La violencia contra las mujeres es un hecho social global. Nuevas formas de violencia se añaden a las de siempre, y unas y otras se suceden dolorosamente en todas las regiones del mundo. Desde las violencias más aparentemente inocuas hasta los brutales asesinatos, las sociedades patriarcales han creado una cadena de violencias en la que todas las mujeres sin excepción estamos atrapadas. No es bastante con tener cuidado, ni siquiera basta saber que la violencia forma parte de la vida de las mujeres. Estas violencias tienen un carácter sistémico, anidan en las entrañas de las sociedades patriarcales, beben de la desigualdad y se alimentan de esa ideología de la inferioridad de las mujeres que está inscrita en la mente de muchos varones. No se puede separar la violencia patriarcal de la masculinidad hegemónica. Los hombres son socializados en un modelo de masculinidad en el que el dominio es un componente fundamental de su educación. A veces, incluso, a pesar de ellos mismos.
Cada ocho horas una mujer es violada en España; dos millones y medio de mujeres sufren violencia en la pareja; y un millón y medio padece violencia sexual fuera de la pareja. El colofón a semejante horror es el asesinato de cinco menores y 32 mujeres en nuestro país en lo que va de año, según el cálculo realizado por la feminista Herme Castro (superior a las cifras oficiales aportadas por el Gobierno).
Con esas cifras parecería que el Gobierno debería tener como objetivo político prioritario combatir la violencia machista. Sin embargo, no es así. A la hora de la verdad, a la hora de destinar recursos para frenar y desactivar esa violencia, el Gobierno del PP ha decidido de facto no apoyar ese pacto de Estado. La cantidad de dinero destinada a cubrir las necesidades que genera la violencia contra las mujeres es irrisoria: solo el 0,0001% de los gastos del Proyecto de Presupuestos del Estado para 2017, es decir, casi un 11% menos que en 2011. En otros términos: solo 6,9 euros al año se destinan a cada mujer que sufre violencia.
¿Dónde están los recursos para la prevención en el ámbito educativo, sanitario y de medios de comunicación? ¿Dónde están los recursos para prevenir y atender la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul? ¿Dónde están los recursos para mejorar la respuesta judicial y cubrir el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las Entidades Locales?
Acabar con la violencia patriarcal requiere políticas públicas de igualdad, tanto para la prevención como para la atención y protección de las mujeres agredidas. La educación es un dispositivo fundamental para desactivar esa masculinidad hegemónica tan hondamente arraigada en las sociedades patriarcales. Por eso son necesarias políticas públicas de igualdad en las aulas y por eso es más necesario que nunca llevar la coeducación a los centros escolares.
Además, ni las políticas de prevención ni las de atención pueden estar dirigidas por políticos inexpertos y en algunos casos incluso por quienes no tienen conciencia de la desigualdad. Tanto en el diseño como en la ejecución de estas políticas debe ser escuchada la voz del feminismo. Las mujeres feministas fueron las primeras que atendieron a mujeres maltratadas, las que enseñan en los cursos sobre violencia machista, las que detentan el conocimiento sobre este gravísimo fenómeno social y en muchas ocasiones las que primero reciben a las mujeres maltratadas. Dejar fuera de las políticas sobre violencia machista a las feministas es tan irracional como diseñar políticas sobre sostenibilidad y medio ambiente al margen del movimiento ecologista.
El movimiento feminista ha identificado el problema, lo ha colocado en la opinión pública y ha luchado para detener esta tragedia. Ha movilizado a cientos de miles de personas y ha presionado a los partidos políticos para que entiendan que la violencia es tan sistemática y persistente que debe ser considerada un asunto de Estado. Todos los partidos se han mostrado de acuerdo en hacer de ello un asunto de Estado. Sin embargo, el Gobierno del PP no acaba de entender el significado de la violencia patriarcal. Asumir que la violencia contra las mujeres debe ser objeto de un pacto de Estado requiere recursos y voluntad política para comenzar a resolverlo, pero el PP no parece estar dispuesto a casi nada.