Comenzamos un nuevo curso político con grandes retos y alguna asignatura pendiente. Como la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica, un debate que lleva diez años posponiéndose por falta de consenso político.
Nuestro país debe avanzar hacia un nuevo modelo que tenga en cuenta las singularidades de los distintos territorios, bajo los principios de solidaridad y equidad, de manera que ninguna comunidad resulte perjudicada. En eso está el Gobierno de Pedro Sánchez.
No así el principal partido de la oposición, que se empeña en usar este asunto para hacer aquello que más le gusta: confrontar y dividir. Aunque para ello tenga que perjudicar los intereses de las comunidades autónomas que gobierna.
A estas alturas no cabe duda de que el Partido Popular utiliza Cataluña como “arma arrojadiza” contra el Gobierno para arañar votos en otros territorios. No es una novedad. En los últimos años hemos pasado del siempre recurrente “España se rompe” al más reciente “España y su modelo territorial están en una encrucijada”, como apunta el manifiesto firmado por los presidentes autonómicos del PP. Entre medias, ya saben, innumerables profecías apocalípticas que la propia realidad del país se encarga de desmontar. Una a una.
Pero más allá de esta política del eslogan o del “cuanto peor, mejor” que practica el Partido Popular de Feijóo, es indudable que España tiene por delante el desafío de renovar un sistema de financiación autonómica a todas luces caduco. Y ahí donde muchos vemos la oportunidad de alcanzar grandes acuerdos, otros ven la manera de seguir confrontando.
¿Cuál es su propuesta entonces? Si atendemos al mencionado manifiesto, la repuesta parece clara: el PP defiende “un modelo solidario, igualitario y negociado entre todos”.
Solidaridad, igualdad y negociación. Vayamos por partes.
El Partido Popular habla de solidaridad entre comunidades cuando en aquellas en las que gobierna baja impuestos a los grandes patrimonios, perjudicando la financiación de los servicios públicos y fomentando la competencia o el dumping fiscal con el resto de autonomías, como sucede en la Comunidad de Madrid.
Ese curioso concepto de “solidaridad” es el mismo que parecen aplicar los populares cada vez que votan en contra de las medidas impulsadas por el Gobierno para beneficiar a la mayoría social y promover la igualdad entre españoles, vivan donde vivan.
Basta recordar su negativa a respaldar la revalorización de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o los descuentos en el trasporte público, por citar solo algunos ejemplos.
Tampoco les importó vetar en el Senado el techo de gasto propuesto por el Gobierno para comunidades autónomas y ayuntamientos, a sabiendas que esto supondría un recorte económico de 4.500 millones de euros a estas administraciones públicas.
Y mientras el PP se dedica a poner palos en las ruedas, el Gobierno de Sánchez centra sus esfuerzos en transferir al conjunto de las CCAA (a todas, sin excepción) los mayores recursos económicos de su historia: 300.000 millones de euros más que en la etapa de Mariano Rajoy.
Así que en esta forma de hacer política del Partido Popular de Feijóo no encontramos ni rastro de esa solidaridad y esa igualdad que tanto pregona.
Tampoco vemos ejemplos de su encendida defensa de la negociación, teniendo en cuenta el bloqueo al que ha sometido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante los últimos cinco años y su intención manifiesta de bloquear también cualquier posibilidad de mejora del modelo de financiación autonómica.
El principal partido de la oposición parece resistirse a los grandes acuerdos que sostienen los avances democráticos del país. Pero, al final, la realidad siempre se impone.
Sucedió con el pacto que permitió devolver la normalidad institucional al órgano de gobierno de los jueces y sucederá también con el nuevo modelo de financiación autonómica.
A pesar del ruido, las manipulaciones… y las directrices de alguna dirigente popular que se siente más cómoda en el fango que en el diálogo.
Ahora bien, ¿quién nos devuelve el tiempo perdido?