Reducir la desigualdad y 1,34 millones de razones más
La crisis que azotó a España a partir del 2008 hizo que muchas personas se tuvieran que apretar el cinturón; pero si hubo a alguien al que el cinturón casi ahoga fue a las rentas más bajas, las que vieron que sus ingresos caían de forma desproporcionada por una combinación de desempleo, devaluación salarial y, en muchos casos, una ausencia de protección efectiva por parte de nuestro sistema de protección social contra la pobreza.
A partir del inicio del crecimiento de nuevo y la creación del empleo, hay quien ha podido soltarse más las apreturas que otros. De nuevo, si la crisis fue asimétrica porque sufrieron más los de abajo, la recuperación lo fue porque una mayor parte del crecimiento fue a manos de los de arriba gracias a una evolución muy diferenciada de las rentas del trabajo y las del capital: mientras que los salarios no crecían, los aumentos en productividad se vieron dirigidos a beneficios que se transformaron en su mayoría en dividendos. A modo de ejemplo, los beneficios de las sociedades no financieras, crecieron en 2017 un 13,8%, acumulando 6 años de crecimiento. Por su parte el salario medio creció ese año un 0,4%. Como la mayoría de nosotros y nosotras vivimos de los salarios y las rentas del capital están muy concentradas (en 2015, el 5% de la población con mayores rentas de capital capturaban alrededor del 50% de ellas) la desigualdad se incrementa.
De esta forma la decisión del pasado 21 de diciembre de subida el Salario Mínimo Interprofesional en un 22% hasta llegar a los 900 euros al mes en 14 pagas, no es baladí por su potencial en la reducción de la desigualdad al aumentar el peso de los salarios en la economía y reducir la desigualdad salarial. Se trata de empezar a canalizar la recuperación hacia las rentas más bajas. Nada menos que 1,34 millones de personas trabajadoras verán, a partir de enero, subir el sueldo que reciben cada mes.
El análisis en términos de género y de mejora de la situación de la mujer es obvio: son ellas las sobrerrepresentadas en la parte más baja de la escala salarial y son ellas las que tienen en mucha mayor proporción contratos temporales. La mitad de las personas beneficiadas de esta subida del SMI tienen contratos parciales.
Incertidumbre o hecatombe
Las voces normalmente contrarias a subir el SMI no se han hecho esperar alegando que el impacto que puede tener en el mercado laboral en forma de destrucción de empleo o de ralentización en la creación del mismo puede incluso aumentar la desigualdad de ingresos al incrementarse el desempleo, la posibilidad de que se trabajen menos horas o de que aumente la informalidad.
La predicción de la hecatombe es una constante ante las subidas de los SMI y, si bien es cierto que una subida de tal magnitud abre la puerta a cierta incertidumbre en el impacto sobre el mercado laboral, la certeza con la que se hacen algunas de las predicciones más pesimistas recuerda a otros momentos de subida en los que, finalmente, no se acabó el mundo. En 2015 Alemania y a pesar de la oposición de los economistas más ortodoxos, tomó la decisión de introducir un salario mínimo obligatorio por primera vez y su impacto en las rentas más bajas fue mayúsculo; se redujo la proporción de aquellas personas con bajos salarios y fue el país europeo que más redujo su desigualdad en 2015. La previsión de algún lobby empresarial de que se iban a perder hasta 570.000 puestos de trabajo se quedó en nada.
Es cierto que no tenemos el mercado laboral alemán, tenemos un paro elevado y la precariedad es una constante en la vida de muchos y muchas. Las estimaciones en reducción de puestos de trabajo o ralentización en la creación de los mismos varían entre los 40.000 empleos de la Airef a los 150.000 del Banco de España; pero el argumento de que eso nos tiene que llevar a que los incrementos del SMI han de ser mucho más tímidos es una falacia.
Si son aquellos con poca empleabilidad como las personas trabajadoras jóvenes o los mayores con baja cualificación los que según estas previsiones se van a ver afectados, la decisión a la que esto debería llevar es a complementar la subida del SMI con el incremento de las políticas activas de empleo dirigidas a estos colectivos; políticas que, en España, están infradotadas y son menos efectivas que en otros países vecinos al nuestro. Por un incierto e incalculable efecto sobre un colectivo de personas trabajadoras a las que, sin duda, hay que apoyar con otras medidas, no podemos justificar que 1,37 millones de personas sigan con el cinturón apretado.
