La PAC nació para conjurar el hambre en Europa. Cuando el embrión de la futura Unión Europea dio sus primeros pasos normativos en pos de la armonización de la convivencia en un continente desgarrado por las guerras, fue precisamente la Política Agraria Común uno de sus primeros y más audaces logros. Aquel pacto entre los europeos de las ciudades y el medio rural para aunar esfuerzos (e impuestos) en torno a un proyecto que garantizase alimentos sanos y asequibles, hoy se encuentra gripado por la sobreactuación y el desconocimiento sobre el que se asientan muchos de los reglamentos que se dictan hacia la producción agroganadera en los 27 países de la UE.
A sus 62 años, la PAC ha conseguido el consenso de todos los productores y productoras de alimentos desde Baviera hasta el Alentejo pasando por Galicia o Bretaña, de que así no podemos seguir. No podemos seguir subvencionando con nuestro trabajo y nuestra renta la cesta de la compra de una sociedad que cada vez parece más ajena a la realidad de los que trabajamos el campo y que solo ve el medio rural como la extensión de los jardines de las ciudades. La Política Agraria Común necesita reiniciarse desde los parámetros en que fue diseñada en el siglo pasado. Sin soberanía alimentaria europea, no hay Europa, al menos tal como la conocemos. Y la prueba del nueve la tenemos en la pandemia del Covid 19, ¿qué hubiese ocurrido si además de pelear en el mercado exterior por las mascarillas, también lo hiciésemos por el pan, los huevos o la leche?
Los productores necesitamos –como parece que se abre paso–, una flexibilización de las exigencias medioambientales de la nueva PAC, que tal como ha demostrado su primer año de aplicación en 2023, tiene graves desajustes entre la teoría de los reglamentos comunitarios y la práctica de la realidad en nuestras granjas.
Sin olvidar que, además, este primer año de la PAC ha coincidido en España y otros países europeos con una sequía histórica, que supone una muestra más del proceso acumulado de cambio climático, cuyos primeros afectados, somos los agricultores y ganaderos. En definitiva, la nueva PAC necesita ajustes, nadie debería sorprenderse por ello. La cuestión es abordarlos con urgencia. Y para ello, nuestra responsabilidad como organización representativa de la agricultura familiar en España es presionar a nuestro Gobierno y a todas y cada una de las Comunidades Autónomas para que las Administraciones y todos los partidos políticos, que negocian y deciden en el Parlamento Europeo, abran los ojos a la realidad y asuman las necesidades que les llegan desde el campo.
Nadie más que nosotros, y en Unións Agrarias-UPA nunca nos cansaremos de repetirlo, está interesado en avanzar en los objetivos que marca el Pacto Verde Europeo. Entre otras cosas, porque solo con un futuro de plena sostenibilidad con rentas dignas y relaciones equilibradas con los otros operadores de la cadena alimentaria será sostenible nuestra actividad. Pero ello debe ser compatible con adaptar las estrategias y los objetivos a la realidad.
Sin olvidar la necesidad de que la PAC garantice justicia y equilibrio en el trato a la agricultura propia con las exigencias a los productos que entran en los mercados europeos. Dejando claro que no hablamos de acabar con el comercio exterior –no podemos olvidar que España es un país exportador muy potente– sino de que todos respondamos a los mismos requisitos medioambientales, laborales y sociales, a través de “cláusulas espejo”.
Y, por último, también compartimos los argumentos básicos de las reivindicaciones escuchadas en Francia y Alemania cuando se habla de simplificación administrativa en las gestiones derivadas de la PAC. Estamos de acuerdo en que una excesiva complejidad burocrática es desesperante, lo vivimos a diario.
Con estas reivindicaciones, en UU.AA. desarrollamos una acción sindical de movilización permanente, con tractores en las calles y carreteras, con asambleas, y con mesas de diálogo en los despachos y las instituciones, negociando mejoras, proponiendo y consiguiendo soluciones.
Las organizaciones agrarias representativas en Galicia hemos decidido iniciar nuestras movilizaciones en unidad de acción el próximo día 20 de febrero para evitar un señalamiento partidista en el marco de una campaña electoral, porque entendemos que la solución a los problemas del sector primario debe partir de una amplia base de apoyo por las numerosas implicaciones que representa. Por ello, confiamos en atraer a la ciudadanía a nuestro camino, el que se inicia en cada una de nuestras explotaciones, en la labor de cada día con la tierra y el ganado, conviviendo con las inquietudes que van del clima a los mercados; pero con la fuerza que nos da el compromiso con nuestro trabajo y nuestro entorno.