Sobre relaciones entre política y derecho penal se podría escribir largo y tendido. Baste un apunte. Cualquier responsable político que cuestione el orden hegemónico de las cosas y pierda está sometido al relato de la parte vencedora. La represalia le esperará a la vuelta del camino en forma de proceso penal, jaleado por la masa de la opinión publicada que sin duda pedirá mano dura contra el transgresor, convertido en blanco de las iras del poder felizmente restaurado para regocijo general. Por ello, cualquiera que practique la desobediencia civil en cualquiera de sus formas, sabe que debe aceptar este destino desde la convicción profunda y de conciencia de que hace lo correcto. Sin fanatismo, con las dudas que acosan a quien se ve en minoría social. Pero con la fe inquebrantable que le dan sus creencias políticas sostenidas y coherentes.
Por eso quizá es menos entendible la estrategia de algunos líderes independentistas en el momento actual. Mucha parte del pueblo catalán se ha partido la cara por ellos y por un ideal compartido. Deberían asumir ahora ellos y ellas el dar la cara por ese mismo ideal en la parte que les puede tocar, como única forma de mantener el simbolismo de la lucha política. Aunque esas consecuencias partan de la evidente venganza y la injusticia que deriva de la interposición de una querella penal por parte de la Fiscalía que tiene un evidente impulso político como por otro lado es evidente porque es la Fiscalía la que baja a acciones concretas la política criminalidad de un Gobierno en su actual configuración. Y en ese sentido hay que destacar algunas cosas que llaman muchísimo la atención.
En primer lugar, se mezclan las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales, que no tienen nada que ver, como el propio Partido Popular mantiene cuando se habla de casos de corrupción. La Fiscalía sostiene un concepto de autoría omnicomprensivo. Similar al todo es ETA, ahora en su versión de “todo es independencia”, planteando una acción concertada de todos los elementos independentistas, Gobern, Junts pel Si, la CUP y asociaciones como ANC y Òmnium en el objetivo común de delinquir, según el relato de unos hechos en que todas las acciones están perfectamente orquestadas y organizadas en pos de un objetivo común, pero sin aportar prueba alguna penal de que esto sea así, más allá de la interpretación política de que se comparten fines.
Nos encontramos con un relato penal de fantasía en el que el sujeto omnisciente, como un escritor de ficción, decide qué hechos son relevantes en función del objetivo al que quiere llegar, configurar un grupo de conspiradores con el objetivo común de romper el orden constitucional de una manera concertada estratégicamente como si se tratara de un mapa de batalla. Aceptemos que los hechos son así, cosa por otra parte nada extraña si hablamos de estrategia política, que por definición necesita una concertación de voluntades de ámbitos diferentes para lograr una transformación social. Al fin y al cabo, todos los partidos aspiran a ello, y que sepamos, ningún fin es estrictamente ilegítimo en una democracia que el propio Tribunal Constitucional ha definido como “no militante”, es decir, que no exige una adhesión ideológica incondicional.
Dentro de ese concepto de autoría además el reprobado fiscal Maza ha decidido que sean imputables directamente a los impulsores del proceso independentista cualquier hecho que dentro de ese proceso sea protagonizado por terceronas personas, se pruebe que lo conozcan o no. La máxima es: si tú impulsas una acción política, vas a ser responsable penalmente de lo que terceras personas decidan autónomamente dentro del marco que tú has generado con tu impulso. Es decir, se asumen jurídicamente las responsabilidades penales de otras personas, que se atribuyen al responsable político en virtud de un fin que supuestamente (aquí tampoco es necesaria la prueba penal) se comparte. Pero todo ello no es suficiente. Para que sea delito de rebelión, tiene que entrar en juego otro concepto, el uso de la violencia, a priori difícil en un movimiento cuyos líderes han hecho extensas y repetidas afirmaciones de una exteriorización pacífica y cuyas multitudinarias manifestaciones se han distinguido por no tener ni un sólo acto de violencia (cosa por lo demás difícil porque como se ha dicho muchas veces no depende de los convocantes sino de la decisión de un tercero).
Con respecto al concepto de violencia que se maneja, la querella establece la imputación directa de cualquier acto de violencia que se pueda producir en la calle a los y las querelladas. Se utilizan declaraciones públicas de diversos responsables políticos atribuyéndoles permanentemente un sentido intimidatorio hacia personas indeterminadas (los no independentistas) que no necesita prueba (y obviando declaraciones presuntamente igual de intimidatorias de otros responsables en sentido contrario, como cuando la ministra de Defensa aclaró a todo el mundo que no creía que tuviera que intervenir el Ejército).
Más grave aún, cualquier manifestación o concentración pública, dentro del concepto manejado en la querella, tiene un sentido intimidatorio y ha sido previamente orquestada para ese fin. Para ello utilizan un concepto en el que los querellados y las querelladas han inoculado en la sociedad catalana la creencia de que se pueden desobedecer las leyes y que por tanto, todo está permitido en contra de la constitución. Se hacen interpretaciones dudosas sobre la presunta utilización de los Mossos como fuerza armada potencialmente utilizable para el enfrentamiento con otros cuerpos armados, también sin aporte de prueba material alguna sobre ese juicio de intenciones. Con el riesgo, es suficiente.
La resistencia pacífica y la desobediencia civil son conceptuados como actos de violencia frente al Estado, para acabar de complicar más el asunto. Y por último se asimila al concepto de violencia la fuerza sobre las cosas, exceso que cualquier penalista comprenderá fácilmente porque sólo se ha utilizado ese concepto por parte del Supremo en ocasiones contadas, como por ejemplo calificar como coacción el cambio de cerradura a una persona para echarla del piso que ocupa. Así, son muy expresivas las palabras de la querella cuando dice “Pero es que, además de ese gran escenario intimidatorio articulado a través de los sectores independentistas de la población, los querellados eran conscientes y asumían que esa misma muchedumbre iba a protagonizar también, como así ocurrió, actos de violencia material y física para la consecución de ese fin primario de celebrar el referéndum que ineludiblemente llevaría a conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España”. En definitiva, se responsabiliza a los responsables políticos sin prueba alguna de lo que está en el dominio de otras personas, es decir, la utilización de la violencia sobre las cosas“
Sobre el ejercicio de otros derechos fundamentales, se califica a la huelga convocada no como un acto en defensa de los derechos de los trabajadores sino “como un acto más de fuerza”.
En resumen, hay múltiples ejemplos de cómo se convierte por la Fiscalía el ejercicio de un derecho fundamental en ilegítimo y violento por su finalidad, por su finalidad que no le gusta, claro. Porque de las manifestaciones a favor de la unidad de España no se ha oído a nadie decir que eran ilegítimas o que pretendían crear un marco general intimidatorio frente a los y las independentistas.
Incluso criminaliza el diálogo conceptuándolo como forma de presión cuando dice que: “Tras la celebración del referéndum y la presentación de sus resultados en el Parlament, el President de la Generalitat ha iniciado una nueva etapa de presión a las autoridades españolas, en las que insiste en un teórico diálogo con la mediación de la comunidad internacional, con especiales llamamientos a la UE para cubrir el rol de mediador.”
Todo esto serían disquisiciones puramente académicas si no acabaran con gente en la cárcel, agudizando de forma partidista con la utilización del derecho penal un conflicto político de por sí fuertemente polarizado. Y llevándonos a todas y a todos de paso a un escenario autoritario de advertencia sobre la forma de hacer política y sobre la represión en el ejercicio de los derechos fundamentales. Afán en el que, todo hay que decirlo, el Partido Popular, ahora con la ayuda inestimable de Ciudadanos, lleva unos años. Pero, no lo olvidemos, todo esto no sería posible sin la inestimable ayuda y colaboración del PSOE, que con sus protestas de “volver al orden”, del “respeto a las actuaciones judiciales” y a la “independencia judicial”, se niega a combatir un estado de cosas que al menos desde el lema de “somos la izquierda” que reivindican para sí mismos, deberían cuestionar. A todas esas voces críticas, si es que las hay, las esperamos con los brazos abiertos para defender el Estado de Derecho.