El PSOE, ante un nuevo tiempo politico
La incertidumbre generada por las dificultades para conformar el futuro gobierno y la amenaza de repetición de las elecciones generales explican, seguramente, el escaso tiempo dedicado a analizar los resultados obtenidos por cada una de las fuerzas políticas el 20-D. En el caso del PSOE esta reflexión crítica y serena es particularmente necesaria, pues en gran medida de ella depende el papel que este partido puede desempeñar en la legislatura que ahora se abre y en el futuro.
Las malas noticias
En solo dos legislaturas el PSOE ha perdido la mitad de sus votantes. Tras el histórico batacazo de 2011, el pasado 20-D los socialistas se han dejado otra veintena de diputados y un millón y medio de votos. Con el agravante que suponen resultados tan negativos, y simbólicos, como el de Madrid donde se han convertido en la cuarta fuerza política.
Esta decadencia acelerada no es casual y exige, por ello, una reflexión autocrítica. Para empezar, no cabe duda de que la trayectoria del gobierno de Rodríguez Zapatero a partir de mayo de 2010, con la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución como punto culminante, sigue constituyendo un pesado lastre del que el PSOE no se ha podido desprender, básicamente porque no ha sido capaz de admitir sus errores. Resulta muy llamativo, por ejemplo, que no se haya producido todavía un claro desmarque de la decisión de congelar las pensiones en 2010.
En segundo lugar, sigue echándose en falta una mayor contundencia en la lucha contra la corrupción y las corruptelas. Sería injusto no reconocer que se han producido avances en este sentido, pero queda mucho camino por delante.
Así lo pone de manifiesto que se consientan situaciones como la imputación del secretario general de los socialistas gallegos. Porque parece que el PSOE no ha entendido que lo que hoy exige la ciudadanía a la clase política, tras destaparse gravísimos casos de corrupción en los últimos años, es ejemplaridad.
Por último, también es reseñable que el proceso de renovación iniciado tras los comicios europeos del pasado año ha tenido un recorrido limitado. Y es que el éxito indiscutible que supuso la elección directa por los militantes de Pedro Sánchez como secretario general del partido no ha servido para impulsar suficientes cambios internos que transmitan a la ciudadanía que la organización ha conseguido superar una situación de esclerosis y que, por tanto, tiene capacidad real para liderar un nuevo proyecto político.
Todo ello se traduce en un problema de credibilidad. Al tiempo que a su izquierda –también incluso a su derecha– se reconoce la importantísima contribución del PSOE a la construcción de nuestro Estado de bienestar y, en general, al progreso del país en los últimos treinta y cinco años, ha calado en una parte significativa de su potencial electorado la idea de que poco puede esperarse de este partido en la actualidad. No tanto porque los mensajes que transmita no sean de corte progresista –aunque ciertamente podrían ser algo más ambiciosos–, sino sobre todo porque los ciudadanos no tienen ninguna garantía de no verse ‘traicionados’ nuevamente si los socialistas volvieran a gobernar.
Las buenas noticias
Sería injusto no reconocer que, pese a todo, el resultado cosechado por el PSOE ha quedado por encima de lo que auguraban los sondeos previos. Seguramente ello tiene mucho que ver con la recta final de la campaña en la que Pedro Sánchez demostró contundencia para reprochar al PP sus errores y vergüenzas, y cierta habilidad para escorar hacia la derecha la percepción que los electores tenían de Ciudadanos. El caso es que el PSOE sigue siendo el principal partido de la izquierda, en escaños y votos; y la fuerza parlamentaria con una presencia territorial más homogénea: es la única que ha logrado al menos un escaño en todas las provincias.
Pero, además, el PSOE sigue ocupando algo tan preciado como la centralidad del tablero político. En un doble sentido. Por un lado, ningún otro partido acredita como los socialistas el talante de diálogo y la capacidad de pacto. En los últimos meses, sin ir más lejos, ha llegado a acuerdos de gobierno de distinto tipo con fuerzas que quedan a su izquierda como Podemos (Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura), Compromís (Comunidad Valenciana) o IU (Asturias), al que igual que con otros partidos que se sitúan a su derecha: Coalición Canaria en las Islas, PNV en las Diputaciones Forales e incluso Ciudadanos en Andalucía. Por otro lado, el resultado de las elecciones generales hace que cualquier combinación para formar gobierno implique necesariamente a los socialistas; y, en concreto, la aritmética parlamentaria les sitúa en condiciones de liderar una alternativa de gobierno que podría articularse en torno a tres ejes fundamentales.
El primero, y más urgente, incluiría un conjunto de medidas de carácter social dirigidas a atender las situaciones de necesidad de la población más desfavorecida que tendrían como pieza central la creación de una renta mínima garantizada para todas las personas desempleadas y familias sin recursos económicos suficientes. Todos los partidos de izquierdas llevaban en sus programas electorales propuestas de este tipo por lo que no debería ser difícil consensuar la medida como simbólico punto de partida de un acuerdo de gobierno.
El segundo eje sería el de la regeneración democrática, ámbito en el que podría plantearse una reforma del sistema electoral para lograr una representación más proporcional que evite el perjuicio desmedido que sufren las fuerzas minoritarias con presencia en el conjunto del Estado. Tanto IU como Podemos –sin olvidar a Ciudadanos– comparten plenamente este planteamiento por lo que el acuerdo sería factible.
Por último, la tercera línea de actuación es la que ha de afrontar la delicada cuestión territorial en el marco de una reforma constitucional. Es evidente que esa reforma habrá de contar, antes o después, con el apoyo de la derecha parlamentaria. Pero, de momento, hay que corregir el inmovilismo de los últimos años y sentarse a dialogar con las fuerzas nacionalistas en busca de un mejor encaje de la diversidad territorial e identitaria en nuestra Constitución. Es un paso pequeño, pero significativo; lo que podría servir para lograr el apoyo de una fuerza nacionalista como el PNV.
La legislatura que acaba de concluir ha sido una pesadilla para buena parte de la población. Los recortes sociales han provocado un enorme sufrimiento y el afloramiento de las tramas de corrupción, en un momento tan sensible, han generado indignación en una ciudadanía que se ha sentido olvidada. Por eso, la izquierda –que suma casi un millón de votos más que PP y C’s– tiene una obligación moral de ofrecer una respuesta, y de hacerlo cuanto antes, evitando cálculos electoralistas que probablemente conducen al fracaso. Es cierto que la composición del Congreso de los diputados que resulta de las urnas no hace sencillo trenzar ese pacto, pero es posible. El PSOE tiene la responsabilidad de liderar esta iniciativa. El pasado le avala; ahora ha de ser capaz de interpretar, con humildad, el nuevo tiempo político que se ha abierto definitivamente tras el 20-D.
