Esta semana el Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler. Una evidente mejora con respecto a la situación actual que aportará mayor estabilidad a todas aquellas personas que viven de alquiler. Así, se alarga la duración de los contratos de tres a cinco años, si quien arrienda es una persona física, y hasta siete en el caso de que la propiedad esté en manos de una persona jurídica.
Además, a diferencia del anterior Decreto fallido que el Partido Socialista intentó aprobar hace unos meses, la nueva legislación recupera derechos que el Partido Popular había eliminado en 2013: la actualización anual del precio del alquiler vuelve a estar vinculada al IPC y asegura que, en caso de venta del piso, el alquiler deberá ser respetado aunque no esté inscrito en el Registro de la Propiedad. Cuestiones claves teniendo en cuenta la nueva duración de los contratos y el contexto actual en que la compra-venta de inmuebles con fines especulativos es cada vez más intensa.
La nueva norma establece también que los gastos de gestión deberán ir a cargo de la propiedad si se trata de una persona jurídica, y se alarga de 30 días a 4 meses el tiempo de aviso que la propiedad debe conceder a las personas inquilinas en el caso de que no les quiera renovar el contrato. En materia de desahucios, por un lado se introduce la obligación de que los juzgados se comuniquen de oficio con servicios sociales para asegurar una buena atención a las familias en situación de vulnerabilidad, y por otro se da un paso más para impedir la práctica brutal y abusiva de los “desahucios abiertos”, desalojos sin fecha y hora exacta que suponen una vulneración de los derechos de las familias afectadas.
Sin embargo, pese a los avances de la reforma, seguimos lejos de las mejores prácticas europeas. La nueva ley ni permite a los ayuntamientos impedir subidas abusivas entre contrato y contrato, ni elimina los privilegios fiscales de los que disfrutan los fondos de inversión especulativos que hoy destrozan el tejido vecinal y las comunidades de los barrios. La negativa del Partido Socialista a cumplir la totalidad del acuerdo de vivienda, que desde el grupo Confederal habíamos conseguido arrancar en la negociación de presupuestos, ha impedido la inclusión de ambas medidas.
Si vivir de alquiler es cada vez más difícil en tantas ciudades de España es en gran medida consecuencia de una legislación estatal que lleva décadas impulsando la mercantilización de la vivienda, en lugar de tratarla como un derecho básico. Al igual que las hipotecas en su momento, hoy el alquiler se ha convertido en un producto especulativo que devora los ingresos de las familias de clases populares y clases medias.
Según datos europeos, España es el país europeo con mayor tasa de sobresfuerzo para pagar el alquiler. Su encarecimiento dificulta aspectos tan básicos para el buen funcionamiento de las ciudades como la emancipación de la gente joven, la cohesión de nuestros barrios o la incapacidad de contar con profesionales imprescindibles – los famosos “keyworkers” – como personal sanitario, educativo, investigadoras, etc.
Pese a la gravedad de la situación, desde el primer momento resultó claro que el PSOE sería hostil a revertir los privilegios históricos del poder inmobiliario. Quedó en evidencia cuando intentó aprobar sin previo aviso un primer texto que, no por casualidad, dejaba fuera gran parte de los avances que finalmente se incorporan. Y lo volvimos a experimentar durante la negociación del presente Decreto en la que se negaron a incorporar los sistemas europeos de control de rentas.
Las exigencias de los fondos buitres y promotores especulativos que llevan años dirigiendo las políticas de vivienda del país han impedido una reforma a la altura de las circunstancias. Pero la demanda ciudadana de corresponsabilizar a un sector que lleva años campando a sus anchas sin cortapisa alguna no ha caído en saco roto.
De hecho, los avances que se le han arrancado al PSOE en el nuevo texto no hubiesen sido posibles sin una ciudadanía organizada y vigilante. En la calle nadie duda de que sin control de precios de alquiler no hay derecho a la vivienda. Ahora, hacen falta gobiernos valientes que se atrevan a poner límites a esta nueva ola de especulación de global que acecha a nuestras ciudades.