Hace escasas semanas la oposición en pleno rechazaba el V Plan Director de la Cooperación Española presentado por el Gobierno y aprobado por éste en el Consejo de Ministros del 23 de marzo.
El debate transcurrió plagado de buenas palabras para con la cooperación para el desarrollo por parte de todos los grupos, incluido el que sostiene al Ejecutivo empeñado en convencer al resto del compromiso real del Gobierno de España con la lucha contra la pobreza y la agenda 2030.
Días después se presenta unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que no hacen sino dar la razón a quienes nos negamos a hacer los actos de fe que nos demandaban el Gobierno y el Partido Popular.
La cooperación sigue siendo una política cenicienta y las buenas palabras, una vez más, no se acompañan de recursos.
El Gobierno plantea destinar a cooperación el 0,22% de la RNB, un 0,01% más que en 2017 aunque los datos provisionales de ejecución sitúan la AOD española en 2017 en el 0,19%. Un panorama desolador.
Al ritmo actual tardaríamos 15 años en recuperar el 0,4%, que España ya alcanzó en el pasado con un Gobierno Socialista y que todos los grupos políticos sin excepción acordamos debía ser el objetivo económico de esta legislatura..
Casi la mitad de los fondos de cooperación de la Administración General del Estado, 1.081 millones de euros, se corresponden con la contribución obligatoria que España debe realizar al presupuesto de la Unión Europea y que se canaliza a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 423,84 millones de euros es la contribución a organismos financieros internacionales que gestiona el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; 201 millones son para la partida de atención a personas refugiadas acogidas por España que gestiona el Ministerio de empleo y Seguridad Social. Si descontamos estos recursos comprobamos que el Ministerio responsable de la política de cooperación para el desarrollo, el MAEC, apenas gestiona el 25% de los recursos, 587, 81 millones de euros.
Si analizamos el trato presupuestario que el Ministerio otorga al principal órgano ejecutor de la política de cooperación, la Agencia española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), vemos que casi un tercio de su presupuesto, el 27,4%, corresponde a cooperación delegada de la Unión Europea, proyectos financiados por otros Estados Miembro o la propia Unión Europea para cuya ejecución se subcontrata a la AECID. ¿Queremos que ésta sea la seña de identidad de AECID?
Tal y como ha sucedido los últimos años, las contribuciones de España a organismos internacionales son testimoniales lo que se traduce en una pérdida de peso político en la escena internacional donde ejercicio un importante liderazgo hasta 2012.
Ése es el compromiso real del Gobierno de España y del Partido Popular con la cooperación para el desarrollo como política pública. Ése y no las buenas palabras.
El compromiso del Gobierno y el partido que ha pactado los presupuestos generales. Ciudadanos no ha considerado oportuno incluir un “incremento naranja” en el presupuesto de cooperación a pesar de haberlo demandado y firmado junto con el resto de grupos.
De nuevo el discurso por un lado y los hechos por otro.
El Gobierno sigue sin entender el valor de la cooperación. Lo ha demostrado al aprobar un Plan Director carente de visión política y estratégica y cuando no se cree en una política no se sabe qué hacer con ella ni se la dota de recursos.