigación clínica neonatal que tenemos hoy a nuestro alcance concluye que los bebés están programados biofisiológicamente para establecer con la madre un vínculo afectivo privilegiado, fundamental para la construcción de futuros vínculos emocionales saludables y seguros”.
En el texto de la proposición de ley, se descarta la posibilidad de alargar los permisos de las madres para facilitar esos seis meses de lactancia argumentando: “hacerlo antes de haber equiparado el permiso del/la otro/a progenitor supondría condicionar todo el sistema a uno solo de los múltiples derechos de la infancia a costa de vulnerar muchos otros (como son los derechos de la atención por parte de cada uno/a de sus progenitores, a la armonía familiar y a la pobreza)”. Los PII no van a mitigar la pobreza -esto lo dejo para otro artículo-, la armonía familiar difícilmente se favorece rompiendo el vínculo primal, e ignoro si recibir “atención de cada uno de sus progenitores” es un derecho internacional de la infancia, pero de lo que no cabe duda es que millones de criaturas crecen felices y saludables con la atención de uno solo de sus dos progenitores, casi siempre la madre. El texto también propone modos de subsanar los dos meses de lactancia exclusiva que la ley no cubre: que durante esos dos meses “el otro progenitor” lleve a la criatura al puesto de trabajo de la madre, o bien que la madre se saque la leche en el retrete de su puesto de trabajo. Es obvio que quienes redactaron la ley poco o nada saben sobre crianza humana, pero además muestran muy poca empatía por las madres: usar el sacaleches es física y psíquicamente dolorosa, y es indigno de una sociedad avanzada y respetuosa con las mujeres presentarlo como un avance y una operación banal.
El punto más reiterado en la exposición de motivos y verdadero protagonista de esta ley son los derechos de los padres. Se habla del “gran desequilibrio y la ”importante privación“ que supone para las criaturas no contar con el cuidado de su padre. Hay que dejar claro que para una criatura, en sus 12 primeros meses de vida, no tener la presencia física continua e intensa de su padre durante la mayor parte del tiempo no es una privación importante. Sí que lo es de su madre. Hay abundante evidencia científica al respecto para quien de verdad quiera saber. Los padres van a ser muy necesarios durante los 17 años posteriores a la exterogestación.
Los PII se han diseñado tomando como referente una mujer que prioriza su vida laboral y que percibe su maternidad como una carga, quizá una mujer que fue madre sin saber muy bien por qué. Este perfil no se corresponde con el de la gran mayoría de las mujeres que hoy son madres de menores. Además, se asume que el marco social de la crianza es una familia biparental con dos asalariados fijos con empleos decentes y posiblemente una empleada doméstica o abuelos disponibles. Puede que ésta sea la aspiración de la mayoría de los españoles, pero desde luego no es su realidad.
Supuestamente esta es una medida feminista. Y aquí deberíamos de reflexionar sobre cuáles son los objetivos del feminismo. Nadie discute que el mercado laboral español, debido a sus astronómicos índices de paro y precariedad es terriblemente competitivo, en realidad deberíamos decir coactivo, y que ejerce una enorme presión sobre las mujeres para que no sean madres. El verdadero retrato de la mujer española en edad fértil hoy es una mujer que postpone una y otra vez su maternidad. Y que cuando por fin decide -a veces contra todo cálculo laboral-racional- ser madre, lo hace con un deseo libre y consciente. Hoy las mujeres españolas somos madre exactamente 1,3 veces en la vida. No parece sensato que algo libremente deseado y que ocurre quizá una sola vez en la vida pueda abordarse políticamente como algo a minorar, externalizar y trivializar, porque además ese no es el deseo de las madres.
Lo cierto es que un feminismo inclusivo y comprometido con una verdadera igualdad tiene ahora un problema, porque esta ley que en realidad defiende privilegios para los varones ha tenido, como es lógico en una normatividad patriarcal, una entusiasta acogida en el sistema. Lo que esta ley pretende a nivel simbólico-institucional es la abolición de la maternidad, su desaparición como hecho que diferencia y altera las vidas sociolaborales de las mujeres, su definitiva reducción a un parto eficaz y una rápida recuperación de la “independencia” forzando la separación temprana de la madre y el bebé para evitar ridículos apegos esencialistas. Puede que esto fuera el sueño de Simone de Beauvoir o de Shulamith Firestone, pero posiblemente no sea el futuro de feminismo. Llevo tiempo sosteniendo que la negación y banalización de la maternidad es un grave error teórico, moral y político del feminismo actual, un error que será necesario subsanar en las próximas décadas si el feminismo no quiere acabar siendo un movimiento minoritario en defensa de los intereses de un grupo reducido de mujeres.
