Una lectura de la política exterior española desde la perspectiva de un sistema político democrático europeo convencional, aunque de transición relativamente reciente, muestra claramente que entre 1976 y 1982 existe un perfil relativamente bajo en política exterior, bajo los primeros gobiernos de la Monarquía, básicamente aquellos presididos por Adolfo Suarez y por Leopoldo Calvo Sotelo, y a partir de 1982, Felipe González.
La prioridad en aquella primera etapa se resume en la palabra consenso. El consenso es lo que ha fascinado, y no sin razón, a los analistas y a los protagonistas de otras transiciones, ya se trate del Cono Sur latinoamericano o de la Europa central y oriental. Pero el consenso, esencial para la estabilización del nuevo sistema democrático, implicó entre 1976 y 1981 aplazar varios temas de la agenda política que implicaban desacuerdos, apartándolos del debate temporalmente. Por supuesto, ello no impidió en modo alguno aplicar el consenso a otros campos de la política exterior, de tal modo que en este período se toman un mínimo de decisiones cuya condición previa es que contaban con el apoyo de los principales actores del proceso político y tenían como filosofía última la superación de un atraso y unos desfases en relación al sistema internacional derivados de la naturaleza dictatorial del régimen franquista, en un contexto histórico y geográfico (sobre todo en su dimensión europea) que imponía unas exigencias mínimas. En ese sentido, la transición no operaba “desde cero”, sino desde una herencia franquista cuya parquedad e insuficiencias en política exterior no merecen mayor demostración, y que condicionaba parcialmente las opciones de los primeros gobiernos de la Monarquía.
Durante 1977, España amplía sustancialmente sus relaciones diplomáticas, y al final de este impulso renovador sólo quedan pendientes algunos casos marginales (Albania, Corea del Norte) y el caso inexplicable y escasamente justificado de Israel (con quien no se normalizará la relación hasta mediados los años 80). En ese mismo año, como es bien conocido, el titular de exteriores, Marcelino Oreja, formaliza el ingreso de España en el Consejo de Europa, y el gobierno español ratifica los pactos internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales, y sobre derechos civiles y políticos. Además, se formaliza en julio el relanzamiento del proceso negociador para que España puede adherirse al Tratado de Roma.
Llama la atención, en esta primera etapa, el hecho de que el consenso explícito en la prioridad a la política interior --y a su dimensión estructural de fundamentación de un nuevo sistema constitucional-- coexistiera con el hecho de que los partidos políticos más importantes, es decir los que a partir de las primera elecciones de 1977 pasan a conformar el “arco parlamentario”, expresasen públicamente orientaciones en política exterior claramente divergentes, en ocasiones antagónicas. Resulta sumamente interesante analizar las posiciones de los principales partidos políticos en materia de política internacional, sobre la base, por ejemplo, de las resoluciones de sus congresos y de sus programas electorales de 1977 a 1981, para llegar a la conclusión de que en este terreno –y en dicha etapa– la divisoria derecha/izquierda era perfectamente identificable. Lo cual da mayor importancia, si cabe, a la capacidad de las fuerzas políticas de dar prioridad al consenso.
A partir de 1982, la secuencia se complica. En todo caso, con las elecciones de octubre de 1982 se abre una etapa de diez años en que se despliega una agenda de alto perfil en política exterior, con la que por un lado se culmina la normalización de los temas pendientes, y por el otro se integra España en su entorno regional inmediato--Europa-- en una década que, al llegar a su término (los años 80) contemplará cambios sustanciales a nivel de todo el sistema internacional. Y sobre todo el 1 de enero de 1986 se produce finalmente la integración española en la Comunidad Europa. Hay que resaltar la integración de España en una serie de dispositivos supranacionales de seguridad que se resumen, esencialmente, en dos la Alianza Atlántica y la UEO. A ello habría que añadir la nueva relación bilateral con Estados Unidos, sobre la base del de Convenio de amistad, defensa y cooperación de 2 de julio de 1982, y que viene a sustituir el acuerdo de 1976. En términos de decisión política, Felipe González no tiene que decidir la entrada o no en la Alianza Atlántica, sino sobre su permanencia y en qué condiciones, lo cual modifica los términos en los que en su momento (marzo de 1986) planteará el famoso referéndum y las condiciones especiales para la permanencia en la Alianza. Efectivamente, para el gobernante no es lo mismo proponer una iniciativa que conlleva modificar la situación vigente, el statu quo (España ya estaba en la Alianza), que plantearla en términos de dejar las cosas como están.
En esta perspectiva, parece evidente que el principal balance de 50 años de democracia, en política exterior, se resume en dos palabras: normalización (en el sistema internacional) e integración (en el sistema regional europeo). Normalización sobre todo por lo que se refiere a la superación de un retraso acumulado durante más de siglo y medio, y en particular durante cuatro décadas de franquismo. Como puede verse, en suma, la Transición española (tan frívolamente denostada ahora por algunos) tuvo en las sucesivas etapas de su política exterior una complejidad considerable pero salió airosa con nota.
Comprobemos ahora el lugar que ocupa la política exterior en los actuales debates entre los principales partidos políticos, en las instituciones, sobre todo en el Congreso y el Senado, pero sobre todo a través de los medios de comunicación, las redes, y en particular eso que ahora se llama X (antes Twiter). Si alguien quiere profundizar en este tema, puede intentar acotar en los programas electorales la parte dedicada a la Política Exterior, y dicha ventana de información para el votante y la opinión pública sería relevante. ¿Por qué? Porque le daría pistas sobre cómo dicho partido (y en particular su líder) dirigiría la Política Exterior. En este sentido, Pedro Sánchez tiene a día de hoy ventaja, pues como presidente gestiona la política exterior del Gobierno de España, con el margen adicional de estabilidad que le da su mayoría parlamentaria. Pero, ¿y los demás partidos políticos? Los minoritarios de la coalición mayoritaria pueden limitarse a matizar tal o cual detalle, por ejemplo en relación a Ucrania, el Sáhara Occidental y, sobre todo, Gaza. Pero no parece que esto vaya a debilitar a día de hoy el perfil de Pedro Sanchez a nivel internacional y, en particular, en Europa y sus principales organizaciones supranacionales (UE, OTAN y Consejo de Europa).
Más preocupante es el perfil que el PP en esta materia. Cuando acude a Bruselas, suele esperar a que el comisario Reynders (cerca del final de su mandato) les dé la razón en… un tema de política interior que además es competencia exclusiva del legislador nacional. O cuando va a la Comisión de Venecia, con la esperanza que esta les de la razón en el controvertido tema de la Ley de Amnistía, pasa algo parecido, y dicha comisión, aparte de recomendar prudencia en el ritmo, no pone objeción alguna a la iniciativa. Podríamos pasar a otro tema mas enojoso, como cuando la Sra. Ayuso hace incursiones en la teoría de las relaciones internacionales por vía de la metáfora. Ya una vez nos sorprendió diciendo que Pedro Sanchez estaba en “pleno delirio bolchevique” (sic), o bien que las acciones contra su Gobierno regional o su pareja sentimental eran de inspiración “chavista” o “putinista”. Pero seguimos sin saber qué opina el PP sobre el reconocimiento del Estado palestino. Su portavoz oficial, Sr. Tellado, opina que eso es una “ocurrencia de Sanchez”, que han tenido ya 139 países de los 193 que forman Naciones Unidas; el líder del partido, Sr. Feijóo, que es partidario de volver a la solución de los dos estados, o el Sr. Aznar, que dice que eso de un estado palestino no existe, aunque en ocasiones ha opinado que Israel debería ingresar en la OTAN. Sobre Gibraltar, ¿apoya explícitamente el Sr. Feijóo las gestiones en curso del ministro Albares, que está (una vez más) negociando con Londres y Gibraltar un avance en los acuerdos pendientes? No lo sabemos. O cómo cree que se deben gestionar las relaciones con Mercosur, ALBA, Unasur, el Gobierno de Lula o el asalto a la Embajada de México en Ecuador. El Rey hace su parte, la que le toca constitucionalmente; las Fuerzas Armadas, igualmente, con gran disciplina y dedicación; el Gobierno va haciendo camino, entre otras razones porque no puede no hacerlo. ¿Y el PP? En esta volátil temática, Feijóo mejor que no espere nada de Vox, que proponía solucionar la inmigración irregular mediante “un bloqueo naval”. Tuvo que salir un alto mando de la armada a recordarle que las leyes del mar están en otro marco normativo y moral.