10 razones para revertir las privatizaciones en la sanidad
1. Porque la privatización de los servicios públicos forma parte del llamado proceso de mercantilización del Estado de Bienestar. La campaña de devaluación de lo público y de desprestigio del papel del Estado arranca ya hace más de tres décadas con la intrépida decisión de Ronald Reagan y Margaret Thatcher de poner en práctica las teorías neoliberales (Hayeck, Freedman). Sin embargo, la embestida reciente de invasión privada de los servicios públicos ha tenido una ocasión de oro en la última gran recesión originada por la grave crisis financiera, consecuencia de una feroz especulación y desalmada financiarización de la economía que sustenta la progresiva mercantilización del Estado de Bienestar. Y la sanidad no se escapa a este proceso (entorno a un 9% del PIB entre recursos públicos y privados) es un bocado muy suculento y apetecible.
2. Porque el contexto de la reciente crisis ha sido utilizado para debilitar el Estado de Bienestar y la incorporación de negocio en los servicios públicos. La famosa frase de “el Estado no es la solución, es el problema” pronunciada por Reagan encierra toda la ideología que no solo guió el proceso en EEUU y el Reino Unido, sino que continúa presente en las políticas de austeridad de la UE y en los objetivos de estabilidad logrados a costa de reducir las políticas públicas, en especial, las políticas sociales. Basta con repasar los objetivos planteados por el Gobierno de España en el marco de estabilidad y remitidos a la Comisión Europea., en los que para 2020 Rajoy se compromete a reducir la participación de la Sanidad pública en el PIB hasta el 5, 67% y la educación al 3,57%, cuando los objetivos razonables serían del 7% para ambos, en consonancia con los países de nuestro entorno y nivel de renta.
3. Porque no existe evidencia que demuestre que la gestión privada es más eficiente que la gestión pública. La razón es ideológica. En el contexto de recorte de los recursos públicos y de renuncia a la inversión social, la búsqueda de negocio en los servicios públicos ha sido el principal objetivo. Y lo ha hecho usando una asociación, jamás demostrada, entre la gestión privada y la supuesta eficiencia en el gasto público. Aunque ni la evidencia en términos económicos ni, por supuesto, en salud o el interés general hayan demostrado que esa relación sea cierta, éste ha sido el argumento principal para insistir en la privatización de servicios públicos en las diversas modalidades posibles. Y logra así dos objetivos: reducir el papel del Estado y su capacidad de redistribución de la riqueza y la introducción de oportunidades de negocio en los servicios públicos esenciales.
4. Porque la función de los servicios públicos no se limita a la correcta provisión de servicios, sino que son un factor de redistribución de la riqueza (la sanidad el que tiene mayor capacidad tras las pensiones), la base para la cohesión social, la garantía para la igualdad de oportunidades, la referencia para el empleo de calidad y el sostén para la estabilidad de una amplia clase media.
5. Porque los sanitarios son los servicios públicos que llevan el mayor volumen de gasto público, razón por la que son foco de mayor interés de negocio. En nuestro país, el mandato constitucional de protección a la salud, se concretó mediante la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, otorgando a la sanidad más misiones, definitorias del modelo regulado en el Sistema Nacional de Salud: La atención integral a la salud, la equidad en las condiciones de acceso y la universalidad para todas las personas residentes en España. Pero la “reforma estructural” (término usado por el propio Gobierno del PP), llevada a cabo en el RDL 16/2012, apoyado en la mayoría absoluta de aquel momento, ha modificado aspectos sustanciales como la universalidad en el acceso y la condición de asegurado.
6. Porque los principales objetivos del SNS son la universalidad, la equidad y la atención integral. Estas condiciones de atención integral y universalidad requieren de la incorporación de políticas relacionadas con la protección de la salud, la coordinación con otras políticas y otros niveles institucionales y exige un funcionamiento integrado del Sistema.
7. Porque la universalidad y la equidad en el acceso requieren de una planificación de los servicios de base poblacional, lo que supone la dotación de centros sanitarios que permitan el acceso con equidad de toda la ciudadanía. Esto conlleva que no siempre sean rentables, según criterios del negocio privado. Tendría asegurado el negocio en zonas de mayor concentración de población (más posibles “clientes” atendidos con menos recursos), pero no tendría ningún interés en zonas de población más dispersa, donde la población no tendría asegurado el servicio.
8. Porque la atención integral a la salud supone poner el acento en los determinantes de salud y no solo en la atención a la enfermedad, razón por la que no suelen ser demandadas por los posibles “clientes” y, por ello, son menos susceptibles para el negocio. En primer lugar, exige la potenciación de las políticas de salud pública, dirigidas a la promoción y protección de la salud, la prevención y la detección precoz de la enfermedad, con programas de atención individualizada y sobre todo a la comunidad. A pesar de su mayor impacto en la salud, –los resultados en salud son, al menos, 4,5 veces más eficaces que la inversión destinada al tratamiento de la enfermedad -, asistimos a una inexplicable reducción de las políticas de salud pública, pasando de suponer el 1,64 % del gasto sanitario en 2009 al escaso 1% en 2015.
9. Porque, además, requiere de la coordinación con otras políticas sectoriales, que definen el entorno económico, social y ambiental, origen de las verdaderas desigualdades en salud, como son la calidad del medio ambiente; la educación; los servicios sociales; la garantía de ingreso mínimo vital, o la práctica del deporte: en resumen, la salud en todas las políticas.
10. En definitiva, porque la universalidad, equidad, accesibilidad y atención integral a la salud son condicionantes del sistema que dependen especialmente de políticas públicas y la capacidad de coordinación forma parte también de las obligaciones de los responsables públicos. La privatización de la sanidad no ha demostrado esa supuesta mayor eficiencia en el gasto público, al contrario. Pero lo que sí es claro es su incapacidad para la respuesta a las otras misiones propias del Sistema Nacional de Salud y que se pueden resumir en el objeto de la Ley General de Sanidad -artículo 3.3 de la LGS-, la superación de los desequilibrios sociales y territoriales.
Son, al menos, estas diez razones las que justifican la reversión de la privatización, razones nucleares para el Sistema Nacional de Salud. Por eso es obligado reconocer y justo apoyar la decisión de la Generalitat Valenciana, en especial de su Presidente y Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública por su coherencia y determinación en revertir la privatización llevada a cabo por el anterior gobierno del PP, que solo perseguía introducir el negocio en la sanidad.
