España será uno de los países más envejecidos del mundo en 2050, pues combina lo mejor y lo peor de otros países. Lo mejor es que nuestra esperanza de vida es una de las más altas y no para de aumentar. Lo peor es que tenemos la tasa de fecundidad más baja del mundo (1,19 hijos), y las mujeres españolas son las que tienen una mayor diferencia entre los hijos deseados y los que realmente tienen. Las causas que alegan son la precariedad laboral, la dificultad de acceder a la vivienda y las escasa ayudas públicas a la familia. La aritmética demográfica es tozuda. Las proyecciones demográficas, a pesar de que asumen aumentos en las tasas de fecundidad y fuertes tasas de entrada de inmigrantes, nos indican que donde hay más de tres personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá menos de 1,5.
Como vemos en el siguiente gráfico, donde se representa la tasa de dependencia (o el porcentaje de la población mayor de 64 años sobre la población entre 20 y 64 años), España está hoy menos envejecida que Francia o Alemania, pero su grado de envejecimiento será muy superior al máximo alcanzado por ambos países.
Como sociedad tenemos que tomar una decisión: o adaptamos las pensiones a la nueva longevidad, donde cada generación vive más años que la anterior, o utilizamos todo el margen fiscal para pagar las pensiones. La última reforma ha elegido la segunda opción. Pero esto tiene unas implicaciones que los defensores de esta reforma quieren olvidar.
En los sistemas de pensiones de reparto (en mi opinión uno de los mejores inventos del siglo XX) los actuales trabajadores estamos pagando las pensiones a los actuales jubilados, porque confiamos que los futuros trabajadores (o los jóvenes y niños actuales) nos paguen las nuestras cuando nos jubilemos. Por lo tanto, el sistema se mantiene por un contrato entre generaciones. Y es este contrato entre generaciones el que se ha ido adaptando a los cambios demográficos a través de las diferentes reformas. Las reformas de los sistemas de pensiones, aunque nos fastidien y sean impopulares, no hacen otra cosa que hacer pagables las pensiones por las futuras generaciones. Hacerlas pagables por los futuros trabajadores no es otra cosa que hacerlas sostenibles.
Durante todo el periodo democrático, España ha introducido reformas para adaptar el sistema de pensiones a los cambios en la longevidad y garantizar la sostenibilidad. El primer gobierno socialista de Felipe González amplió el periodo de cómputo de dos a ocho años. Sí, como oyen: en los 80, básicamente, con un historial completo, la pensión de los trabajadores era igual que el salario medio de los dos últimos años. Se estaba produciendo lo que se denominaba la “compra de pensiones”: subidas salariales pactadas durante dos años para percibir pensiones altas. El gobierno socialista tuvo que aguantar una huelga general, a pesar de que con esa reforma se evitó el colapso del sistema. En los 90, el gobierno de José María Aznar aumentó el periodo de cómputo de los ocho a los 15 años.
La fuerte entrada de inmigrantes de finales de los 90, y sobre todo al principio del siglo XXI con la burbuja inmobiliaria, rejuveneció considerablemente la población española y retrasó el proceso de envejecimiento que preveían todas las proyecciones demográficas. Tras la crisis financiera internacional del año 2008, se continuó con el proceso de adaptación del sistema de pensiones y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero retrasó la edad de jubilación, que pasó de los 65 a los 67 años, y extendió el periodo de cómputo de los 15 a los 25 años. Una reforma impopular, sin duda, que penalizó mucho la imagen de Zapatero, pero que ha resultado la más importante hasta la fecha para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.
En 2013, el gobierno de Mariano Rajoy siguió avanzando en la sostenibilidad de las pensiones e introdujo el Factor de Sostenibilidad. Este factor básicamente establecía que las pensiones deberían adaptarse a la esperanza de vida a partir de los 65 años: si aumentara la esperanza de vida, la pensión mensual debería caer, y si se redujera la esperanza de vida, la pensión debería subir. La idea detrás del factor de sostenibilidad es que dos trabajadores con el mismo historial laboral recibieran al final de todos los años de jubilación la misma cantidad en pensiones. Al que vive más tiempo (esperanza de vida más larga) le corresponde en teoría una pensión mensual menor. En teoría, pues el trabajador perteneciente a una generación futura con una esperanza de vida mayor siempre tendría la posibilidad de evitar la caída de la pensión posponiendo la jubilación.
La última reforma no solo ha perdido la ocasión para seguir avanzando en la sostenibilidad de las pensiones, sino que es la primera que conlleva un aumento del gasto en pensiones.
En mi opinión la reforma debería haber contado con los siguientes tres elementos que repartieran la carga entre las distintas generaciones. Primero, parece razonable que las pensiones estén protegidas, al menos hasta un límite, frente a la pérdida de poder adquisitivo. La reforma debe respetar las pensiones de los actuales jubilados, pues estos ya no tienen margen de maniobra para adaptarse a los cambios. En segundo, lugar, las pensiones deberían ser menos generosas para los trabajadores del futuro que van a tener una longevidad mucho mayor que los jubilados anteriores. Esto implicaría mantener el factor de sostenibilidad del año 2013 y considerar toda la vida laboral (o los 35 años) para el periodo de cómputo. Y, en tercer lugar, dotar de más ingresos al sistema durante el periodo en el que están jubilados los babyboomers. Uno podría justificar estos mayores ingresos provenientes del Estado con el hecho de que, cuando los babyboomers estaban trabajando, sus cotizaciones también se usaron para financiar la sanidad. Las tres medidas deberían calibrarse para que el esfuerzo se reparta de forma equitativa entre las distintas generaciones.
La nueva reforma ha roto la tradición de las anteriores y ha decido que el sistema ya no tiene que continuar adaptándose a la longevidad creciente y que todo el coste de no hacerlo lo deben pagar los jóvenes. Esto es evidente, simplemente analizando las distintas medidas.
1.- Se ha decidido que todas las pensiones deben subir con el IPC, para que no pierdan poder adquisitivo. Esta, como he dicho antes, es una buena medida. La reforma de 2013 dejaba la decisión de revalorización a que se contara con suficientes ingresos para hacerlo. El error de esta medida ha sido no haber introducido válvulas de escape para episodios de inflación descontrolada como el que hemos vivido. En una situación tan excepcional como esta, solo debieron haber subido con la inflación (o incluso más) las pensiones más bajas, mientras que las más altas debieron hacerlo al ritmo de los salarios.
Ha resultado embarazoso ver cómo se han subido un 8,5% pensiones que eran más del doble de altas que el salario medio de los jóvenes. Para poner los números en perspectiva, esta revalorización generalizada del 8,5% ha supuesto un aumento del gasto equivalente a incrementar de forma permanente el presupuesto en Educación un 28%.
2.- Por primera vez una reforma ha dado como resultado el aumento del gasto en pensiones, pues ahora el periodo de cómputo aumenta de forma voluntaria hasta los 29 años, pero pudiendo descartar 24 mensualidades. No solo no adaptan el sistema de pensiones a la nueva longevidad, sino que lo hacen más generoso a pesar de que los nuevos jubilados vivirán más.
3.- Se ha eliminado el Factor de Sostenibilidad, que era un auténtico mecanismo de equidad intergeneracional, pues evitaba que el aumento del gasto por aumentos en la longevidad lo pagaran los futuros trabajadores (los actuales jóvenes). Lo lógico hubiera sido redefinir el factor de sostenibilidad introducido en 2013 por uno similar al que acordaron en el seno del Dialogo Social en 2011. Algunos quieren olvidar que los interlocutores sociales en la Reforma de 2011 se habían comprometido a desarrollar un factor de sostenibilidad. En concreto, se comprometieron a hacer el siguiente artículo 8:
Se introduce una nueva disposición adicional, la quincuagésima novena, en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la siguiente redacción:
“Disposición adicional quincuagésima novena. Factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.
Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes.“
Pues bien, esta reforma ha decidido sustituir el factor de sostenibilidad por una subida de cotizaciones. Una subida de cotizaciones que por primera vez no genera mayor pensión como contrapartida, lo que equipara las cotizaciones a un impuesto. Y a esta subida de cotizaciones la han llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Es decir, a una transferencia de los jóvenes a los jubilados le llaman equidad intergeneracional, cuando esto es justo lo contrario.
Esta subida de cotizaciones es insuficiente, ineficiente e insolidaria.
Es insuficiente pues el déficit del sistema de pensiones alcanzará el entorno del 4% del PIB de forma creciente hasta el 2050 y la subida de cotizaciones apenas aumentará ingresos un 0,9% del PIB. Incluso la subida de ingresos es inferior al aumento de gasto que supuso la revalorización de las pensiones en un 8,5% en 2023. ¿Dónde está el truco para que Bruselas haya dado el visto bueno? Pues por la cláusula de cierre, que dice que si no es suficiente para cerrar el déficit automáticamente se vuelven a subir las cotizaciones. Como les ha hecho ver recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), no tienen que esperar a 2025 para ver si es suficiente. Aritméticamente, parece obvio que no lo es.
Es ineficiente, pues se utilizan las cotizaciones como un impuesto, siendo las cotizaciones el impuesto más distorsionante que existe pues daña la creación de empleo y el crecimiento del PIB. Todo ello en el país con la mayor tasa de paro juvenil de Europa. Y tienen que hacerlo con cotizaciones en lugar de hacerlo con otros impuestos menos distorsionantes para así blindar que esos nuevos ingresos se destinen a pagar las pensiones, no sea que el aumento en la recaudación se decida gastar en políticas que beneficien a los jóvenes.
Pero, lo más triste es que esta reforma es muy insolidaria con los jóvenes. España tiene un déficit estructural superior al 4% del PIB y un nivel de Deuda Pública del 115%. El déficit estructural son gastos impagados de hoy que se transfieren al futuro para que sean pagados entonces (por los que hoy son jóvenes). La mayor longevidad supone además mayor gasto en Sanidad y Dependencia. En concreto, un reciente estudio de la AIReF nos advierte que, si no se producen cambios importantes, el déficit puede llegar al 8% y el nivel de deuda de España subirá hasta el 186% del PIB por culpa del aumento del gasto asociado al envejecimiento.
Por lo tanto, aumentar los impuestos para blindar las pensiones de los futuros jubilados, sin considerar que la longevidad ha aumentado y continuará aumentando, implica que no van a quedar recursos para otros programas que benefician a los jóvenes y al crecimiento a largo plazo, como son la educación, la vivienda, el apoyo a la familia, la I+D, acabar con la pobreza infantil o las medidas para frenar el cambio climático.
Alguien podrá pensar que una cosa no quita la otra y que hay dinero para todo. Para los que piensan así, les propongo que construyamos el presupuesto al revés, es decir, que el aumento de los ingresos se utilice primero para invertir en educación, financiar una política de vivienda pública en alquiler para jóvenes, ayudar a las familias, erradicar la pobreza infantil, invertir en I+D+i, etc. y luego usemos lo que sobra para no adaptar el sistema de pensiones a la mayor longevidad.
Además, los que apoyan incondicionalmente esta reforma olvidan que las pensiones son un contrato entre generaciones: en un sistema de pensiones de reparto como el nuestro, los niños y jóvenes de hoy serán los que pagarán las pensiones del futuro. Aunque hoy sean irrelevantes en las elecciones por su bajo número, el Parlamento y la Unión Europea también deberían velar por sus intereses y reflexionar sobre lo que están aprobando con esta reforma: hoy tenemos tres trabajadores pagando una pensión; dentro de un par de décadas tres nuevos trabajadores van a pagar dos pensiones, que además van a tener la misma cuantía mensual, aunque esos jubilados vivan mucho más que los de ahora.
Aunque sean minoritarios en las elecciones, los jóvenes no van a aceptar continuar viviendo en un país donde nunca hay políticas para ellos, y votarán con los pies, trasladándose a otros países que hayan adaptado las pensiones a la mayor longevidad. Reformar el sistema respetando la equidad intergeneracional, permitiría que los salarios netos de impuestos sean más altos, que los necesarios aumentos en los ingresos se inviertan en mejorar la educación, que haya más programas sociales para la vivienda, emancipación, cuidado de los hijos, lucha contra la pobreza, etc… Esto ya está ocurriendo y hay muchos jóvenes españoles trabajando en Alemania, Países Bajos o Portugal, entre otros.
Todo apunta a que la Unión Europea va a aceptar esta reforma y nos va seguir desplegando los fondos europeos. Seguro que es democrático hacerlo pues es el camino que ha decidido nuestro Parlamento. Pero yo le recomendaría a la Comisión Europea que, en ese caso, dado que la reforma va claramente contra el porvenir de las siguientes generaciones, sea honesta y que al menos le cambie el nombre del plan de modo que en lugar de llamarse Next Generation Funds se llame Old Generation Funds.
Por último, esta no-reforma contra los jóvenes sólo conseguirá retrasar la inevitable reforma del sistema de pensiones para adaptarlo al envejecimiento. Después de las elecciones y tras lamentar el valioso tiempo perdido poniendo parches al sistema, espero que quien tenga la responsabilidad de diseñar la reforma definitiva en el futuro vele por el interés y bienestar de los jóvenes. O es así, o continuarán yéndose.