Sr. Presidente del Gobierno, me pregunto cuánto más tiene que agravarse la crisis humanitaria sin precedentes que está sufriendo Yemen, cuántos muertos más, cuántos hospitales, escuelas o autobuses llenos de niños y niñas tienen que ser destruidos por bombas “inteligentes” para que el Gobierno que preside deje de mirar para otro lado y cumpla la ley que impide exportar armas a países en conflicto.
El pasado lunes me invitó al evento #Avanzamos y le escuché hablar de transparencia. Y es precisamente transparencia lo que pedimos, en este Día Internacional de la Paz, las organizaciones que lideramos la campaña Armas Bajo Control: el fin del secretismo en las actas de la JIMDDU (Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso) que desde 1987 nos hurtan el derecho a saber qué autorizaciones de exportación de armas son aprobadas por esta opaca junta interministerial que precisamente se reunió ayer. Aparte de las 400 bombas ya comprometidas, me pregunto si se han aprobado nuevas ventas de armas a Arabia Saudí.
Ante esta situación es preciso adoptar dos medidas urgentes: en primer lugar, la revocación del acuerdo del Consejo de Ministros de 1987, que clasifica como secretas las actas de la Junta Interministerial que regula el comercio de armas. En segundo lugar, impulsar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que está tramitando el parlamento, garantizando que se adecúa a las normas internacionales. Adicionalmente, el Gobierno habría de crear un mecanismo de consulta parlamentaria en los casos sensibles de exportación de armas antes de la aprobación de las autorizaciones, similar al que ya existe en Suecia, Noruega, Países Bajos y Estados Unidos.
La regeneración democrática es otro de los ejes fundamentales de su gobierno, posiblemente uno de los elementos principales que le llevaron a La Moncloa, y no veo nada más regenerador que ser fiel a su compromiso electoral de no autorizar ventas de armas cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas para violar el derecho internacional. Esto implica necesariamente que ponga fin a la venta de armas a Arabia Saudí como primer paso para el cese de las exportaciones a los países de la coalición saudí que intervienen en Yemen desde 2015, como han hecho países como Alemania, Noruega, Finlandia.
La responsabilidad de España en la venta de armas no termina en nuestras fronteras. La Ley 54/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, prohíbe claramente la venta de armas a países cuando existan indicios racionales de que se empleen en situación de violación de derechos humanos, en su artículo 8.
La ONU ha calificado la situación en Yemen como la mayor catástrofe humanitaria actual que puede agravarse con la ofensiva de la coalición al puerto yemení de Hodeida. En este contexto, España no puede seguir vendiendo armas a países implicados en el conflicto de Yemen, que dura más de tres años y ha causado miles de víctimas en un país asolado por el cólera, la hambruna, con tres millones de personas desplazadas internas y más de 22 millones de personas que precisan de ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo saudí de Yemen. Y a pesar de esta situación, en 2017, España vendió armas a la coalición saudí por valor de 361 millones de euros, incluidos 270 millones a Arabia Saudí.
Entre tanto, el buque Bahri Hofuf llegaba a Santander hace unos días para supuestamente cargar bombas de Expal con destino Arabia Saudí o Emiratos Árabes como lleva haciendo desde octubre de 2016. Es muy posible que luego fuera a Motril a cargar más bombas y armas de artillería de Santa Bárbara, como ya ha hecho en otras tres ocasiones en 2018.