El reconocimiento del Estado palestino por parte de España, Irlanda y Noruega ha suscitado todo tipo de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, desde el silencio –clamoroso– de las instituciones de la Unión Europea, pasando por la discreción de EEUU, hasta la rabiosa respuesta del Gobierno israelí, sumido en una loca huida hacia adelante en la destrucción de Gaza, a pesar del rechazo internacional explícito en la orden del Tribunal Internacional de Justicia de detener la ofensiva sobre Rafah, que por supuesto no ha acatado ni acatará mientras Washington se lo consienta. No solo es absolutamente falso, sino que es gravemente ofensivo que se diga que reconocer al Estado palestino es apoyar el terrorismo de Hamás. Es repugnante y criminal tratar de confundir a un movimiento terrorista, cuyos miembros no alcanzan al 1% de la población de Gaza, con el conjunto del pueblo palestino, como ha hecho Israel al desatar contra él su venganza causando al menos 34.000 víctimas, de las que el 70% serían mujeres y niños.
En noviembre de 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas (NNUU) aprobó la Resolución 67/19 por la que se aceptó a Palestina como Estado observador y se reafirmó su derecho a un territorio propio, por 143 votos a favor, 25 abstenciones y nueve en contra. Aunque el Estado palestino no ha podido ser admitido como miembro de pleno derecho por el veto de EEUU en el Consejo de Seguridad, esta resolución –y otras que la han seguido– son un reconocimiento oficial de que Palestina es un Estado. Un total de 142 países, de los 193 representados en NNUU, además de la Santa Sede –que también es observador–, han reconocido ya al Estado palestino. ¿Son todos estos países, incluido el Vaticano, amigos de Hamás y cómplices de los terroristas?
Tampoco tiene fundamento el argumento, esgrimido por el Partido Popular, de que había que esperar a una posición común de la Unión Europea, que en este asunto está claramente dividida, en algunos casos por razones históricas. Es una manipulación más de la opinión pública con la única finalidad de atacar al Gobierno. En diciembre de 2014, el Parlamento Europeo, la única institución comunitaria elegida por sufragio universal –que vamos a renovar el 9 de junio– aprobó una resolución apoyando el reconocimiento del Estado palestino por 498 votos a favor, 111 en contra y 88 abstenciones. El Partido Popular Europeo votó a favor. Ya han reconocido a Palestina como Estado independiente ocho países miembros de la UE, que serán 10 con España e Irlanda, y muy probablemente 13 en no mucho tiempo cuando lo hagan Bélgica, Eslovenia y Malta, sin descartar que sigan otros.
España, Irlanda y Noruega actúan coherentemente con la solución de dos estados que ha sido reiteradamente apoyada y promovida por Naciones Unidas desde la resolución 181 que aprobó el plan de partición del protectorado británico de Palestina, en 1947, y que admiten también –como la única posible– la práctica totalidad de los estados del mundo, incluidos los más amigos de Israel como EEUU, Reino Unido y Alemania, aunque ni estos ni otros 48 estados miembros de NNUU han reconocido aún al Estado palestino para no perjudicar al Estado judío hasta que éste lo acepte.
No obstante, la solución de dos estados, que remitiría según las resoluciones de NNUU a las fronteras de 1967, parece hoy en día poco viable, no solo por la separación –geográfica y política– de sus dos territorios palestinos, Cisjordania y Gaza, sino sobre todo por la colonización israelí de Cisjordania y Jerusalén este con más de 300 asentamientos –oficiales o no– donde viven más de 650.000 colonos, que se ha acelerado en los últimos meses, aprovechando la guerra. Muchos de estos asentamientos se han hecho usurpando tierras palestinas y derribando viviendas, y algunos de los colonos han actuado como verdaderos terroristas asesinando a palestinos –incluidos niños– con el indisimulado apoyo o connivencia de las Fuerzas de Defensa de Israel.
La pregunta clave es: ¿cuál es la alternativa a la solución de dos estados? Habría que saber qué piensa hacer exactamente el Gobierno israelí con los cinco millones y medio de palestinos que todavía resisten en los territorios donde sus ancestros han vivido desde hace 1.300 años. ¿Qué solución propone para ellos el Gobierno de Israel, digamos en un horizonte de cinco, diez o veinte años? Algunos miembros del Gobierno israelí –de extrema derecha– han dicho claramente que la solución es expulsarlos a todos y hacerse definitivamente con todo el territorio de la antigua Palestina. Una nueva nakba como la que expulsó a 750.000 palestinos en 1948, o si se prefiere, una limpieza étnica, en este caso definitiva.
Parece como si los israelíes más radicales quisieran reproducir la conquista del oeste que llevaron a cabo los colonos de los nacientes Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX, ocupando los territorios de los indios, arrinconándolos progresivamente, y llevándolos al exterminio, bien matándolos directamente o bien quitándoles sus recursos de supervivencia, hasta reducirlos a una mera atracción turística. También entonces se aprovechaban las reacciones violentas esporádicas de los nativos, que asesinaban a algunos colonos y destruían sus propiedades, para lanzar operaciones militares indiscriminadas y acelerar así el genocidio que se cometió contra ellos, y el robo de su territorio.
Pero desde entonces han pasado 200 años y el mundo ya no es el mismo. La comunidad internacional no va a permitir el exterminio o la expulsión de los palestinos. Ni siquiera los países más amigos de Israel podrían aceptarlo. Tampoco la situación actual puede durar mucho tiempo más. Cisjordania y Gaza cada vez se parecen más a los bantustanes sudafricanos, con pobladores no-ciudadanos carentes de derechos sociales o políticos, pero sujetos a la jurisdicción de un Estado al que formalmente no pertenecen. Y ya sabemos cómo terminó ese sistema en Sudáfrica, con los habitantes negros adquiriendo la ciudadanía plena y constituyendo una mayoría que tomó la dirección del país.
La discriminación, la existencia de millones de personas sin derechos, la ocupación militar, es insostenible en el tiempo. Y, además, tampoco es buena para la población judía que tiene que vivir siempre militarizada y bajo la amenaza de la violencia. Antes o después, Israel tendrá que elegir entre aceptar un Estado palestino independiente y libre, lo que comportaría el abandono de los asentamientos judíos de Cisjordania y la retirada de Jerusalén este –aunque podría haber alguna modificación de fronteras si lo acordaran las dos partes–, o integrar a los palestinos como ciudadanos de pleno derecho en el Estado en el que en la práctica residen. Si esto sucediera, la población palestina sumada a los árabes que ya viven en Israel –también discriminados– superaría en número a la judía, o no tardaría en superarla dado su mayor índice de natalidad, y la ley aprobada en 2018 según la cual Israel es el Estado-nación del pueblo judío dejaría de tener sentido. Israel pasaría a ser un Estado multiétnico en el que los árabes serían mayoría y por tanto dirigirían o codirigirían el país.
Reconocer al Estado palestino es – en realidad– hacerle un favor a Israel. Porque la solución de los dos estados es sin duda la menos mala para la población judía de las que se presentan como posibles. Dejar pasar el tiempo o aumentar la presión para ver si los palestinos se debilitan lo suficiente como para ser sometidos sin oposición es un camino imposible, además de un crimen de lesa humanidad. Pueden arrasar Gaza, gracias al apoyo de sus valedores, pueden diezmar a la población, tal vez consigan desarticular a Hamás. Pero nacerán nuevos palestinos y heredarán de sus padres el odio a quienes los mataron. Habrá nuevos terroristas y más violencia y más muerte, y de nuevo más odio. Hasta que los judíos asuman que no están solos en el territorio palestino y que tienen que dividirlo o compartirlo con los árabes con los mismos derechos.
Israel tiene que decidir. Si no quieren dos estados, tendrán uno. Pero antes o después dejará de ser judío.