Las conductas suicidas y autolíticas están creciendo mucho entre los jóvenes de nuestro país. Es un fenómeno doloroso que tiene un origen multicausal. En algunos casos tiene que ver con patologías de salud mental. Pero en otros son consecuencia del malestar emocional producido por el maltrato y el bullying. Recientemente, varios casos dramáticos han generado alarma social. Ha habido varios intentos, uno en La Ràpita (Tarragona) y dos en Sallent (Barcelona) con la muerte de un adolescente. Pueden estar asociados a situaciones de acoso sostenido sobre personas con espectro autista, LGTBI y otras vulnerabilidades. En el fondo, es porque no se tolera ni se asumen las diferencias o diversidades.
Cuando pasan los ecos de estas desgracias, en la práctica, todo sigue igual. Ni siquiera se logra objetivar un análisis que vaya al fondo del problema ni, por supuesto, se implementan soluciones. A veces todo se reduce a la queja de que el profesorado está desbordado y que faltan profesionales especializados en los colegios y en salud mental. De acuerdo con esto, pero es un análisis insuficiente ante la magnitud del problema y no va a las causas.
Los datos son impresionantes. Según el INE, en 2021 se suicidaron 22 menores de 14 años y 53 de entre 15 y 19 años. Y se calcula que por cada suicidio consumado hay hasta 200 tentativas. Lo cierto es que la autolisis está creciendo mucho y puede estar asociada a situaciones de acoso escolar reforzadas por las redes sociales. La Fundación Anar y la Fundación Mutua Madrileña vienen realizando encuestas en varias comunidades autónomas que cifran en la cuarta parte los alumnos que perciben acoso en su aula.
Una encuesta de la Diputación de Barcelona a 25.000 alumnos de 3º y 4º de la ESO arroja conclusiones muy inquietantes, como que el 48% de las alumnas reconoce haber sufrido maltrato psicológico o que el 23% admite haber tenido pensamientos suicidas. La Asociación de Directores de Institutos de Madrid (ADIMAD) viene denunciando que los casos de autolisis se han multiplicado en los últimos años, así como los protocolos abiertos en los centros. Es evidente que la situación es difícil y la pandemia ha agudizado las cosas desde el punto de vista del sufrimiento y del aumento de la fragilidad de un importante número de niñas, niños y jóvenes.
Los conflictos son naturales en cualquier comunidad, pero la intolerancia y el maltrato no se pueden banalizar diciendo que son “cosas de niños”. Son dinámicas de grupo que tienen que ver con la falta de respeto, la ausencia de educación en valores, de planes de convivencia y con un modelo social de referencia competitivo, individualista y falto de empatía. A ello se unen los discursos de odio y violencia que se escuchan desde las instituciones.
La creación de un ambiente de convivencia y protección en los centros educativos debe ser el objetivo. Hacen falta medidas generales y concretas. Exige invertir bastante más en educación pública. Ahorrar en educación no previene el acoso escolar ni los suicidios. Por ejemplo, en el caso de Madrid, hay que doblar la inversión para llegar a la media de España; y a nivel de todo el país, tener el horizonte de un 7% del PIB. Ello permitiría una bajada de ratios y es más fácil educar, enseñar y detectar las situaciones de acoso escolar en un grupo de 20 alumnos que en uno de 30 o 35. Aumentar el profesorado, especialmente en atención a la diversidad y estabilizar hasta donde sea posible las plantillas.
Los centros educativos son espacios privilegiados para detectar los problemas de salud mental y desarrollar acciones de prevención e intervención. El profesorado tutor suele ser el que antes descubre los síntomas del acoso: desconcentración, aislamiento, molestias físicas, desinterés y bajada en las notas. El problema es cuando las ratios son tan altas y los horarios tan intensos que no hay capacidad ni tiempo para la atención personalizada y la coordinación con las familias. Por ello, también se deben reducir las jornadas lectivas (18 periodos lectivos en secundaria) para que haya tiempo de coordinación entre los equipos docentes.
Si queremos prevenir cualquier tipo de maltrato, tendremos que reforzar las tutorías con programas de educación en valores, en igualdad, en respeto a la diversidad, en derechos humanos, una educación que aumente las competencias sociales y emocionales. Para ello se necesita el apoyo externo de expertos, en colaboración con ayuntamientos y organizaciones. Se necesita también reforzar la formación de todo el profesorado en desarrollo emocional y prevención de conductas de riesgo.
Los Planes de convivencia juegan un papel muy importante si participan en ellos toda la comunidad educativa. Programas como el alumnado ayudante, equipos mediadores y grupos de acogida, se demuestran muy eficaces en la prevención. Actúan sobre las dos partes: protegen a las víctimas, y mejoran la empatía y el desarrollo moral de los acosadores.
Entre las medidas concretas se deberían reforzar los departamentos de Orientación en los centros educativos; nombrar coordinadores de bienestar formados y con medios para ejercer su función; coordinar la escuela con otras administraciones, con Servicios Sociales de los ayuntamientos y con los servicios públicos de salud, especialmente con Salud Mental.
Los problemas de salud mental deben abordarse desde el ámbito clínico y sanitario. Ello exige aumentar las plazas en Centros Educativos Terapéuticos, las Unidades de Adolescentes en hospitales y los equipos multiprofesionales y de psiquiatras y psicólogos infantojuvenil en los Centros de Salud Mental Comunitarios.
Apostar por la salud y el bienestar de toda persona, por su equilibrio físico, psicológico y social es la auténtica prevención. Porque no basta intervenir cuando ya se ha creado el problema o cuando éste se ha ido de las manos. En estos casos, los protocolos establecidos están bien, pero no es una condición suficiente. La existencia del acoso escolar supone en sí mismo un fracaso del objetivo de la educación: hacernos mejores a todos. La escuela tiene que ser una oportunidad, nunca un riesgo, y debe proteger a todos sus miembros.