El terrible suceso acaecido en el pueblo toledano de Mocejón, que ha sobrecogido a la población española, nos ofrece un puñado de reflexiones que pueden poner ante el espejo a nuestra sociedad, sus comportamientos, sus reacciones ante sucesos imprevistos y también sus carencias. Algunas de las observaciones que podemos extraer de los hechos podrían ser:
La primera es la que va unida al dolor y la incomprensión. ¿Cómo es posible que un niño de once años que está jugando en el polideportivo del pueblo pueda perder la vida así? ¡Qué dolor el de los padres y de todos los que quieren a esa criatura!
La segunda que también conmueve, por incomprensible en una sociedad tolerante, es la reacción observada en las redes sociales y auspiciadas por esa caterva de individuos que no tienen la menor capacidad de empatía y que, saltando sobre el dolor de las víctimas, muestran una actitud racista o xenófoba, pretendiendo justificar los sucesos tan dolorosos con sus planteamientos políticos, que, en este caso, han llegado al acoso despiadado a la propia familia de la víctima. Esto debe tener, sin duda, una respuesta del Estado, pues afecta de lleno al interés público.
Por la tercera, vemos la reacción de otra parte de los intervinientes en las redes, que se sitúan en la posición de venganza, incluso apelando a la pena de muerte o a castigos lo más severos posibles, contra el autor de los hechos. Da igual de lo que se trate, el hecho en sí es tan terrible, que la respuesta exigida ha de ser lo que entienden como del mismo nivel. Si no, no hay justicia. Tal vez esta posición no esté tan alejada de la anterior. Tal vez solo es diferente mirar los hechos desde donde se sitúan unos u otros.
Y, por último, una cuarta observación, que tiene que ver con la realidad social del mundo en el que estamos, una sociedad libre, que no está ni puede estar exenta de sucesos terribles, de accidentes espantosos, o de conmovedoras situaciones difíciles de controlar por mucho que la sociedad pretenda tener todas sus seguridades garantizadas. El riesgo de la libertad es algo consustancial a la sociedad que pretende construirse sobre la confianza en el correcto funcionamiento de las convenciones sociales. Y desde luego ha de tener su respuesta, pero sin dejar de lado lo anterior.
Observados de este modo los hechos, que no es la única forma de acercarse a los mismos ni tal vez la más acertada, pero que sí permite reflexionar sobre otras cuestiones que se derivan de ellas.
El dolor de las víctimas, el de los padres de ese niño asesinado de ese modo tan terrible por las circunstancias en las que se han desarrollado los hechos, lo inesperado, burlando todas las seguridades esperadas. No es fácil entender ese dolor. La sociedad debe ser efectiva en el apoyo.
También el dolor de la familia y de las personas que quieren al chico que ha cometido tal hecho. La vida es así, y en estas circunstancias el dolor y el sufrimiento también cercan la vida de las familias del autor. Y puede que de él mismo. Esta comprensión es exigible a una sociedad madura.
La posición de la Justicia; lo anterior, el dolor y el sufrimiento ahí están, y ello sin perjuicio de la respuesta penal que haya de ser y que ha de darse conforme a las reglas de la democracia. No cabe otra ni puede esperarse otra cosa. El proceso penal actuará, a través de la investigación que de los hechos se lleve ante el Tribunal, con la seguridad de que contiene elementos para hacer justicia. Tendrá en cuenta todas las circunstancias que integren la respuesta a la realidad probada de los hechos y, por lo tanto, a la respuesta sancionadora que corresponda y del modo que corresponda. Y ahí debemos confiar en los actores que han de intervenir en el proceso con todas las garantías del mismo. Defensa, Ministerio Fiscal y Tribunal. Es confiar en el Estado de Derecho. El interés público y el interés social a que se refiere la Constitución han de encontrar la justa respuesta.
Los medios de comunicación también deben extraer sus propias reflexiones. No se puede convertir una tragedia en un espectáculo que arrase con el dolor de todos los implicados, ni que aliente unas u otras posiciones respecto a cómo ha de entender la sociedad estos hechos. Siempre se corre el riesgo de banalizar el dolor por asentar la información en programas que interpretan la realidad cuando, realmente, desconocen ésta en su profundidad. Si la educación es el único medio de construir una sociedad libre y justa, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad al tratar la información de hechos de esta naturaleza.
Y, por último, hay que reflexionar sobre algo fundamental, afecte de lleno a este caso o no, pero que suele ser referencia de todas las informaciones en este tipo de sucesos, y que pone al descubierto, una vez más, la lamentable situación de la atención a la salud mental. Habrá quien piense que se trata de justificar hechos horribles con el déficit de atención hacia la salud mental, o quien considere que a las personas con problemas de salud mental hay que privarles de sus derechos de ciudadanos libres para internarlos en centros, y así salvar a la sociedad que no tiene esos padecimientos del peligro que estos representan.
Pero basta con acudir a los servicios de salud mental para poder comprobar cómo la atención y, lo que es tan importante, el seguimiento y control de los tratamientos, encuentran muchas dificultades para ser eficaces. Deberíamos escuchar a los psiquiatras y psicólogos, también a los especialistas, por fin, de infanto-juvenil, o también escuchar a los jueces y fiscales que cuenten los problemas que enfrentan en las guardias, para resolver graves situaciones que desbordan la esfera familiar o la social inmediata, o a los jueces y fiscales de los juzgados de incapacidades para que cuenten las dificultades con que se encuentran a la hora de imponer un internamiento o un tratamiento involuntario, o cualquiera de las demás medidas que prevé la ley en armonía con la Convención de los derechos de las Personas con Discapacidad. O sus dificultades para el control, a que vienen obligados, de los centros de internamiento. Problemas que afectan a la salud mental de los adultos y a la de los niños, por igual, y que están en la raíz de algunos de estos casos que nos conmueven y nos horrorizan a partes iguales.
No cabe otra que ser solidarios con el sufrimiento, ofrecer la empatía y el apoyo a las víctimas, pero sin dejar de ser conscientes de las realidades que determinan nuestra vida en sociedad, y de exigir a nuestros gobernantes avances efectivos que palien los déficits que hacen sufrir a las personas cuando los servicios públicos esenciales no atienden efectivamente sus necesidades.
Félix Pantoja García. Fiscal de Sala del Tribunal Supremo jubilado y Ex vocal del CGPJ.