Es probable que 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, llegue a superar en ventas al Pío Moa de sus mejores tiempos. Resulta evidente que la cadena de propaganda de la derecha funciona bien y que existe un público que compra estos libros. Pero en este caso no estamos ante un libro simple en estilo e ideas orientado al consumo fácil, como era el caso Moa, sino de un denso trabajo de historia política que nos retrotrae a tiempos pasados y que se mueve en la estela de Joaquín Arrarás y su Historia de la Segunda República Española. Otra cosa es que en las entrevistas sus autores simplifiquen el abigarrado texto, lo cual es de agradecer.
Los ingredientes, todos ellos sobradamente conocidos, son los siguientes: origen dudoso de la II República, Manuel Azaña como símbolo de la intransigencia republicana, continua labor de zapa durante el Bienio Negro que culmina en la revolución de octubre de 1934, anulación del centro-derecha como opción política, demonización de la CEDA, gran fraude electoral en las elecciones generales de febrero de 1936, falsificación de los sufragios, ocupación por asalto de los centros de poder (ayuntamientos, diputaciones y gobiernos civiles), violencias de todo tipo amparadas por el nuevo gobierno e inicio de la senda de la revolución.
Entrevistados por el periodista Peio H. Riaño para El Español ambos autores coinciden en que la forma en que se realizó el recuento de votos perjudicó al centro-derecha. Villa incide en que representantes del Frente Popular tomaron directamente los centros de poder y controlaron la documentación electoral. Manuel Álvarez Tardío considera que se trató de “un volumen de actas y de escaños no muy grande pero decisivo”, que cifran en medio centenar y que solo afectó a algunas provincias.
Manuel Azaña y su gobierno en ningún momento dirigen ni controlan el fraude pero, según Tardío y Villa, lo permiten y validan. “El papel de Azaña no es el del estadista que nos han contado”, afirman, sino que viene a ser la “imagen inversa de lo que va a pasar luego en la transición...”. Es más, “el Frente Popular no se trató de una coalición contra el fascismo sino todo lo contrario”. El agudo periodista inquiere: “¿Esto se entendería como próximo a una revolución?”, a lo que Villa responde: “Sí, podría considerarse así…”.
Luego, quiere saber si la llegada al poder del centro-derecha representaba una usurpación para los republicanos, a lo que Villa responde: “Sí porque, en su consideración de democracia, el sufragio universal está para ratificar la República de izquierdas o la República con las esencias de las izquierdas. Para nada más. Esto, de todas maneras, no es cosa de los años 30, ya está presente en el sexenio revolucionario del siglo XIX”. Es decir, historia buena para adelante, la transición, e historia mala para atrás, el sexenio democrático (1868-1874).
Frente a la España intransigente del Frente Popular los autores mantienen que existía otra España centrada y liberal que, al contrario que Azaña, no pensaba en coaligarse con la extrema izquierda. Esta sería para Tardío y Villa la España sacrificada por la deriva de la República. A modo de conclusión, tanto los autores como aquellos que consideran el libro un hito en la historiografía sobre la España de los años treinta están convencidos de que rompe “el relato dominante” de muchos años. Hasta Stanley Payne se ha unido a la fiesta afirmando que el libro supone “el fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX”, aunque es difícil saber si los halagos de Payne resultarán beneficiosos o perjudiciales para el libro.
Hay que mencionar también la entrevista concedida por los autores a Federico Jiménez Losantos en Libertad Digital. Aquí, de entrada, Álvarez Tardío afirma: “Hay que decir, Federico, que aquello era una república semiparlamentaria”. Por su parte Villa García comenta los casos clave del fraude: Cáceres, Galicia, Cuenca, Granada… Lo más significativo, aparte de las consabidas loas, es la pregunta que, sin mala intención, les hace uno de los periodistas: “¿Cómo entender que la bibliografía franquista y la propaganda del régimen no vindique eso que vosotros estáis planteando desde el punto de vista documental? Es decir: ‘No ganó las elecciones el Frente Popular. Disponemos de la documentación’. ¿Por qué no lo hacen?”. He aquí la respuesta de Tardío: “Yo no sé, no tengo ni puñetera idea, sinceramente, [de] por qué a los franquistas les interesa más o menos. Esa es la verdad, pero yo… yo tengo… yo tengo mi…, o sea, yo lo que sí estoy convencido, Federico, de verdad…”. Parece evidente que, al ver un tanto perdido a Tardío, Jiménez Losantos se pone a hablar de la guerra y las checas y da un giro a la conversación.
Ni en el artículo de Javier Redondo en El Mundo, en el que se llega a decir que las elecciones tuvieron lugar en “un ambiente viciado, radicalizado, polarizado y caníbal”, ni en ninguna de estas entrevistas los autores mencionan que la obra no es en modo alguno novedosa, sino que se trata de una receta antigua. Exactamente de hace 79 años. Fue entonces cuando se redactó un informe que, según exponía en su planteamiento, no era otra cosa que “un gran proceso, encaminado a demostrar al mundo, en forma incontrovertible y documentada, nuestra tesis acusatoria contra los sedicentes poderes ilegítimos, a saber: que los órganos y personas que en 18 de julio de 1936 detentaban el Poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley”.
Es la estrecha relación entre las elecciones de febrero del 36 y el golpe de julio la que los autores, conscientes de a lo que esto suena, intentan evitar en todo momento. En realidad no hace falta que aludan a lo que vino después: todos los medios que han recibido con alborozo el libro saben de qué va en el fondo, por más que no se haga la más mínima alusión a lo que ocurrió exactamente cinco meses más tarde.
Con ese objetivo el franquismo, ya cuando se atisbaba el final de la guerra, buscó y encontró, como no podía ser de otra manera –ya se sabe que los golpistas encontraban todo lo que buscaban–, las pruebas del “fraude parlamentario”, de la falsificación de los sufragios, del asalto a los puestos de mando, de los delitos y tropelías amparados por el Gobierno y de otros hechos posteriores. Esto ocurrió en diciembre de 1938 por iniciativa de Serrano Suñer, por entonces en la cumbre de su carrera política. La comisión estuvo formada por veintidós personas relacionadas con el Derecho y por supuesto partidarias del golpe, las cuales elaboraron un largo informe publicado parcialmente en 1939 bajo el nombre de Dictamen de la Comisión sobre ilegalidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936 (Editora Nacional, 1939). El análisis de los miembros de la comisión merecería estudio aparte, no solo por el hecho de ser muy conocidos algunos sino por representar un selecto grupo del conservadurismo más rancio. Bastará con decir que buena parte de ellos habían ocupado cargos políticos importantes en el primer tercio del siglo XX.
El Dictamen constaba de una parte en la que se denunciaban los hechos y de dos apéndices. En la primera se exponían los antecedentes, es decir, los preparativos de la revolución (1931-1934), los planes del fraude electoral y de sus resultados, el asalto al poder, la formación del nuevo gobierno y la trascendencia de todo ello, concluyendo que el nuevo gobierno fue, además de ilegítimo, “inconstitucional y faccioso”. Se dedicaba especial atención a lo ocurrido, entre otras, en algunas provincias como Cáceres, Coruña, Pontevedra, Granada, Cuenca y Málaga. Se narraba cómo representantes del Frente Popular tomaron los centros de poder “para adueñarse y operar impunemente sobre la documentación electoral” y se cifraba en medio centenar las actas robadas a las derechas y que dieron la mayoría a las izquierdas, con las consecuencias consiguientes.
También se insistía, por ejemplo, en la ilegalidad de la amnistía y en que la nueva relación que se abría entre el Estado y Cataluña “rompe de nuevo la unidad de España”. Finalmente se hacían una serie de consideraciones sobre los meses posteriores hasta julio, en los que se mantenía que el Gobierno “tolera y alienta incendios, despojos y asesinatos”. Hasta aquí lo que nos interesa, que como vemos parece un guión del trabajo de Villa y Tardío. Al contrario que el Dictamen, Tardío y Villa rehúyen en todo momento conectar el “gran fraude electoral” con el “18 de julio”. Saben que dicha conexión les perjudica.
De las conclusiones del dictamen cabe destacar el punto 8, verdadera obsesión de los que habían dado un golpe militar y provocado la guerra: “Que el Glorioso Alzamiento Nacional no puede ser calificado, en ningún caso, de rebeldía, en el sentido jurídico penal de esta palabra, representando, por el contrario, una suprema apelación a resortes legales de fuerza que encerraban el medio único de restablecer la moral y el derecho, desconocidos y con reiteración violados”. El dictamen fue aprobado “por unánime aclamación”. Los dos apéndices acumulaban documentos supuestamente probatorios de las acusaciones mantenidas en la primera parte. Ahí, por ejemplo, en el primero de ellos están todos los datos sobre los fraudes electorales comentados.
Ni qué decir tiene que en el artículo y en las entrevistas mencionadas ni Álvarez Tardío ni Villa García aluden al Dictamen de 1939. Se entiende que así fuera en los casos de Redondo y Riaño por no tocarse el asunto. Peor explicación tiene que a la pregunta directa que les hizo un periodista en Libertad Digital dieran la extraña y huidiza respuesta antes comentada. Pero el caso se agrava si tenemos en cuenta que en el libro solo aparece una mención al Dictamen en el epílogo (p. 518) y dos al Apéndice I en notas. Es ahí donde, tras criticar a quienes proyectan “la Guerra Civil hacia atrás” y están convencidos de que “todo debate sobre la llegada del Frente Popular al poder ha de conllevar una toma de partido”, citan como ejemplo “el célebre Dictamen publicado por las autoridades franquistas en 1938, del que nuestra investigación está tan alejada como de la publicística republicana o los relatos de corte antifascista, no pocas veces reproducidos de forma acrítica por algunos historiadores. Así, es posible que nuestra investigación pueda interpretarse de forma distorsionada”. Aquí los “prestigiosos historiadores”, como los llama Redondo, intuyen lo que puede pasar.
¿Es posible publicar una obra en la que se plantean argumentos sobradamente conocidos sobre las elecciones de febrero de 1936 y las consecuencias del triunfo del Frente Popular sin dedicar la más mínima atención al Dictamen de la Comisión sobre ilegalidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936? ¿Tiene sentido que solo se aluda a él en una ocasión, en el epílogo, como “el célebre Dictamen” sin dar ni siquiera el nombre completo y en otras dos en notas citando mal su nombre? ¿Puede entenderse que ni se molesten en analizarlo pese a tratarse evidentemente del antecedente y fuente de inspiración del trabajo de Tardío y Villa? ¿De verdad está tan alejada la “investigación” realizada por los autores respecto al Dictamen de 1939?
Carece de sentido alguno que solo se mencione el Dictamen de pasada al final y que no se le dedique atención especial desde el mismo comienzo del libro. Ese debiera haber sido el punto de partida, que luego podría haber sido enriquecido con el análisis de la persistencia de tales teorías justificadoras desde 1939 hasta nuestros días. Solo tras esto hubiera tenido cabida la propuesta de los autores.
La mayor parte de los lectores no tendrán ocasión de comprobar la relación entre el Dictamen y la obra comentada, ya que no se trata de un libro fácilmente accesible. Según parece solo se hizo la edición mencionada de 1939. Dada su función no hacía falta otra. Establecidas las relaciones entre la obra de Tardío y Villa y el Dictamen del 39 cabe preguntarse en qué se sostiene la propuesta. Volviendo al símil de la receta hay que decir que a los ingredientes ya mencionados al comienzo del artículo hay que sumar finalmente el toque personal de los autores, que consiste en añadirle a la receta mucha prensa. No creo exagerar si digo que más de la mitad de las numerosas notas del libro remiten a publicaciones periódicas. Por lo demás la documentación consultada para seguir los fraudes electorales en provincias sigue la pauta del Dictamen, cosa lógica si pensamos que al fin y al cabo unos como otros buscaban lo mismo.
La justificación del “18 de julio” es tan antigua como el propio golpe de estado y nunca ha cesado. El modelo de transición ha permitido que la propaganda franquista se haya mantenido hasta hoy mismo y el pacto de silencio llevó a las políticas de olvido instituidas desde entonces. Apenas habíamos dejado atrás la historiografía franquista cuando ya veíamos en el horizonte la doble línea en que nos hemos movido: a un lado la línea PSOE-PRISA y al otro la PP-FAES. Sembrado ya el terreno, poco faltaba para que de la Universidad surgieran voces justificadoras del ciclo abierto con el golpe de julio del 36 y cerrado con la transición. La historia y la memoria de la II República debían ser arrasadas definitivamente. Ese día los poderes consolidados por la transición dormirán tranquilos.
Si admitimos que la receta presentada como novedad por Álvarez Tardío y Villa García es antigua, hay que decir que llega en un momento en que el país, en medio de una gran ofensiva conservadora, se ha convertido en un horno, cosa fácil de percibir si ponemos en relación una serie de hechos que no han dejado de proliferar en los últimos años. Me refiero, entre otras cosas, al descaro con que los nostálgicos del franquismo se manifiestan en la tranquilidad de que nada les pasará por hacer apología del fascismo. A la desfachatez con que la derecha hace caso omiso del amago de ley de memoria de Rodríguez Zapatero. Al desnortamiento de quienes se pensaban de izquierdas hasta no hace mucho y no acaban de reubicarse. O al retorno a las esencias patrias que ingenuamente creíamos superadas. Incluso ciertos sectores de la Justicia, de natural conservadora, parecen cada vez más escorados a la derecha con sentencias e iniciativas que producen perplejidad.
Álvarez Tardío y Villa García comparten algo con Pío Moa: presentar como novedades ideas que proceden del pasado más negro de este país. Y algo más que define bien de qué proyectos hablamos: la acogida que les dan tanto la derecha como la extrema derecha española, desde los medios considerados conservadores hasta esa anomalía llamada Fundación Nacional Francisco Franco. El Dictamen de la Comisión sobre ilegalidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936, la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo y la Causa General, todas ellas elaboradas entre 1939 y 1940, forman parte del gran proyecto represivo del fascismo español. Unas debían servir para justificar el golpe y la guerra y otras para aplastar aún más el mundo de los vencidos. El libro de Manuel Álvarez tardío y Roberto Villa García recoge y actualiza parte de aquella herencia.
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Nota: Javier Redondo, 'El pucherazo del 36' (El Mundo, 12/03/2017). La entrevista de Peio H. Riaño fue publicada en El Español (14/03/2017) y la de Federico Jiménez Losantos en Libertad Digital (24/03/2017).