Para que todos podamos rehabilitar nuestra casa

El pasado 5 de octubre se publicó el marco normativo que va a regir los programas de ayudas a la rehabilitación de viviendas con los fondos europeos Next Generation para la recuperación. Seguramente sea el plan de fomento de la rehabilitación más ambicioso hasta la fecha, poniendo en marcha una ola de rehabilitaciones que esperemos llegue a todos.

Hay muchos aspectos positivos a poner de relieve, como la financiación al 100% para los hogares en situación de vulnerabilidad o que las ayudas no computen en la base imponible del IRPF —que muchas veces podía llevar a que una familia que percibía una subvención a la rehabilitación no pudiera recibir otras ayudas económicas—. Sin embargo, hay situaciones que permite este paquete normativo que deberían ser inadmisibles: a día de hoy, un propietario podría rehabilitar una vivienda que tiene en alquiler con hasta un 80% de la inversión cubierta con dinero público y, en la siguiente renovación del contrato a su inquilino, subirle el precio por encima de sus posibilidades. No tiene sentido que se puedan poner en marcha procesos de desahucio por rehabilitación o de gentrificación con dinero público. A su vez, el actual borrador de la Ley por el Derecho a la Vivienda tampoco previene esta situación, ya que la rehabilitación de la vivienda es una de las causas que pueden permitir subir el precio del alquiler a un propietario, incluso en zonas en las que el coste del alquiler está muy por encima de su renta media (mercado residencial tensionado).

En diciembre, la Comisión Europea publicó el documento preliminar de la actualización de la Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD), que va a marcar la hoja de ruta para la mejora de la eficiencia energética y la descarbonización de nuestros edificios. En él ya se plantea que, al ofrecer incentivos económicos para promover la rehabilitación de edificios, los Estados miembros deben asegurar que estos beneficien tanto a las personas propietarias como a quienes alquilan, a través de ayudas al alquiler o límites a su precio. Hacer oídos sordos a requerimientos como este podría llevarnos a una ola de rehabilitaciones que no solucione problemas estructurales como la pobreza energética, perdiendo una oportunidad que tardaremos mucho en volver a ver.

La versión actual de la EPBD también introduce las normas mínimas de eficiencia energética para la edificación. Durante los próximos años, se nos irá requiriendo que nuestras viviendas tengan cada vez certificaciones energéticas más elevadas. Por ahora solo se exige que en 2030 todas las viviendas tengan una calificación energética F y una E para 2033, lo cual afectaría aproximadamente al 27% de los edificios existentes. Aun así, es previsible que se vaya aumentando la ambición de estos requerimientos conforme pasen los años; es decir, casi todos vamos a tener que rehabilitar nuestra vivienda antes o después.

Esta progresiva rehabilitación de todo nuestro parque edificado no puede llevar a la población en situación de vulnerabilidad a una concatenación de desahucios, ni a obligarles a vivir en viviendas obsoletas. Todos tenemos derecho a una vivienda digna.